En el marco del 25 de noviembre organizaciones de la sociedad civil y activistas se reunieron para debatir los principales ejes de una política para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. El intercambio permitió tener una noción de los puntos centrales de la agenda futura en materia de violencia.

(Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015) - Con motivo del 25 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil y activistas convocamos a una reunión para debatir sobre algunos ejes centrales que creemos debería incluir una política para la prevención, sanción y erradicación de la violencia.  La actividad, realizada en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convocó a un centenar de mujeres y algunos varones.

Maia Krichevsky, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género fue la responsable de dar la bienvenida a las y los asistentes. Diana Maffia, activista feminista, titular del Observatorio de Género de la Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la primera expositora de la mañana. “Las mujeres son consideradas propiedad privada y colectiva”, afirmó Maffia y definió a la violencia como individual, social y estructural. Por eso motivo, los remedios deben darse en esas tres dimensiones. En miras al próximo cambio de gobierno, Maffia señaló la importancia de la jerarquización del actual Consejo Nacional de las Mujeres, el órgano ejecutor de la ley 26.485 de protección integral de las mujeres.

En sus intervenciones, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, Fabiana Tuñez, directora de La Casa del Encuentro y Laurana Malacalza, del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires repasaron algunos elementos fundamentales para la construcción de un diagnóstico sobre las diversas formas de violencia, a partir del cual se podrá elaborar un Plan Integral de Acción. Gherardi señaló que la información recogida por algunos organismos indica que hay una cantidad creciente de denuncias pero “lo que nunca sabemos es cuál es la base de la pirámide: la cantidad de mujeres que sufren distintas formas de violencia a lo largo de sus vidas”. En este sentido, afirmó que de acuerdo a los datos de una encuesta reciente realizada en el  área Metropolitana de Buenos Aires, una de cada dos mujeres manifiesta que ha sufrido violencia psicológica por parte de una pareja actual o pasada, alguna vez a lo largo de su vida, y el 20% señala que ha sufrido violencia física. Sin embargo, la encuesta señala que el 75% de las mujeres en situación de violencia nunca buscaron ayudan. “Para entender estas brechas entre las mujeres que sufren violencia y aquellas que buscan ayuda, es que necesitamos contar con una encuesta nacional periódica, además de estudios cualitativos que ayuden a iluminar algunas problemáticas particulares y disicriminaciones múltiples”. Para Tuñez es “fundamental” la acción del Plan Nacional de violencia contra las mujeres  ya que “las políticas asistenciales no sirven, tienen que ser políticas activias”. La referente de La Casa del Encuentro señaló también la importancia de fortalecer educativa y económicamente a las mujeres en situación de violencia. Malacalza se refirió a la situación de la Provincia de Buenos Aires y confirmó el aumento de las denuncias que entre 2010 y 2014 se duplicaron. Para la especialista, la mayor preocupación la constituyen “la enorme carencia de juzgados de familia en la provincia de Buenos Aires y la falta de patrocinio jurídico para las víctimas”.

Para dar cuenta de la interseccionalidad de la violencia y las discriminaciones múltiples hablaron Lohana Berkins, activista y responsable de Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; Gabriela Pombo de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF); Verónica González Bonet en representación de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); Gisela Grunin, integrante de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Paola García Rey de Amnistía Internacional Argentina y Martha Rosenberg, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A partir de estas intervenciones se abordaron distintos aspectos que es imprescindible considerar en un Plan Integral de Acción.

Las dificultades para la coordinación interinstitucional entre aquellos organismos dedicados a abordar las violencias desde diversas perspectivas impacta en la calidad de la atención que reciben las mujeres que deciden plantear denuncias o que buscan asistencia.  En ese sentido, Monique Altschul, Viviana Devoto y Pamela Martín García de Mujeres en Igualdad (MEI)  hablaron acerca de las dificultades derivadas de la falta de coordinación entre las instituciones en la experiencia de zonas del Gran Buenos Aires. Mientras que Daniela Fagioli y Mirna, de Mujeres en Lucha - Confluencia Movimiento Popular La Dignidad / Movimiento TUPAJ KATARI expusieron sobre los obstáculos y límites de las políticas públicas de género en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, describiendo el trabajo que hacen desde las organizaciones sociales para cubrir esos vacíos.

La implementación de las políticas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia debe permitir la participación de la sociedad civil, su monitoreo y evaluación periódica. En este sentido, Cecilia Lavena de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se expresó acerca de la transparencia, el acceso a la información y el monitoreo en la aplicación de las políticas públicas, que también deben ser ejes fundamentales de una política integral. Por último, María Emilia Mamberti de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Raquel Vivanco, Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se centraron en la necesidad de contar con formas adecuadas para reflejar las partidas presupuestarias y permitir su monitoreo. Tal como mencionó Vivanco, el presupuesto “es una forma de dar cuenta la prioridad del gobierno sobre las políticas públicas”.

Al momento de cerrar la actividad se acordó la redacción de un documento breve elaborado a partir de las intervenciones citadas y las de quienes tomaron la palabra durante los espacios de debate e intercambio luego de cada bloque. El objetivo es que este documento contemple los puntos centrales para una política integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y pueda ser enviado a las nuevas autoridades estatales.