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Organizaciones presentaron informe para el Examen Periódico Universal

   
ELA presentó, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, dos informes ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal de Argentina.

(Buenos Aires, 31 de marzo de 2017) – Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ELA presentó dos informes en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un procedimiento establecido para la supervisión de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU, en el que se evaluará la situación de Argentina en octubre de este año. Uno de los informes da cuenta de la situación de los derechos de las mujeres en Argentina en general y el otro se centra específicamente en el acceso al aborto en nuestro país.

El informe conjunto sobre acceso al aborto fue firmada 15 organizaciones: por Abogados Y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Asociación Católicas por el Derecho a Decidir- Argentina (CDD), Asociación Lola Mora, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de la Mujer (CEDEM), Centro Intercambio y servicios Cono Sur Córdoba (CISCSA), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-Argentina), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, Mujeres por Mujeres, Mujeres Autoconvocadas de Trelew, Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG).

Allí las organizaciones dan cuenta del marco legal vigente, las barreras de acceso al aborto legal y los efectos de la penalización de esta práctica. El documento señala que pese a su marco legal favorable al aborto en ciertas circunstancias, la realidad en Argentina se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido. En relación con la producción de informarción, las organizaciones afirman que no existe un registro de datos sobre Interrupción legal del embarazo: no se conoce el número de abortos legales realizados y tampoco existen indicadores de desempeño acerca de su provisión por el sistema de salud. “Estas falencias de registro tornan invisibles las grandes desigualdades e injusticias que caracterizan las condiciones de acceso al aborto legal a nivel sub-nacional y entre los subsistemas público y privado de salud del país”, denuncian. Por último, se formulan sugerencias de recomendaciones al Estado argentino para garantizar el derecho al acceso al aborto legal. Entre ellas las organizaciones promueven el diseño de campañas de difusión pública, la garantía de provisión y acceso a anticonceptivos, que se adopten las medidas necesarias para garantizar que los casos de aborto no punible sean realizados dentro del sistema de salud público y se promueva la discusión y posterior aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

El informe conjunto sobre los derechos de las mujeres en Argentina cuenta con las firmas de Abogados Y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Católicas por el Derecho a Decidir- Argentina (CDD), Asociación Lola Mora, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur (CICSA – AFM), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-Argentina), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Feministas en Acción, Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Siglo 21, Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y Observatorio de Violencia de Género (OVG).

En diferentes secciones, las organizaciones dan cuenta de las difultades en el acceso a la justicia para las mujeres; las prácticas discriminatorias y dañinas de funcionarios/as de la justicia que condenan a niñas a embarazos y maternidades forzadas o castigan a las mujeres que se animan a denunciar al padre abusador de sus hijas o hijos; la producción fraccionada, diversa y esporádica  de información que dificultando la elaboración de un diagnóstico para tener real dimensión de la incidencia y prevalencia de las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres; la insuficiencia de recursos de las oficinas que asisten a mujeres víctimas de trata; la necesidad de que los sindicatos cumplan el “cupo sindical femenino” y que el Congreso Nacional aprueba una ley de paridad de género para los cargos electivos; la falta de infraestructura educativa en muchas provincias y localidades del país asi como el del desmantelamiento de los equipos técnicos y las restricciones de importantes iniciativas como el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI); la persistencia de una injusta organización social del cuidado que condiciona el acceso al empleo de las mujeres y el desarrollo de su autonomía; las infinitas dificultades que afrontan las mujeres de diversos colectivos para acceder a políticas de salud sexual y procreación responsable. Por útimo, las organizaciones dan cuenta de la situación vivida por grupos de mujeres con desventajas como las migrantes, las privadas de libertad y las indígenas.

El EPU es un mecanismo de derechos humanos establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 60/251 de 15 de marzo de 2006), y que se encuentra a cargo del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. A través del EPU, son los propios Estados quienes examinan el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, cada cuatro años y medio. El Estado argentino ha sido examinado en dos oportunidades, en el año 2008 y en el 2012. En octubre de 2017, volverá a ser evaluado en este tercer ciclo del EPU.

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