Más de un centenar de personas participaron de las Jornadas de Trabajo que ELA, CAREF, MEI y la Fundación Siglo 21 organizaron en Buenos Aires en el marco del proyecto Cerrando brechas para erradicar la violencia contra las mujeres.

 (Buenos Aires, 25 de abril de 2016) – Los días 21 y 22 de abril tuvieron lugar, en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, las Jornadas de Trabajo Cerrando brechas: aportes para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres organizadas por las organizaciones ELA, CAREF, MEI y Fundación Siglo 21 (Jujuy). La actividad se realizó en el marco del proyecto que dichas organizaciones llevan adelante junto a los municipios de San Pedro de Jujuy y Fontana (Chaco) con el apoyo de la Unión Europea. El objetivo de las Jornadas, a las que asistieron un centenar de personas, fue compartir los principales hallazgos de las investigaciones que se llevaron adelante como parte del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres en distintas jurisdicciones de la Argentina, en relación con los desafíos para el acceso a la justicia de las niñas y mujeres víctimas de violencia.

El Embajador de la Unión Europea en Argentina, José Ignacio Salafranca, fue el responsable de dar la bienvenida a las y los asistentes. El jefe de la delegación definió la violencia de género como “una discriminación odiosa y un atentado a los derechos” y específicó que enla Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia. Salafranca comentó: “Desde la Unión Europea nos hemos tomado muy en serio todo lo que está relacionado con la discriminación sexual y la violencia de género. Por este motivo favorecemos y apoyamos iniciativas que luchan contra este tipo de violencia”.  

A continuación Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, presentó el proyecto Cerrando brechas y de los principales resultados de las encuestas de percepción sobre violencia contra las mujeres que se realizaron en las provincias de Jujuy y Chaco, aportando los primeros datos de su tipo en esas jurisdicciones. “En esta iniciativa nos propusimos generar información que permita diseñar mejores políticas, al mismo tiempo que involucrar a nuevos actores. No podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo porque no es suficiente”, afirmó Gherardi y señaló que si bien hay más conciencia y denuncias, todavía es muy fuerte la idea de que la violencia es un asunto privado. En relación con las encuestas realizadas en Jujuy y Chaco, la mitad de las personas consultadas dijeron conocer directamente a alguien que había sufrido violencia en el último año. También un 50% sostuvo que hay que intervenir en un caso de violencia en la pareja, pero un 20/25% cree que sólo hay que hacerlo si la víctima es una persona cercana. Una señal de alarma es que dos de cada 10 personas cree que la violencia contra las mujeres se justifica en caso de infidelidad. Gherardi también comentó que solo algunas formas de violencia son visibles (por ejemplo, la violencia económica es reconocida en mayor medida por mujeres de más de 50 años y que conviven con sus hijos/as) y que las políticas públicas para enfrentarlas de un modo integral continúan siendo escasas.

Análisis de las violencias en distintos colectivos de mujeres

La actividad se organizó en diversas mesas que focalizaron el análisis en ciertos temas de particular relevancia.  En la mesa sobre violencia contra mujeres migrantes Paola Cyment y Gabriela Pombo (CAREF) presentaron su investigación sobre el acceso a la justicia de las mujeres migrantes en la zona sur del Gran Buenos Aires.  Luego, Lucía Martelotte (ELA) y Laura Paredes (CAREF) presentaron la indagación sobre las cadenas globales de cuidado y su relación con la violencia contra las mujeres. Gabriela Fernández (Jefa de la oficina de OIM Argentina), Reina Torres (Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses) y Verónica Jaramillo (UNLa - CONICET) fueron las comentaristas invitadas. Cyment y Pombo comentaron que la denuncia se presenta como un punto de llegada y no un punto de partida para un proceso que hay que sostener en el tiempo: “En esa necesidad de sostener un proceso judicial hay algo que es muy facilitador que es el acompañamiento de otras mujeres, organizaciones,compañeras.”, afirmaron. Por su parte, Martelotte y Paredes señalaron que en las historias de vida de las mujeres entrevistadas para su estudio sobre cadenas globales de cuidado, la violencia estaba presente al momento de tomar la decisión migratoria, aunque la mayoría justificaba en primera medida la decisión de migrar por motivos económicos. Las investigadoras también encontraron que todas las mujeres tuvieron dificultades para insertarse laboralmente en nuestro país e incluso algunas, como las dominicanas, para radicarse. “Esto implicó mayor vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, la migración habilitó un proceso de empoderamiento de estas mujeres”, aseguraron.

En la siguiente mesa dedicada a la violencia contra las mujeres indígenas en Jujuy, Maia Krichevsky y Cecilia Gebruers (ELA) hicieron hincapié en los relatos de resistencia y estrategias comunitarias de las mujeres con quienes trabajaron junto al Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) en un proceso sostenido a lo largo de diversos encuentros. Antes que nada, señalaron la necesidad de comprender los procesos de agenciamiento y la forma en que dialogan en procesos de empoderamiento, así como también respetar la identidad colectiva de las mujeres indígenas y su organización comunitaria. El enfoque interseccional fue para las investigadoras “un punto de partida y un punto de llegada, como una forma para proponer el diseño de políticas públicas integrales contra todas las formas de violencia”. Mariana Gómez (CONICET) y Silvina Ramírez (UBA) participaron de la mesa como comentaristas. Para Gómez, uno de los desafíos es ver qué estrategias y qué mecanismos colectivos y comunitarios fueron encontrando para resolver la violencia sin la justicia estatal, recurriendo a la justicia comunitaria.  En este sentido, Ramírez propuso analizar la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de un sistema comunitario de derechos, para lo cual es necesario contar con abogados/as que trabajen en terreno.

En la última mesa del primer día de las Jornadas, Pamela Martín García expuso sobre la violencia institucional en el área salud, trazando las líneas comunes halladas en las investigaciones que se hicieron en las experiencias de Gran Buenos Aires, Jujuy y Chaco. Entre las dificultades de acceso en todas las jurisdicciones, Martín García mencionó la falta de equipos interdisciplinarios de atención en los espacios de salud y las dificultades para la coordinación interinstitucional, además de la ausencia de protocolos de atención que sea efectivamente conocidos y aplicados por los efectores de salud. Oficiaron de comentaristas Radha Vega (Mujeres TEA) y Verónica González (REDI), quien comentó que para los médicos, las personas con discapacidad son “enfermos eternos”, ya que no pueden curarles de la discapacidad. El ejercicio de los derechos, el ejercicio de la sexualidad la salud, está atravesado por un gran prejuicio que es considerar que la persona con discapacidad no es una persona. “El ejercicio de los derechos, de la sexualidad y la salud, están atravesados por un gran prejuicio que es considerar que la persona con discapacidad no es una persona”, afirmó González. En esa línea, los datos del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aportados por Analía Carrillo muestran la violencia obstétrica de la que son objeto las mujeres por parte de los servicios de salud.

Políticas públicas para erradicar las violencias

El segundo día de las Jornadas comenzó con la mesa sobre los abordajes de las violencias desde los gobiernos locales, en la cual Monique Altschul y Fabiana Bellini (MEI) comentaron la experiencia en Vicente López y destacaron la falta de comunicación entre Justicia de Familia y Justicia Penal. Por su parte, Marcia Baranovsky (Fundación Siglo 21) expuso sobre la experiencia de San Pedro de Jujuy, donde hay una gran desproporción entre los servicios y recursos que tienen para atender la población que tienen que servir. Cecilia Baroni (Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia) compartió el trabajo del municipio en Fontana, donde señaló que hay buena disposición en la secretaria de salud y sensibilidad social pero con poca capacitación de género. De hecho, la falta de capacitación y de recursos son obstáculos identificados en todas las localidades. Luciana Ruiz, directora de Género y Diversidad Sexual del municipio de Pilar participó como comentarista, quien coincidió en la identificación de los principales obstáculos. Para Ruiz, es necesario crear áreas específicas que articulen con los diferentes actores, pero también es de suma importancia lograr que estos temas sean transversales a todo el Municipio: “Creemos que la transversalización es la política de prevención y promoción” que debemos seguir, afirmó.

Lucía Martelotte (ELA) fue la responsable de presentar la mesa sobre violencia y acoso político contra las mujeres, en la que expusieron la diputada nacional Carla Carrizo y Raquel Asensio, Coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, quienes dieron cuenta de las experiencias de mujeres en la política parlamentaria y en la Justicia, respectivamente. Carrizo afirmó que “cada etapa de las carreras políticas femeninas tiene violencia” y señaló las dificultades para impulsar los debates que piden cambiar el cupo del 30 al 50%: “Si tenemos que luchar por la paridad es porque todavía tenemos que explicar que somos iguales”. Carrizo también opinó que en la Argentina no existe la carrera parlamentaria para las mujeres y que la lucha no se detiene ni al llegar a las listas ni al obtener una banca. “Las mujeres tenemos que luchar para hablar. La palabra es el primer recurso del poder”, definió luego de  denunciar las dificultades que deben superar las mujeres para hablar en el recinto y también para que los medios de comunicación las consulten como fuentes como hacen con sus pares varones. Por su parte Raquel Asensio señaló la falta de inclusión de la perspectiva de género en el derecho en general, donde no se aceptan las necesidades de las mujeres y se reproducen estereotipos: “Cuando  (los operadores de justicia) desconfían del testimonio de una mujer lo que están diciendo es que desconfían de las mujeres en general. Reproducen las formas de control social”.  Asensio también comentó las dificultades de las mujeres para llegar a puestos de decisión dentro del Poder Judicial. La línea de pensamiento que castiga a la mujer cuando se aparte del rol tradicional se reproduce cuando las mujeres pretenden obtener cargos jerárquicos: “Querer ocupar lugares de poder es una actitud subversiva de las mujeres”, afirmó.

La última mesa abordó un tema que fue central durante 2015 en la agenda feminista: la construcción del Plan Nacional de Acción, que todavía está pendiente. Heidi Canzobre del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) expuso sobre el trabajo que están llevando adelante a través de distintas líneas de acción desde el CNM, ahora a cargo de Fabiana Tuñez. Laurana Malacalza, del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires comenzó su exposición diciendo que frente a una nueva gestión aparecen nuevos desafíos y viejos reclamos. Entre las preocupaciones que mantienen desde el organismo, Malacalza mencionó la necesidad de reconocer y valorar desde la provincia las experiencias locales, así como también fomentar la conformación interministerial de la mesa provincial. En relación con los registros explicó que hay problemas de disputas entre los organismos que los llevan a cabo pero además se precisa saber para qué sirven los registros, quién los usa y cómo. Por último, Malacalza mencionó la preocupación en relación con los refugios. “Pedimos al CNM que den lineamientos de atención. A veces (los municipios) les dan subsidios (a ONG u otras instituciones) pero no hay auditorias sobre cómo trabajan, cómo gastan el dinero ni las condiciones edilicias de los refugios. Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) aportó al debate desde la mirada de las organizaciones sociales. Vivanco hizo hincapié, entre otras cuestiones, en la urgencia de acceder a la información pública y de contar con presupuesto: “Los presupuestos hablan de las prioridades de los gobiernos”, afirmó. También mencionó la necesidad de pensar otras estrategias para proteger a las mujeres en situación de violencia. “El botón antipánico no está demostrando ser solución. Hay que pensar que otras medidas pueden ser impulsadas. Hacer a las mujeres responsables de su propio cuidado ya no va más”, opinó Vivanco.  

Las jornadas finalizaron con las intervenciones de algunas de las asistentes. La sensación general, que expresada en palabras por muchas de las que tomaron la palabra, es que queda mucho por hacer, aunque las herramientas están. El Estado debe comprometerse a erradicar la violencia contra las mujeres y la sociedad civil ocupa un rol fundamental en esta lucha.