Presentamos la segunda parte del proyecto Cerrando Brechas
ELA, CAREF, MEI y la Fundación Siglo 21 realizaron una jornada para dialogar y debatir sobre violencias que ocupan un rol secundario en la agenda pública, con motivo del lanzamiento de la segunda parte del proyecto Cerrando Brechas.
(Buenos Aires, 10 de abril de 2019) – En el marco del lanzamiento del proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad, las organizaciones de la sociedad civil responsables de la acción realizaron ayer la jornada de diálogo Otras violencias en debate. La actividad contó con la asistencia de más de 80 personas.
Esta segunda parte del proyecto Cerrando Brechas será desarrollada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21 de Jujuy con el apoyo financiero de la Unión Europea.
La bienvenida estuvo a cargo de Aude Mao-Coliche, embajadora de la Unión Europea en Argentina, y Monique Altschul, directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI). Altschul afirmó que el lanzamiento de la segunda parte de Cerrando Brechas tiene el objetivo de trabajar sobre otras modalidades de violencias contra las mujeres que no están tan visibilizadas en la agenda pública, como la violencia obstétrica, la laboral, la violencia en el ámbito político, y la que se produce en espacios educativos, y que busca establecer políticas públicas para erradicar las violencias. “El contacto con la academia nos permitirá pensar en el porqué de las violencias, incluso con académicas a veces enfrentadas, como Diana Maffía, Rita Segato y Marcela Lagarde, que abordan distintos aspectos de las violencias contra las mujeres desde diversos enfoques, explicó y agregó: “Una de las grandes riquezas de Cerrado Brechas consiste en compartir saberes, experiencias entre diversas actoras”. Por su parte, la Embajadora comentó: “Desde la Unión Europea hay un compromiso para lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres en el mundo, y constituye un objetivo transversal de su política exterior. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, al empoderamiento económico y a la participación política, son sus grandes ejes de trabajo, tanto adentro como afuera de la Unión Europea”.
A continuación se dio inicio al diálogo con el objetivo de enmarcar otras violencias en debate. La dinámica del encuentro se desarrolló de la siguiente manera: distintas integrantes de las organizaciones que trabajan en Cerrando Brechas recuperaron lo trabajado en la primera parte del proyecto y pusieron en contexto los temas a abordar. Sus voces fueron complementadas con las exposiciones de expertas u organizaciones de amplia trayectoria de trabajo en estos temas, para dar luego paso al intercambio con el resto de las personas presentes.
Así, Laura Paredes (CAREF) y Reina Torres (Centro Integral Marcelina Meneses) hablaron sobre mujeres migrantes; Verónica Aramayo (Fundación Siglo 21) y Carmen Storani (Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires), de violencia obstétrica; Natalia Gherardi (ELA) y Javier Cicciaro (OIT Argentina) sobre violencia laboral; Nayla Procopio (RedNac-FEIM) y María Fernanda Miguel (UNTREF) de violencia en espacios educativos; mientras que Lucía Martelotte (ELA) y María Inés Tula (Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y CONICET) abordaron la violencia política contra las mujeres.
Laura Paredes comentó en su exposición que en la actualidad “nos encontramos en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, que afecta las diferentes esferas de las migrantes en Argentina, en lo que respecta a su acceso a derechos básicos como salud, educación, documentación, justicia”. Por su parte Reina Torres destacó la necesidad de seguir trabajando para que las mujeres migrantes puedan acceder a la información necesaria y reclamar por sus derechos: “La mayoría no tenían ni primario ni secundario obligatorio, no saben leer, no es cuestión de darles un papelito, hay que hablarles. Hay una ley de parto respetado, está la ESI pero no se cumple en todas partes, y no llega a los barrios. Algunas mujeres no tienen acceso a eso, no pueden ir a un hospital y pedir información, también tienen miedo si no tienen los papeles en regla”, explicó.
Verónica Aramayo presentó el contexto en Jujuy en relación con la violencia obstétrica: “En la provincia se habla poco del tema y hay dificultades para ver a estos tipos de violencia como tales. En lo que hace a la salud pública, en entrevistas con personal de instituciones de salud, detectamos que hay escasa información sobre los derechos de las mujeres en lo que hace a violencia obstétrica”. Carmen Storani relató a su vez el trabajo que están llevando adelante desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires: “Realizamos capacitaciones que se organizan para llegar de otra forma, no solamente desde el expediente administrativo. La idea es trabajar al interior de cada institución provincial” y agregó: “la naturalización de la violencia hace que en el sector público cueste mucho que agentes de salud internalicen o entiendan que hay situaciones que efectivamente constituyen violencia”.
Natalia Gherardi comentó que en la primera parte del proyecto Cerrando Brechas se trabajó en el vínculo de la violencia doméstica con el ámbito del empleo, generando lineamientos acerca de cómo los espacios de trabajo deben y pueden acompañar a las trabajadoras que se encuentren en esta situación. “Ahora queremos trabajar sobre la violencia al interior del empleo. Se convive con esa violencia que está naturalizada, por eso hay que transformar las prácticas cotidianas”, comentó. Javier Cicciaro se refirió al escenario de oportunidad del proyecto en relación con este tema: “En junio en la Conferencia de la OIT se presentará un convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, el primer instrumento normativo internacional sobre este tema. Si bien ya se abordó en recomendaciones o convenios, no hay un instrumento normativo específico sobre violencia y acoso que priorice la violencia de género”.
En relación a la violencia en los espacios educativos, Nayla Procopio señaló: “A las estudiantes se nos revictimizó por los escraches. Fue la primera medida, tal vez punitivista, pero las redes sociales son parte de los espacios que compartimos. Pero además les estudiantes armaron redes de denuncia, de contención, para sostener, y espacios para repensarse. Abordaron los estereotipos, las masculinidades, las masculinidades tóxicas. La mirada adulta fue la que obstaculizó estos procesos”, y agregó: “Se reclama respuesta institucional pero en espacios de diálogo y construcción colectiva. Creemos firmemente en el poder de les estudiantes”. La UNTREF es una de las universidades que tiene protocolo para actuar en casos de violencia de género y María Fernanda Miguel explicó cómo fue el proceso: “Surge por una necesidad concreta. Nos pusimos a investigar sobre protocolos en otras universidades. No queríamos que quedara solo en la norma”. Para Miguel uno de los desafíos es cumplir con la confidencialidad por tratarse de una universidad chica y con la inmediatez que requieren algunas respuestas. “También es muy difícil la difusión para quién no puede identificar que está en una situación de violencia o la naturaliza hace mucho tiempo. Tenemos que llegar también a ellas”, opinó.
La directora ejecutiva adjunta de ELA, Lucía Martelotte, presentó los resultados de la primera investigación con datos empíricos sobre la violencia política contra las mujeres, una modalidad de violencia “muy extendida pero poco abordada”, que “nos permite estudiar distintas dimensiones de la autonomía y entender por qué tenemos dificultades para participar en la política”. María Inés Tula, del Instituto Gino Germani de la UBA y CONICET especificó que “hay dos indicadores que permitirían identificar precariamente la violencia política para medirla”, basados en la Corte IDH y el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y violencia: primero “detectar la violencia dirigida por ser mujer, es decir identificar elementos que indiquen que la violencia está dirigida a la mujer por el hecho de serlo” y en segundo lugar que “el impacto tiene que ser diferente comparado con los varones o que tiene que tener un trato desproporcionado con respecto a los varones”. Tula remarcó la necesidad de prevenir, difundir, visibilizar y capacitar al electorado, los partidos políticos, los medios de comunicación y la justicia electoral. “Estos actores tienen que tener presente qué es violencia política de género en elecciones y actos de gobierno. También es importante exigir algún tipo de sanción para poder detectar la violencia, porque si no hay sanción hay impunidad”, explicó y agregó: “A mayor violencia hay menos derechos y libertades de las mujeres”.
Luego de las presentaciones, se abrió un espacio de diálogo en el que las asistentes sumaron sus voces brindando información adicional, ejemplos de acciones que están impulsando desde sus espacios, y aportando propuestas conceptuales y de políticas concretas. La jornada contribuyó a visibilizar otros tipos de violencias, y a establecer lazos de colaboración y articulación entre diferentes actores.
Natalia Gherardi cerró la jornada agradeciendo a la presentes y destacando que todas las personas “somos responsables y participes” del cambio cultural que se busca lograr para erradicar las violencias. La directora ejecutiva de ELA señaló: “Sin dejar de reconocer que es una función indelegable del Estado la formulación y ejecución de políticas públicas, desde la sociedad civil tenemos la posibilidad de contribuir desde nuestro lugar al cambio cultural”.
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