Organizaciones de la sociedad civil presentamos al MMGyD recomendaciones para el nuevo Plan Nacional de Acción contra las violencias
En el documento presentamos aportes para delinear un enfoque integral e interseccional orientado a fortalecer las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas y para fortalecer las autonomías de mujeres y diversidades. El 3er PNA abarcará los años 2022 a 2024.

(Buenos Aires, 23 de junio de 2022) – Las organizaciones que formamos parte del proyecto Cerrando Brechas II que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, presentamos un documento al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) con recomendaciones para la formulación del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (PNA) para el período 2022-2024. Para la elaboración de este documento se tuvieron en cuenta las investigaciones y trabajo realizados por ELA, CAREF, Fundación Mujeres en Igualdad, la Fundación Siglo 21 y FEIM en el marco del proyecto Cerrando Brechas, así como una mirada crítica sobre la información presentada por el MMGyD en el informe de resultados del PNA 2020-2022. 

En primer lugar, acercamos una serie de recomendaciones para delinear un enfoque integral e interseccional orientado a fortalecer las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas que configuran el contexto macro en el que las medidas para abordar las violencias deberán ser implementadas. En segundo lugar, elaboramos recomendaciones con el objetivo de fortalecer las distintas dimensiones de las autonomías de mujeres y diversidades.

Con respecto al abordaje macro destacamos los siguientes puntos: 

  • Alcance federal de las políticas y programas: Llamamos a tener en cuenta la disparidad de recursos humanos, de infraestructura y presupuestario en la totalidad del territorio argentino. Dentro de las recomendaciones, destacamos que para garantizar el alcance de los programas se deben evaluar las condiciones y necesidades para su puesta en acción, fortaleciendo a los equipos interdisciplinarios que, trabajando en los territorios, asumirán la responsabilidad de la implementación efectiva de los programas. Los gobiernos provinciales y municipales deben contar con recursos suficientes y las provincias deben contar con presupuestos con perspectiva de género,  estableciendo mecanismos para el monitoreo de la ejecución de las medidas.  
  • Interseccionalidad efectiva: Alertamos sobre la necesidad de incorporar a mujeres de toda la diversidad y LGTBIQ+ en puestos de toma de decisión y no limitar su participar en áreas específicas. Dentro de las recomendaciones, destacamos que el enfoque interseccional debe ser transversal a todo el proceso de formulación e implementación del PNA, desde el diagnóstico del que se parte al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cada acción. La estrategia de comunicación de las medidas debe tener en cuenta esta diversidad, ser accesible y de alcance en los diversos territorios sin descansar exclusivamente en la tecnología y en las redes sociales como medio de difusión y acercamiento al conocimiento de los derechos. 
  • Articulaciones con la sociedad civil: Convocamos a fortalecer la articulación entre Estado y sociedad civil. El diálogo fluido entre los distintos actores que trabajan temas de violencia permite contar con mayor conocimiento sobre las necesidades y estrategias exitosas. Dentro de las recomendaciones, consideramos como buenas prácticas convocar a mesas de trabajo con organizaciones especializadas sin limitarse a las organizaciones con las que pueda haber afinidad político partidaria. Es necesario ampliar las acciones de acompañamiento técnico y con recursos a las organizaciones territoriales, así como mejorar la estrategia de difusión de las medidas y programas del PNA. 
  • Acceso a la justicia con enfoque de género e interseccionalidad: Insistimos en que el acompañamiento jurídico que se brinda desde distintas instituciones es importante pero no reemplaza la necesidad de garantizar el patrocinio jurídico gratuito a quienes sufren violencia. Dentro de las recomendaciones, destacamos que se debe articular con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, con el Ministerio Público y el Poder Judicial en todo el país para promover intervenciones desde una perspectiva de géneros y diversidad,  incorporar la perspectiva de género interseccional en decisiones judiciales y condenas, fortalecer, ampliar y evaluar el impacto de las capacitaciones a actores estatales y de toma de decisiones.
  • Construcción de estadísticas interseccionales y evaluación de resultados: Llamamos a que se mejore la comunicación y difusión de la información pública sobre las medidas y los impactos alcanzados para que ésta sea más accesible y efectiva en su llegada. Dentro de las recomendaciones, destacamos que es imprescindible difundir la encuesta nacional de prevalencia e incidencia de las violencias contra las mujeres (realizada en el marco de la Iniciativa Spotlight en 12 provincias del país) que aún se encuentra pendiente de publicación. Además, recomendamos articular con el INDEC para  la futura implementación periódica y difusión pública de una encuesta representativa a nivel federal y comparable a nivel regional. También es  preciso relevar todas las formas de violencia: adecuar los registros administrativos e implementar y brindar acceso público a los datos que se relevan en el marco del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE). Por último, todos los programas y capacitaciones a trabajadoras/es del Estado deben contar con acciones para monitorear y evaluar su funcionamiento e impacto. 

Por otro lado, elaboramos una serie de lineamientos para abordar los desafíos con respecto a las distintas dimensiones de la autonomía de las mujeres en toda su diversidad y LGTBIQ+ : 

  • Para la autonomía física, considerando las condiciones necesarias para una vida libre de todas las formas de violencia por razones de género con pleno goce de todos los derechos sin importar género, clase, etnia, grado de discapacidad o estatus migratorio,. Enfatizamos la urgencia de garantizar el acceso a la justicia y la efectiva implementación de políticas de prevención, atención y protección respecto de todas las formas de violencias por razones de género.
  • Para la autonomía económica, considerando el acceso a empleo de calidad, estable y sin violencias como condición indispensable para romper los ciclos de violencia.  Nos focalizamos en acciones de cumplimiento y monitoreo del convenio 190, el acceso a capacitaciones profesionales y técnicas, acceso a la protección social y un sistema integral de cuidados.
  • Para la autonomía en la toma de decisiones, considerando la libertad y posibilidad real de incidir en los distintos ámbitos de la vida social. Revisamos los obstáculos normativos y estructurales para la participación social y política, así como el acceso a la información y servicios de atención referente a los derechos de las mujeres y diversidades. 
  • Para la transformación cultural, considerando la necesidad de deconstruir las prácticas que invisibilizan, legitiman y reproducen las violencias en todos los ámbitos sociales. Trabajamos en estrategias para desnaturalizar las distintas modalidades y tipos de violencias, las discriminaciones por razones de género, edad, etnia, nacionalidad, por situación de discapacidad, entre otras.

Como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la agenda por la igualdad esperamos que estos aportes ayuden a la construcción del nuevo PNA 2022-2024, con el compromiso que compartimos de trabajar por una sociedad equitativa  y libre de violencias por motivos de género.    

 

Descargá el documento con las recomendaciones
 


Para contactar al proyecto Cerrando Brechas, podés escribir a: comunicacion@ela.org.ar