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A dos meses de la finalización del mandato de quien fuera la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, las organizaciones que forman parte del proyecto “Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres" manifiestan su preocupación por la situación irregular en la que se encuentra el organismo, una pieza clave en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. (Buenos Aires, 16 de enero de 2017) – En una nota pública difundida el 11 de noviembre pasado, Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación, dio cuenta de la finalización de su mandato y la condición de acefalía en la que quedaba el organismo ya que no se había resuelto todavía la designación de quien tomaría su lugar. En respuesta a las demandas de las directoras, directores y trabajadores del organismo, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización dispuso el 29 de noviembre de 2016 delegar las funciones administrativas y operativas en la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, María José Guembe, hasta tanto se designe un/a nuevo/a Defensor/a del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Transcurridos dos meses, parece no haber novedades acerca de quién ocupará ese cargo y es importante hacer notar con preocupación esta situación irregular ya que se trata de un organismo clave en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. De acuerdo a lo establecido en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual , la elección del Defensor del Público está a cargo del Congreso Nacional que no trató este tema en sus sesiones extraordinarias del mes de diciembre. El decreto más reciente (1340/2016) vinculado con los servicios de comunicación audiovisual no se refiere a la figura del Defensor. Las organizaciones que llevamos adelante el proyecto “Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres”, con apoyo de la Unión Europea, promovemos políticas que contribuyan a acortar las grandes distancias que suele haber en nuestro país entre la letra de la ley y la realidad, en particular en lo que se refiere a la garantía de derechos. Consideramos que el trabajo de la Defensoría en sus cuatro años de existencia contribuyó a cerrar esas brechas existentes en materia de violencia mediática y simbólica. Por lo tanto, la acefalía de este organismo sin duda constituye una deuda importante del gobierno en materia de derechos de las mujeres de cara al año que comienza. En la vinculación entre medios y derechos de las mujeres, el 2009 fue sin dudas un año de avances en materia legislativa. Por un lado, la Ley 26.485 incluyó entre sus definiciones a la violencia simbólica y entre las modalidades la violencia mediática. Por el otro, se sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que tiene entre sus objetivos “promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”. En este contexto, consideramos de suma importancia el trabajo de la Defensoría para promover los derechos de las mujeres tales como la instancia de recepción de denuncias por parte de las audiencias; las reuniones con medios y productoras en clave pedagógica para impulsar la producción de contenidos no estereotipados e inclusivos desde una perspectiva de género; el impulso de iniciativas como la declaración (junto a la AFSCA, el INADI y el CNM) del 2014 como Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales, en el marco del cual se realizaron múltiples actividades involucrando y trabajando en conjunto con la sociedad civil, las universidades y otros espacios, dando lugar a la pluralidad de opiniones en pos de contenidos audiovisuales respetuosos de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. Consideramos que este es un abordaje de largo plazo que, si es aplicado en forma sostenida y sistemática, podría contribuir a la transformación de una práctica mediática generalmente complaciente con las diversas manifestaciones de la violencia de género. Miles de personas se movilizaron bajo las consignas #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos para dar cuenta de su rechazo a los femicidios. Sin embargo, éstos son apenas la punta del iceberg que es sostenido por otras manifestaciones más sútiles de la violencia tales como pueden ser la mediática y la simbólica. Si queremos erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, necesitamos un Estado que cumpla los compromisos asumidos en instancias internacionales. En particular, se necesita el trabajo de organismos como la Defensoría del Público, comprometidos con los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, dispuestos a cerrar esas brechas entre la letra de la ley y la vida de las personas. El proyecto “Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres”, cuenta con el apoyo de la Unión Europea, y es llevado adelante por las organizaciones ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados), MEI (Mujeres en Igualdad) y Fundación Siglo 21.
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