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La absolución de Belén

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a Belén en una sentencia ejemplar en la que se señala la violencia institucional a la que fue sometida la joven.   

(Buenos Aires, 4 de abril de 2017) - El 23 de marzo pasado, la Sala en lo Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de “Belén”, la joven tucumana denunciada por sus médicos y detenida desde 2014 por sufrir un aborto espontáneo en un hospital, y que el Poder Judicial de la provincia persiguió como un homicidio agravado por el vínculo. 

Belén, que permaneció en prisión hasta el 20 de agosto de 2016, llegó en marzo de 2014 a un hospital público a buscar ayuda para proteger su salud, fue denunciada por los y las efectoras de la salud que la atendieron como “abortera”, y fue condenada por la Sala III de la Cámara Penal a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo en un proceso plagado de irregularidades, en el que las personas e instituciones que tienen la obligación de proteger a mujeres en su misma situación  violaron sus derechos sistemáticamente.

En ese sentido, la sentencia de la Corte que dejó sin efecto la condena hace un recorrido por las violaciones a sus derechos que sufrió Belén durante el proceso, comenzando por el trato que recibió en el hospital, la denuncia y la violación al secreto profesional de los y las profesionales de salud que la atendieron, y culminando en la sentencia dictada por la Cámara Penal, y no duda en considerarlas manifestaciones de violencia institucional.

El cuadro probatorio utilizado por la Sala III para condenar a Belén por homicidio agravado por el vínculo, sostiene la Corte, se construyó principalmente en base a testimonios brindados por las y los profesionales de salud que atendieron a Belén en violación del secreto profesional. Tanto en el hospital, luego del hecho, cuando la joven fue calificada como “abortante” frente a la policía, interrogada de forma invasiva y acusatoria, desprotegida frente a los exámenes policiales violatorios de su intimidad, como durante el proceso judicial, en el que la Cámara justificó la desprotección de Belén, y pretendió “relevar” a los y las efectoras de salud de su obligación del secreto profesional. Para la Corte, es claro que la ley obliga a los efectores de salud a guardar secreto profesional para proteger la intimidad, la privacidad y la esfera de reserva de la persona que busca asistencia para proteger su salud. Las y los médicos que tenían la obligación de asistir y proteger a Belén, aportaron datos esenciales para su imputación. Es el personal policial, o el de la Fiscalía de Instrucción, el que debe investigar y probar el hecho, no el personal médico, que está obligado a guardar secreto. Dicho estándar surge, además, de la jurisprudencia del plenario “Natividad Frías” y del caso “Baldivieso, Cesar Alejandro”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La sentencia de la Corte remarca una serie de inconsistencias probatorias que fueron sistemáticamente dejadas de lado tanto por la defensora oficial que representó a Belén hasta la condena, como por la Cámara Penal al dictar sentencia: acerca de la hora y el baño en el que fue encontrado el feto atribuido a Belén, el sexo y la edad gestacional del feto, la falta de comprobación de la causa de la muerte del feto sometido a autopsia, de la relación filial entre el feto y Belén, y la duda acerca de la existencia de un solo feto en las circunstancias del caso, y la identidad de el o los fetos autopsiados. Aquellas dudas e inconsistencias no fueron (aunque debieron ser) despejadas por la investigación, pero no impidieron que la Cámara tomase por cierta una versión de los hechos no suficientemente comprobada.  

Ni la violación del secreto profesional, ni el cuadro probatorio utilizado para acusar y condenar a Belén, que era además endeble para demostrar la existencia material de un homicidio (siempre negado por la joven, que siempre manifestó desconocer que estaba embarazada), fueron cuestionados por la defensa oficial de Belén, que además manifestó su condena “moral” contra ella. Tanto para la defensa ante la Corte, como para el Supremo Tribunal, se violó la garantía de defensa en juicio de Belén. Su versión de los hechos nunca fue tenida en cuenta por su primera defensora ni por la Cámara, que consideró que la defensa técnica había reconocido la materialidad y autoría del homicidio, y la utilizó para justificar la condena a la joven, en lugar de asignarle una defensa adecuada, favorable a sus intereses, asegurando el cumplimiento de las garantías del debido proceso y defensa en juicio.

El caso de Belén, que demuestra hasta qué punto el cuerpo de las mujeres es, en ocasiones, considerado por las instituciones como nada más que un recipiente, movilizó a multitudes de mujeres, lesbianas, trans y travestis en torno a la lucha por el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos y la descriminalización del aborto. Esperamos que esta sentencia siente las bases para que casos como los de Belén no se vuelvan a repetir, y para que el Estado, los tribunales y los hospitales comiencen a cambiar las prácticas que perpetua la cultura de violencia institucional y maltrato contra las mujeres que acuden a los servicios de salud para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.


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