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Haydée Birgin y Beatriz Kohen (compiladoras) Víctor Abramovich |
| Presentación |
| Introducción. El acceso a la justicia como derecho, |
| por Haydée Birgin y Beatriz Kohen |
| La reforma judicial, |
| por Alejandro Garro |
| El acceso a la justicia de los sectores en desventaja económica y social, |
| por Mariano Fernández Valle |
| Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política, |
| por Víctor Abramovich |
| Acerca de las implicancias sociales y políticas de la reforma del sistema de asistencia jurídica en el Reino Unido, |
| por Hilary Sommerlad |
| Protesta social y parcialidad judicial, |
| por Roberto Gargarella |
| Notas sobre el acceso a la justicia y servicios jurídicos gratuitos en experiencias comparadas: ¿un espacio de asistencia posible para las mujeres?, |
| por Natalia Gherardi |
| Acceso a la justicia (también) para los detenidos, |
| por María Fernanda López Puleio |
| Cuestiones de género y acceso al sistema internacional de derechos humanos, |
| por Mónica Pinto |
| Tess y yo: la diferencia y las desigualdades en la diferencia, |
| por Tamar Pitch |
| “Justicia y Género”, una experiencia en la ciudad de Buenos Aires, |
| por Haydée Birgin y Beatriz Kohen |
| Bibliografía |
En los últimos tiempos, el debate en torno del acceso a la justicia como derecho ha cobrado mayor actualidad. Por un lado, cuanto más se profundiza en el problema de cómo garantizar ese acceso para todos, más visible es la complejidad de los factores en juego. Por otro, cada vez es más evidente cómo la posibilidad de ejercer ese derecho está imbricada tanto con la realidad socioeconómica como con la calidad de las instituciones que deberían garantizarlo y de aquéllas que administran justicia. A pesar de estas evidencias, el acceso a la justicia no se ha constituido aún en un tema prioritario de la agenda publica.
En este sentido, el programa “Justicia y Género” apunta a que las mujeres de la ciudad de Buenos Aires tomen conciencia de que acceder a la justicia es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar en el marco de un sistema judicial independiente y eficaz, capaz de llegar a pronunciamientos justos en tiempos prudenciales. Esta compilación se enmarca en las acciones de ese programa. La mayor parte de los artículos que la componen fueron discutidos por investigadores, especialistas en el tema y operadores del Derecho en el seminario “El acceso a la justicia: garantía de la igualdad”, llevado a cabo en el Senado de la Nación en abril de 2004. Se incluyen, además, dos interesantes trabajos de autoras extranjeras hasta ahora no publicados en español.
Este libro pretende, entonces, contribuir al debate y llamar la atención acerca de la importancia de garantizar un efectivo acceso a la justicia en el marco de la democracia. A lo largo de diez artículos, los autores comparten sus reflexiones, fijan posiciones y, a menudo, plantean polémicas y paradojas en torno de esta cuestión.
Para Alejandro Garro, el acceso a la justicia es un objetivo fundamental de la reforma judicial y, a la vez, un componente esencial para promover la democratización del sistema de gobierno. A manera de sinopsis, en su artículo expone la complejidad del tema a partir de ciertos interrogantes que apuntan a reflexionar sobre los alcances de una reforma judicial. Cuál es el objetivo o los propósitos de una reforma de este tipo, quiénes están en condiciones de realizarla, cuáles son sus potenciales beneficiarios, cómo se la puede llevar a cabo y, sobre todo, de qué sirve un servicio judicial si no es accesible a las personas que más lo necesitan. En su propuesta, la reforma judicial constituye un proceso complejo que implica una reforma legislativa pero también abarca aspectos relacionados con la gestión de las oficinas judiciales, el mejoramiento de su infraestructura, cambios culturales en relación con las percepciones de la sociedad y la participación de diversos actores vinculados con el ámbito de la Justicia –jueces, abogados, personal del poder judicial, etc.– y de la comunidad en general.
Preocupado por la violación de los derechos por parte del Estado, Mariano Fernández Valle reflexiona sobre las dificultades que las personas de sectores económicamente desfavorecidos encuentran para el ejercicio de la ciudadanía. En ese sentido, resultaría imprescindible facilitar el acercamiento a instituciones formales de prevención y resolución de conflictos y el acceso a la información y a los recursos jurídicos necesarios. Según este autor, el acceso a la justicia comprende el derecho a que sean eliminados todos y cada uno de los obstáculos que impiden su consecución. Para ello, es necesario desarrollar una alfabetización jurídica de los diferentes sectores de la sociedad; eliminar los altos costos económicos requeridos para acceder a los sistemas judiciales y administrativos; crear redes de articulación de la demanda y la prestación de servicios jurídicos gratuitos; y mejorar la oferta de justicia, entre otras medidas.
Para Víctor Abramovich, el acceso a la jurisdicción es un mecanismo de participación en la esfera política que tiende a compensar el deterioro o la debilidad de otros canales institucionales de representación de intereses colectivos. En su artículo analiza una dimensión no tradicional del acceso a la justicia, a partir de los modos de intervención judicial sobre las políticas públicas y su particular incidencia sobre las prácticas habituales de la acción colectiva. Destaca el efecto vigorizador que, sobre una “lánguida esfera pública”, puede tener la judicialización de los conflictos sociales al activar procesos de decisión sobre políticas de Estado. En esa línea, y refiriéndose a casos concretos, el autor caracteriza situaciones tipo en las que el Poder Judicial ha asumido la tarea de verificar el cumplimiento de estándares jurídicos en el diseño y la ejecución de políticas públicas. Abramovich plantea que si bien las vías judiciales están lejos de ser el centro de la estrategia para exigir derechos, el proceso judicial sirve de punto de apoyo para incidir en procesos sociales o políticos más amplios y complejos.
Mediante el análisis de los avatares de la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita en el Reino Unido –y a partir del esquema de ciudadanía de Marshall–, Hilary Sommerlad reflexiona críticamente sobre las relaciones entre la reforma del sector público en general y la exclusión social. La autora propone específicamente vincular la naturaleza de la ciudadanía y el compromiso público con la idea de justicia y el imperio de la ley. Mayor educación e información, simplificación de las prácticas jurídicas y extensión de las justicia informal son algunas de las propuestas para que el Derecho pueda ser utilizado en el combate contra la exclusión social, con el objetivo de paliar sistemas de asistencia jurídica cada vez más excluyentes.
Roberto Gargarella analiza en rol de los jueces y verifica su escasa sensibilidad social frente a los reclamos provenientes de los sectores más desfavorecidos en el contexto de los múltiples conflictos sociales que tuvieron lugar en los últimos años en la Argentina. En este sentido, enfatiza la necesidad de una reconstrucción de las bases institucionales del Poder Judicial. Según este autor, “los jueces pueden llegar a decidir casi de cualquier modo, gracias a los amplísimos márgenes de maniobra con los que cuentan a la hora de tomar sus decisiones y a la casi total ausencia de controles sobre su accionar”. Estas observaciones alientan a reconocer la importancia de las personas investidas con el rol judicial y llaman a considerar especialmente la importancia del proceso de selección de los jueces. Por otra parte, de cara al debate en torno de la constitución del Consejo de la Magistratura en la Argentina, el aporte de este artículo resulta particularmente pertinente.
Natalia Gherardi releva las formas en que algunos países resolvieron el problema de garantizar la asistencia jurídica en general y, con especial énfasis, en lo relativo a las mujeres. Según la autora, reconocer la existencia de un problema e identificarlo como una cuestión jurídica y judiciable es probablemente uno de los mayores escollos a superar en materia de acceso a la justicia. A partir de las experiencias comparadas de algunos países, en su artículo aborda las dificultades y posibilidades vinculadas con el género y analiza diversos métodos, procedimientos, acciones, estrategias e instituciones que forman parte de la noción misma de acceso a la justicia. Así, para Gherardi, cualquier estrategia que se pretenda duradera deberá, necesariamente, incluir “medidas tendientes a eliminar las barreras de educación, lenguaje y distancia geográfica, y a asegurar la existencia de profesionales que brinden un servicio de calidad”.
Por su parte, María Fernanda López Puleio reflexiona sobre otro tema fundamental: la situación de las personas que en la Argentina sufren detención en el sistema penitenciario. En efecto, los detenidos y detenidas ven acrecentadas sus desventajas en el acceso a la justicia por acciones u omisiones de un Estado que, lejos de garantizar sus derechos, los viola de manera sistemática. Según la autora, es clave comprender que “la desoladora imagen que brindan nuestros modelos de encarcelamiento y las limitaciones que ofrecen los mecanismos de control penitenciario no pueden hacernos perder de vista lo imprescindible que resulta fortificar posibilidades de contacto real entre el detenido y su defensor”.
Mónica Pinto toma como punto de partida una noción de derechos humanos surgida “de un consenso mundial y que se apoya en las nociones de dignidad y libertad comunes a todas las culturas y civilizaciones”. En su artículo, vincula esa noción con las instancias internacionales de administración de justicia y revisa algunas estrategias llevadas adelante en diversos casos judiciales para reclamar en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. En este sentido, hace hincapié en lo relativo a las desigualdades e inequidades de género y concluye en que, a menudo, éstas constituyen “la única oportunidad de que una instancia, cualquiera sea ella, se explica sobre la denegación de justicia de que ha sido objeto la víctima”.
Tamar Pitch se interroga acerca de la relación con su empleada doméstica, una mujer filipina, para analizar la diferencia y las desigualdades en la diferencia. “¿Por qué –se pregunta– la expresión derechos humanos nunca me ha remitido inmediatamente a los problemas y preguntas planteados, por un lado, por las inmigrantes y, por el otro, por las mujeres del Sur?”. Los derechos humanos que dieron lugar al florecimiento de una vasta retórica parecen remitirnos más a los derechos de los otros que a los propios, aunque su universalidad resida justamente en que se refieren a todos y todas. La autora reflexiona acerca de los estándares que deben ser deconstruidos y, para ello, se sirve de tres pares de antinomias: universalismo-particularismo, igualdad-diferencia y global-local. Según Pitch, “todavía hoy, el estándar de los derechos se construye sobre la base de un sujeto aparentemente neutro, abstracto y universal que esconde, además, la presunción de la masculinidad de la norma”.
En “Justicia y Género, una experiencia en la ciudad de Buenos Aires”, Haydée Birgin y Beatriz Kohen presentan un estado de situación con respecto al acceso a la justicia en esta localidad, haciendo foco en las necesidades de las mujeres y analizando el grado de satisfacción de las usuarias de los dos servicios de asistencia jurídica gratuita que reciben mayor cantidad de consultas: la Procuraduría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la base de las investigaciones realizadas y de la experiencia llevada a cabo hasta el momento, proponen articular instancias estatales y no estatales para resolver la demanda de acceso a la justicia de las mujeres –dada la discriminación y la violencia de las que son objeto– y de los sectores más desfavorecidos económicamente. En este sentido, presentan algunos apuntes acerca de la experiencia piloto realizada en el Centro de Gestión y Participación Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires junto con los servicios de asistencia jurídica mencionados. Allí han trabajado desde la idea de que el reclamo de justicia viene siempre acompañado de la demanda de otros derechos, en particular, los económicos, sociales y culturales.
Por último, las compiladoras quieren agradecer explícitamente a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al centro de Formación Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA, instituciones que abrieron sus puertas y facilitaron el desarrollo de la investigación en el marco del programa “Justicia y Género”; al Senado de la Nación y a todo su personal, por el generoso apoyo brindado en la realización de los seminarios; y a los autores y autoras tanto por su participación en este debate como por haberse hecho el tiempo para establecer el texto de los artículos incluidos en este libro, tarea a menudo difícil entre las múltiples obligaciones cotidianas.