La década de los 80 fue escenario de eventos políticos, sociales y económicos de gran trascendencia para el país. La dictadura cívico militar iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976 mostraba sus atrocidades y se volvía insostenible. La violación sistemática de los derechos humanos, la censura, la represión política y el terrorismo de Estado, sumado a la crisis económica, la guerra perdida en las Malvinas en 1982 y las presiones internacionales incrementaban la resistencia social encabezada por las Madres de Plaza de Mayo. Los militares se vieron obligados a llamar a elecciones.
El 30 de octubre de 1983 el pueblo volvió masivamente a las urnas. Raúl Alfonsín (UCR) ganó las elecciones con el 52% iniciando un proceso de recuperación de los poderes constitucionales. Se iniciaron los juicios y condena a los altos mandos de las fuerzas armadas, la recuperación de los derechos humanos y los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y se ampliaron los derechos para los sectores postergados de la sociedad.
Sin embargo, este resurgir se vio empañado con la debilidad institucional exacerbada por las ofensivas de las fuerzas armadas en contra de los juicios y al fracaso de las políticas económicas que llevaron a la hiperinflación. Alfonsín entregó seis meses adelantado el mando al presidente electo Carlos Menem (PJ) en junio de 1989, cerrando la década de la Primavera Democrática.
Esa etapa comenzó el domingo 30 de octubre, en una jornada histórica donde 18 millones de personas volvieron a votar en elecciones abiertas tras 7 años de terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar que asoló al país el 24 de marzo de 1976 y dejó un saldo de 30.400 desaparecidos y desaparecidas y más de 400 bebés nacidos en cautiverio y apropiados tras el asesinato de sus madres detenidas ilegalmente.
Con el retorno a la democracia, resurgieron los movimientos sociales pidiendo memoria, verdad y justicia. En un marco de revalorización de los derechos humanos vulnerados atrozmente por la dictadura, se avanzó hacia nuevos horizontes. Las organizaciones sociales y políticas tenían en las manos posibilidades ilimitadas para la ampliación de los derechos de las mujeres, respaldadas por el protagonismo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en la resistencia a la dictadura. Se trataba de un contexto propicio para volver a ocupar las calles y pensar estrategias para plantear demandas políticas y sociales. Así un grupo de feministas y de activistas por los derechos humanos convocó a una Multisectorial de la Mujer para organizar la conmemoración del próximo Día Internacional de la Mujer que se celebraría con un acto público en la Plaza de los Dos Congresos.
Se aprueba la Ley 23.054 que adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Mediante este Pacto se establecen los derechos humanos y libertades fundamentales que deben ser protegidos por los Estados Parte, consagrando derechos como la vida, la integridad y libertad personal, la igualdad ante la ley, la protección judicial, la propiedad privada, el derecho de reunión, circulación y residencia, derechos políticos, derechos de la niñez, principio de legalidad y de no retroactividad, libertad de asociación, la libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, a la honra y dignidad, a no ser sometida a esclavitud y servidumbre, entre otros.
La ratificación de este Pacto fue central para avanzar en la garantía y protección de derechos humanos en Argentina durante los años que siguieron a lo largo de los distintos gobiernos democráticos.
El 8 de marzo de 1984 se conmemora el Día Internacional de la Mujer por primera vez en Democracia. Las mujeres salen a las calles de manera masiva a recuperar el espacio público, que se convertirá en el lugar fundamental para el avance de sus derechos en los próximos 40 años.
La Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer (ATEM) es un grupo de mujeres feministas proveniente de partidos de izquierda que comenzaron a reunirse en 1982. ATEM fue pionera en la conexión entre la violencia política y la violencia sexual en la última dictadura, y con un gran compromiso por los derechos humanos. Formaron parte de la Multisectorial de la Mujer, e impulsaron la articulación de las demandas de Memoria, Verdad, y Justicia en el movimiento de mujeres. Desde 1982 comenzaron a organizarse las Jornadas anuales ATEM-25 de noviembre donde las feministas se reunían para debatir temas de mujeres y de derechos humanos. En 1984 comienzan a publicar la Revista "Brujas. Debates feministas". Las Jornadas de ATEM y Brujas fueron un espacio indispensable en la posdictadura, donde los lazos entre ambos ámbitos eran muy nítidos.
La dictadura anuló a los grupos LGBTIQ+. Al menos 400 personas reconocidas del colectivo LGBTIQ+ fueron detenidas-desaparecidas, y los militares tuvieron un especial ensañamiento con ellas. Con el retorno a la democracia gays, travestis, trans y lesbianas se reagruparon para recuperar y ampliar sus derechos y salir de la clandestinidad. En abril de 1984 se crea la CHA (Comunidad Homosexual Argentina). Su primer presidente fue el historiador y activista LGBT Carlos Jauregui. Desde sus inicios bregaba por la defensa de los derechos de las diversidades sexuales. Trabajaba brindando asesoramiento jurídico gratuito, en programas de salud y realizando acciones de visibilización.
Argentina participa oficialmente de la III Conferencia Mundial de la Mujer y clausura del Decenio de la Mujer para la Paz y el Desarrollo de Naciones Unidas 1975-1985. Como resultado, se sanciona la Ley 23.179 que aprueba la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). En plena dictadura militar el Estado argentino suscribió a la convención siendo este el primer tratado de DDHH al que Argentina suscribia (Art. 1, Ley 23.179).
Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994 se incluyen la CEDAW y el Pacto de San José de Costa Rica, dándoles rango constitucional a estos importantes mecanismos internacionales.
En el 2006, a través de la Ley nacional 26.171, se aprueba finalmente el protocolo facultativo de la CEDAW se crean los mecanismos jurídicos de exigibilidad para el cumplimiento de la Convención.
A traves de la Ley 23.264 se modifican los artículos que establecen la filiación en el Código Civil y se dispone la patria potestad compartida entre el padre y la madre en relación con los hijos e hijas menores de edad. Además, se elimina toda distinción ante la Ley en la filiación, estableciendo la igualdad de los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio.
Estas banderas serán las que guíen gran parte de la lucha durante la primavera democrática.
Una de las grandes referentes de estas luchas fue Florentina Gómez Miranda, abogada y política argentina (1912-2011). Se graduó como abogada en la Universidad Nacional de La Plata en 1945 y se afilió a la Unión Cívica Radical al año siguiente. En 1983, fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y extendió su mandato hasta 1991. Fue una precursora en la lucha por los derechos de las mujeres. Presentó más de 150 proyectos legislativos en la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, que presidió. Entre sus proyectos, se destacan la Ley de patria potestad compartida, la equiparación de los hijos extramatrimoniales, el divorcio vincular y la pensión para los concubinos. Fue una gran defensora de los derechos sexuales y reproductivos y presentó el primer proyecto de legalización del aborto en Argentina, poniendo la temática en los medios.
Mediante el decreto 2274/1986 se establece el derecho a decidir sobre la propia reproducción, anulando el decreto 659/1974 de Juan D. Perón que había establecido regulaciones a la compra y venta de anticonceptivos mediante receta por triplicado y prohibía las actividades destinadas directa o indirectamente al control de la natalidad.
Se sanciona la Ley 23.451 que aprueba el Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, producto de la 67º reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se reconoce allí que las responsabilidades de cuidado familiares repercuten en un acceso desigual al mercado laboral por parte de las mujeres y se compromete al Estado a adoptar todas las medidas posibles para revertir la discriminación y exclusión de las trabajadoras con hijos e hijas.
Los Encuentros reflejan el crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento de mujeres y feministas en el país: comenzaron con 500 participantes y en los últimos años se llegaron a reunir unas 100 mil mujeres, travestis y trans dando paso a una nueva denominación como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Inicialmente los temas de debates eran una decena y en la actuliadad se despliegan cientos de temas, talleres y actividades artísticas y de movilización durante los 3 días que se convocan.
La Subsecretaría Nacional de la Mujer fue el primer mecanismo institucional de promoción de los derechos de las mujeres creado en el Estado, inaugurando el espacio que años después se convertiría en el Consejo Nacional de las Mujeres, luego el Instituto Nacional de las Mujeres y finalmente, desde el 2020 se jerarquizaría con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Su primera presidenta fue Zita Montes de Oca. El objetivo de la Subsecretaría era “atender y entender en la condición y especificidad de la mujer”. Significaba, desde el punto de vista de las feministas comprometidas en su creación y gestión, un cambio social pleno con alto significado político: “Crear las condiciones de un nuevo modelo político con plena participación de la mujer”, que tuviera como interlocutora a toda la sociedad, según escribía más tarde Montes de Oca (1997).
Zita Montes de Oca (1944-1998) fue una activista feminista y política argentina. Raúl Alfonsín la propuso por su trayectoria para trabajar en temas relacionados a los derechos de las mujeres en la nueva institucionalidad que abría la democracia. En la Subsecretaría trabajaría con feministas como Haydeé Birgin, fundadora de ELA. En 1990 inauguró junto con Monique Thiteux-Altschu la Fundación Mujeres en Igualdad, cuando las feministas estaban impulsando la sanción de la Ley de cupos. Zita falleció en 1998, a los 54 años. Fue una luchadora incansable por los derechos de las mujeres, dejó su huella en los lugares donde actuó. Un Centro de Documentación y un Premio de la CABA llevan su nombre.
Después de intensos debates se aprueba el divorcio vincular y la posibilidad de volver a contraer matrimonio con la Ley 23.515 de modificación del Código Civil argentino. Además, la ley quita la obligación de definir su domicilio en base al domicilio del marido, de llevar la preposición “de” y el apellido del esposo, y se establecieron las cuotas de manutención para quienes quedaran con la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas.
El movimiento de mujeres, feministas y de diversidad sexual, con el apoyo de sectores como organismos de derechos humanos, impulsaron y defendieron el divorcio vincular. La discusión sobre la Ley duró 10 meses y entre los argumentos esgrimidos en contra se denunció que su aprobación afectaría negativamente a la familia y se escucharon múltiples discursos que insistían en defender que el lugar asignado a la mujer era el de esposa y madre.
El 8 de marzo se publica por primera vez "Cuadernos de Existencia Lesbiana", la primera publicación periódica gráfica realizada en Argentina dedicada a difundir la temática lésbica, promovida por Ilse Fuskova y Adriana Carrasco. En total se publicaron 17 números, el último en noviembre de 1996.
En el marco de la restitución de las instituciones democráticas, se abre una puerta para la ampliación de los derechos, la erradicación de los tratos discriminatorios y la persecución política por motivos de opinión o ideología. A traves de la Ley 23.592 se penalizaron los actos discriminatorios “por motivo de sexo”. La normativa reconoció, asimismo, actos discriminatorios por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, posición económica y condiciones sociales y caracteres físicos.
La Ley 23.592 de 1988 no incluye la discriminación por orientación sexual o identidad de género, a pesar de que la CHA promovía su incorporación. Desde 2005 se presentaron varios proyectos de modificación que perdieron estado parlamentario. En 2013, a un año de la Ley de Identidad de género, la CHA y la Federación Argentina LGBT (FALGBT), presentaron un nuevo proyecto que incluía a los pueblos originarios, a las personas con discapacidades y a las diversidades.
Un grupo de feministas, entre ellas Dora Coledesky, crean la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab). La comisión fue precursora en la organización de acciones para visibilizar el derecho al aborto. Una de sus principales actividades fue el sostenimiento de una mesa informativa en la esquina de El Molino, frente al Congreso de la Nación, desde donde repartían folletos informativos. También impulsaron junto con otras feministas del país los primeros talleres de legalización del aborto en el 3º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mendoza. Publicaron una revista de la Comisión donde han aparecido importantes referentes de la temática.
Dora Coledesky (1928- 2009) fue una de las principales referentas de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nació en 1928 en Buenos Aires, creció en Rosario y pasó su adolescencia en Tucumán. Estudió abogacía en la UNT. De origen político trotskista, conoció el feminismo en Francia, durante el exilio entre 1976 y 1983. Fue una impulsora de incorporar los derechos de las mujeres en los movimientos de izquierda a la vez que promovió en el feminismo la necesidad de ampliar la visión y articular con movimientos sociales de todo tipo. Regresó a Argentina en 1984 y junto con Alicia Cacopardo, Liliana Pelliza, Zafina Newbery y otras militantes conformaron la Comisión por el derecho al Aborto.
La crisis económica, producto de la hiperinflación y la devaluación, obligaron a Raúl Alfonsín (UCR) a entregar el mando de manera adelantada al electo presidente Carlos Menem (PJ), el 8 de julio de 1989.
Con la llegada del menemismo al poder (1989 a 1999), el ámbito abierto por la democracia para la agenda de las mujeres comenzó a restringirse. Durante los `90 se registró un proceso de pocos avances en el plano institucional, por causa y consecuencia de la reducción del Estado, en un escenario de reacomodamiento y contracción de los derechos sociales y económicos. Durante su presidencia, Menem implementó el Plan de Convertibilidad (1991), una estrategia política-económica de estabilización de la economía y reforma del Estado que incluyó la privatización de empresas y descentralización de servicios públicos como la educación y la salud. A pesar del crecimiento macroeconómico del momento, la pobreza se hizo más heterogénea.
Se realiza en San Bernando (Provincia de Buenos Aires) el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe donde se establece el 28 de septiembre como Día Latinoamericano por la Legalización del Aborto como fecha para realizar manifestaciones y conmemoraciones por el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
La Ley 24.012 de cupo femenino determinó que las mujeres debían ocupar al menos el 30% de las candidaturas propuestas por los partidos políticos para las elecciones legislativas nacionales. Su autora fue la senadora radical y feminista mendocina Margarita Malharro y es la primera Ley de este tipo sancionada en Latinoamérica.
Fueron muchas las feministas que lucharon por la representación femenina en el Congreso, como Virginia Franganillo, Marcela Durrieu, María Luisa Storani, entre otras y se establecieron lazos transpartidarios entre las mujeres políticas que ayudaron a impulsar el proyecto. En 1991, gracias a esta estrategia de unidad, lograron que se aprobara la Ley de Cupo femenino.
Se crea el Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (PRIOM, 1991-1995) con el objetivo de modificar los contenidos y prácticas escolares para lograr equidad de género, promover la sensibilización sobre el tema y la adhesión de la comunidad educativa a la propuesta.
En el debate que dio lugar a la Ley Federal de Educación Nº24.195/1993, las feministas presionaron para incluir el término «género» y la «igualdad de oportunidades entre los sexos», pero la iglesia católica lo obstaculizó. Al año siguiente buscaron incorporarlo en los Contenidos Básicos Curriculares pero tampoco se logró su inclusión, y solo se hizo mención a un concepto general de discriminación.
Se crea el Consejo Nacional de la Mujer (Decreto Nro. 1426/92) en cumplimiento de los compromisos asumidos a partir de la ratificación de la CEDAW. Fue diseñado e impulsado por militantes feministas, y su primera presidenta fue Virginia Franganillo que llevó a cabo proyectos relativos a la salud sexual y reproductiva y a la igualdad en la educación.
El 2 de julio de 1992 se realiza la primera Marcha del Orgullo gay-lésbico-trans. La consigna de la marcha fue "Libertad, Igualdad, Diversidad" y se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Fue un acto público donde la comunidad de lesbianas, gays, travestis y transexuales visibilizaron tanto su existencia, como reclamos y conquistas. Posteriormente, la realización de la Marcha del Orgullo se fue extendiendo a diferentes ciudades del país. En 1997 se trasladó a noviembre en conmemoración de la fundación del colectivo Nuestro Mundo (1969), considerada la primera organización LGBT de América Latina.
Carlos Jáuregui (1957-1996) fue un activista LGBT argentino, nacido en La Plata el 22 de septiembre de 1957. Fue el primer presidente de la CHA (1984-1987) y fundó la asociación Gays por los Derechos Civiles en 1991 junto a ex militantes de la CHA. En 1992 encabezó la primera marcha del Orgullo Lésbico y Gay en la CABA. Fue muy amigo de Lohana Berkins con quien compartía el orgullo y el compromiso por la defensa de los derechos humanos como política. Con el objetivo de darle visibilidad a las perosnas LGTB y sus demandas, escribió en diarios, participó en programas de televisión y publicó el libro Homosexualidad en Argentina. Murió en 1996 a causa del SIDA.
Se crea la primera Maestría en Estudios de Género de Argentina y de América Latina y el Caribe, en la Universidad Nacional de Rosario, dirigida por Hilda Habichayn. Su creación fue impulsada a través del Centro de Estudios históricos de las Mujeres (1989) que desde dos años antes venían realizando cursos de formación en la Facultad de Humanidades y Artes con CLACSO. El proceso de acreditación y formalización llevó 5 años. Se llamó Maestría "Poder y sociedad desde la problemática de género" para ser reconocida por la CONEAU, lo que se logró en 1997 y el reconocimiento oficial y validez nacional del Ministerio de Educación en 1998 (Res. Ministerial Nº 1163/98).
Se sanciona la Ley Nacional 24.417 de protección contra la violencia familiar que significó un reconocimiento de la problemática y puso en cuestión la naturalización de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico.
Las feministas de diferentes provincias se organizaron y el 8 de marzo de 1994 se publica una solicitada impugnando la propuesta. Viajaban todas las semanas a Santa Fe donde se desarrollaba la Convención para impugnar esta cláusula. Esta organización empieza a sentar las bases para la ampliación de voluntades en la lucha por el derecho al aborto.
Argentina asistió a la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, pero para ese entonces la presencia de las mujeres en el Estado se había visto afectada por un avance conservador que expulsó a las activistas feministas y las reemplazo por mujeres que tenían una visión conservadora, muy lejos de sus precesoras que habían impulsado la Subsecretaría de los '80 o la Ley de Cupo. La comitiva firmó el Plan de Acción de Beijing con reservas en el área de salud de las mujeres, en donde se incorporaban los derechos sexuales y reproductivos.
La Plataforma de Acción de Beijing fue no obstante importante porque plantea 12 esferas críticas para el avance de los derechos de las mujeres en el mundo: A. La mujer y la pobreza, B. Educación y capacitación de la mujer, C. La mujer y la salud, D. La violencia contra la mujer, E. La mujer y los conflictos armados, F. La mujer y la economía, G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, I. Los derechos humanos de la mujer, J. La mujer y los medios de difusión, K. La mujer y el medio ambiente, L. La niña
En un contexto de promoción de la implementación de políticas para el ejercicio de la salud reproductiva de modo positivo y responsable en 1995, el Foro por los Derechos Reproductivos presentó como iniciativa particular un proyecto solicitando la sanción de la ley de salud reproductiva y de creación del Programa Nacional de Procreación Responsable. Si bien la ley nacional no se aprobó hasta el año 2002, muchas provincias lograron crear un Programa similar a nivel local: La Pampa había sido pionera en 1991, y se sumaron trece provincias sancionando leyes entre 1996 y 2002; otras cinco provincias aprobaron leyes similares posteriormente, entre 2002 y 2006.
Las lesbianas históricamente han denunciado la invisibilización de su existencia tanto en la sociedad, como en el feminismo y los colectivos LGBTIQ+, aunque siempre han acompañado sus demandas. Buscaron visibilizarse a través de colectivas que realizaban acciones en las calles y plazas, intervenciones políticas y artísticas. En 1995 la organización "Las Lunas y Las Otras" inauguraron la Casa de las Lunas, una sede para actividades bajo el lema «Un espacio de y para lesbianas abierto a todas las mujeres» en CABA. Las Lunas iniciaron su actividad en 1991, y fue el primer grupo de lesbianas y feministas que perduró un largo tiempo y que funcionó en un local hasta 2011 cuando decidieron disolver el grupo. "Lesbianas a la Vista" fue otra organización pionera creada por un grupo de activistas lesbianas con el objetivo de hacerse visibles y salir del ocultamiento que vivían en las organizaciones donde predominaban los gays. Realizaron actividadeds públicas y talleres de reflexión, y articularon su trabajo tanto con organismos de derechos humanos como con agrupaciones de travestis y trans y de mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales.
Se sanciona la ley nacional 24.632 mediante la cual se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer conocida como "Convención de Belem do Pará". Dicha convención había sido anteriormente suscripta por el Estado argentino en Belem do Pará (República Federativa del Brasil), el 9 de junio de 1994. Se trata del primer tratado de DDHH a nivel regional que aborda las obligaciones del Estado para la erradicación de las violencias contra las mujeres.
La Convención no sólo reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, sino que la define en la esfera pública y privada. Para su implementación efectiva se requirió de un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
En el contexto de crisis y movilización de 2001 se potencian nuevas y viejas formas de organización social y política con participación directa y horizontal de la ciudadanía: asambleas populares, club de trueques, ollas populares, movimientos piqueteros y manifestaciones sociales. Las mujeres tuvieron una participación creciente en la resistencia y organización para enfrentar la situación de acuciante crisis.
En estos espacios de encuentro y discusión se debatían diferentes temas y las feministas introdujeron, además de su perspectiva en temas como educación, salud y economía, la defensa por los derechos y la igualdad de género como un tópico importante en las luchas sociales y políticas. En esta década hay una revigorización de las políticas de género, impulsada por diferentes sectores y organizaciones sociales y ya no sólo por las feministas y LGTBIQ+. Los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual y el derecho al aborto van ocupando un lugar cada vez más protagónico en las agendas de los movimientos sociales.
En CABA comienza a implementarse en 1999 el Programa de Retención escolar de alumnas embarazadas, madres y alumnos padres y en 2002 se logra la sanción de la Ley nacional 25.273 que crea un régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez. Dicha ley prohibió toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas, que primero abarcó a los establecimientos de educación pública y en 2003 incluyó a todas las modalidades y niveles del sistema educativo del país.
Además, la normativa obliga a las autoridades a que otorguen los permisos necesarios para garantizar la salud física y psíquica durante la gestación y la lactancia de las estudiantes que maternan. Posteriormente, la permanencia en la escuela durante el embarazo y la maternidad, se incorporó como un derecho en la Ley Nacional de Educación 26.206/06, en el Programa de Educación Sexual Integral y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
La maternidad y embarazo de niñas y adolescentes ha sido una preocupación presente en los avances de los derechos sexuales y reproductivos para el movimiento de mujeres y feminista. Lo que predominaba en los ámbitos educativos era la censura y la represión ante lo que se presentaba como una amenaza, un riesgo o un peligro. En este sentido, desde el activismo feminista y desde los sindicatos de educación como los agrupados en CTERA, se buscaba incidir en políticas para disminuir los efectos de la exclusión de la escuela y de las posibilidades de construir un futuro considerando a las niñeces y adolescencias con sus plenos derechos.
Gracias a las luchas por incluir la perspectiva de género y de derechos humanos en estos ámbitos, se han construido a través de los años otras formas de abordaje de la sexualidad y problemáticas en las que estaban inmersas las estudiantes por su género.
La Ley nacional 25.673 establece la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. Los principales objetivos del programa son: alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual. También se propone garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Dicho Programa distribuye una variedad de insumos de salud sexual y reproductiva de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de la salud (CAPS) y en los hospitales públicos, y brinda asesoramiento y consejería especializada a las usuarias y formación a los y las profesionales de la salud. La sanción de esta Ley introdujo los anticonceptivos en el Plan Médico Obligatorio, que regula la cobertura de las obras sociales.
La Ley fue el resultado de décadas de lucha y resistencia de los movimientos feministas y de diversidad sexual que levantaron insistentemente el reclamo para que el Estado garantice el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Con la reinstauración democrática, las organizaciones demandaron la derogación de la prohibición de la venta de anticonceptivos y manifestaron que las cuestiones relativas a la sexualidad y la fecundidad puedan ser decididas por las personas según sus deseos y proyectos de vida.
En 1995, las Naciones Unidas reconocen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano que el Estado es responsable de garantizar (Beijing, 1995) y desde entonces las feministas argentinas impulsaron la presentación de diferentes proyectos de ley que fueron sistemáticamente obstaculizados. Durante 10 años de arduos debates, muchas provincias lograron crear sus propios organismos para atender la temática, pero estaban ceñidos a las leyes y a las capacidades de los gobiernos locales. Cuando se sanciona la ley nacional, las provincias van adhiriendo y adecuando o creando sus propios espacios donde no los había. Sin dudas, esta ley ha generado cambios significativos en el acceso a la salud sexual y reproductiva y ha sido un campo de disputas que las feministas han ido ganando paso a paso y con mucho esfuerzo.
Nace ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia de Género, una asociación civil feminista y apartidaria. ELA fue fundada por la abogada feminista Haydée Birgin (1938-2014) junto a un grupo de abogadas, sociólogas, investigadoras, con diversas trayectorias en el ejercicio de la profesión, la investigación, los organismos internacionales. Creamos ELA para hacer un aporte al debate público, con objetivo de sumar al conjunto de organizaciones de la sociedad civil que ya estaba acompañando ese proceso de reconstrucción que siguió a la crisis social, política y económica del 2001, una mirada enfocada en las mujeres, en la igualdad de género, en el acceso a la justicia y con perspectiva feminista.
Una mirada hacia otro mundo posible. Desde entonces, la organización creció al calor de la agenda que definimos como prioritaria, trabajando en cuatro pilares temáticas: violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, participación social y política y trabajo y cuidados. Nos nutrimos de la visión, la potencia y el liderazgo de aquellas con quienes compartimos ese camino: las comunicadoras, las políticas, las académicas, las activistas, las profesionales, las mujeres en movimientos sociales, sindicalistas, mujeres en empresas, con todas ellas procuramos sostener vínculos de colaboración, sororidad, articulación, creación colectiva desde Argentina y para la región.
En el 18º ENM de Rosario, diversas organizaciones impulsan la inclusión en la nómina de un taller denominado “Estrategias para la legalización del aborto”, como una forma de sortear la obstaculización de la discusión que se presentaba en otros talleres sobre la temática, ya que para participar de este taller en particular se partía de un acuerdo básico que era estar a favor del aborto.
También se realiza la primera Asamblea por el derecho al aborto en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas (UNR) donde unas 3 mil asistentes acuerdan articular una acción federal para pensar estrategias de ampliación de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente el cumplimiento de la nueva Ley de salud sexual, la inclusión de la educación sexual en las escuelas y la despenalización y legalización del aborto. La marcha del Encuentro utiliza por primera vez pañuelos de tela verdes con consignas en favor del aborto que había llevado la organización Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba para repartir entre las asistentes. Dos años después se convertirían en la insignia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
En el 19º ENM realizado en Mendoza, en 2004, la comisión organizadora sufre ataques, amenazas y boicots de sectores antiderechos ligados con la iglesia. Las escuelas más céntricas, donde se realizaron los talleres de aborto y anticoncepción amanecieron con escrituras pintadas en contra del Encuentro. Además, prendieron fuego folletos del Programa Provincial de Salud Reproductiva en un aula, iniciando un incendio que afortunadamente fue visto y detenido a tiempo. A pesar de los ataques y las dificultades, la marcha se destacó por la presencia de los pañuelos verdes, una acción política que poco a poco se masificó llegando a su punto más álgido en las movilizaciones del 2018 y 2020.
Mediante la Ley nacional 25.929 (conocida como Ley de parto respetado) se establecieron una serie de derechos y garantías para resguardar el bienestar de la progenitora y se establece que las obras sociales y la medicina prepaga deben brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, parto y postparto.
Entre los derechos que se le reconocen a las madres, padres y personas recién nacidas se mencionan: el recibir información clara, precisa y adecuada sobre los procedimientos médicos y las opciones disponibles; recibir un trato respetuoso y digno durante todo el proceso de atención médica; recibir atención médica de calidad y segura; elegir el lugar donde se llevará a cabo el parto; tener un acompañante durante el trabajo de parto, el parto y el postparto y recibir apoyo emocional y psicológico durante todo el proceso.
La ley no se reglamentó hasta el año 2015 y en 2018 la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina creó el Programa sobre Parto Respetado para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Obstétrica, cuya finalidad es identificar, intercambiar, promover y evaluar las políticas públicas respecto del efectivo cumplimiento de la Ley Nº 25.929 y las Leyes provinciales de adhesión, y en su caso formular recomendaciones o exhortaciones al Estado Nacional y a los Estados Provinciales.
Esta ley vino a dar respuesta a los tratos humillantes, la falta de información o el abuso de medicalización y/o la patologización innecesaria durante el proceso de embarazo, parto y puerperio por parte de personal e instituciones de la salud. Algunas mujeres denunciaban el abuso de cesáreas o episiotomías, otras la demora en poner anestesias o la imposibilidad de estar acompañadas en el parto. Por su parte, las mujeres de pueblos originarios criticaban el irrespeto de sus cosmovisiones y que eran obligadas a dar a luz como imponía el sistema de salud. Así, las feministas impulsaron un ley de parto que se basara en el respeto por los derechos sexuales y reproductivos de manera integral en armonía con las pautas culturales, necesidades y decisiones informadas de cada mujer y persona gestante. Sin embargo, no fue reglamentada hasta 2015. Es decir que su efectiva implementación, tomó 11 años desde su sanción y 6 años desde la sanción de la Ley 26.845 de violencia contra las mujeres, que incluía la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. En 2015, la organización Las Casildas creó el primer Observatorio de Violencia Obstétrica en Argentina, debido a la gran cantidad de denuncias que recibían. También la Defensoría del Pueblo, en 2020, presentó un nuevo proyecto de Ley de Protección Integral del Derecho al Parto y al Nacimiento Respetado elaborado junto a organizaciones y asociaciones que trabajan la temática.
Visita el país Rebecca Gomperts creadora de la fundación Mujeres en las Olas (Women on waves), que asistía e informaba a mujeres de países donde la legislación les prohibía abortar. Se empieza a difundir información sobre los efectos del misoprostol para abortar. Su visita produjo un gran revuelo social tanto a favor como en contra. Esta organización impulsó que organizaciones feministas dieran información sobre el uso seguro del misoprotol.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Incorpora el principio de no discriminación por motivos de género, entre otros, y establece que los Estados deben asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de los derechos contenidos en ella sin distinción alguna. Además, reconoce el derecho a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación sexual, el derecho a la salud reproductiva y el derecho a la educación sin estereotipos, y promueve la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los asuntos que les afectan.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se lanza el 28 de mayo, inicialmente impulsada en 17 puntos del país por diversas organizaciones feminstas. Surge con dos objetivos: instalar en el espacio público el derecho al aborto como una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos; y elaborar y presentar un proyecto de ley. La consigna con la que se identificaron condensaba los debates presentes en torno a la sexualidad y la reproducción: "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Se tomó como insignia el color verde y los pañuelos en representación de la lucha por los derechos humanos de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
La primera acción fue salir a las calles y plazas a juntar firmas en favor de la legalización del aborto e invitar a sumarse a la iniciativa. Además, se organizaron para movilizar el día 28 de cada mes durante todo el 2005 hasta el 25 de noviembre, cuando cerraron con una Marcha Federal donde se entregó a legisladores y legisladoras las planillas con las firmas recolectadas. Al año siguiente se realizó otra plenaria donde se decidió continuar año a año con esta acción hasta que fuera legal la interrupción voluntaria del embarazo.
El primer proyecto de ley redactado por la Campaña fue presentado en 2007, y después consecutivamente cada 2 años cuando se perdía el estado parlamentario. Durante 2015 se realizaron foros en diferentes provincias para debatir y actualizar el proyecto con los aportes de las propias activistas.
Desde sus inicios, la Campaña ha sido un movimiento con un fuerte carácter federal, que durante dos décadas se ha nutrido de las acciones y el impulso de los más diversos territorios del país, construyendo lentamente lo que sería la Marea Verde y su trascendencia más allá de Argentina.
El Decreto 1454 implementa el “Plan de inclusión previsional” que permite que las personas en edad de jubilarse, pero sin los años suficientes de aportes, regularicen de forma voluntaria la deuda previsional -a través de un plan de cuotas que se descuentan del haber previsional- y de esta forma accedan a la jubilación.
Esta medida tuvo principalmente impacto en las mujeres que por tener mayores tasas de informalidad y una relación más intermitente con el mercado de empleo y por dedicarse a las tareas de cuidado no remuneradas, suelen contar con menores años de aportes y más dificultades para jubilarse. Concretamente para las mujeres la cobertura previsional aumentó entre 2005 y 2010 del 54% al 83%.
El movimiento feminista, a través de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, logra cuestionar el control sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el contexto de esta discusión, y con un fuerte impulso de las organizaciones feministas y LGTBIQ+, se aprueban las leyes de contracepción quirúrgica y de Educación Sexual Integral.
En agosto, toma estado público el caso LMR, una joven con discapacidad a quien le negaron el aborto. Laura, una joven de 19 años con una discapacidad madurativa, fue abusada sexualmente por su tío y quedó embarazada. Su madre, Vicenta, solicitó un aborto en el Hospital San Martín de La Plata, pero una jueza de Menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. El pedido de LMR recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible. Con el permiso judicial regresaron a solicitar la práctica, pero el personal médico se negó a realizarlo argumentando que ya estaba avanzado el embarazo. La Campaña tomó contacto con la familia y garantizó el acceso de la joven al aborto en una clínica privada.
La Campaña organiza el Seminario Internacional «Aborto, Derechos, Subjetividad y Poder» en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, del que participan referentes nacionales e internacionales sobre DDSSyRR. Fue el primero de una serie de seminarios y actividades que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo.
La Ley nacional 26.150 crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, más conocido como ESI. Allí se establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir formación en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de equidad entre los géneros, contemplando a todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones.
La ESI fue una conquista que implicó una gran movilización social. Involucró a docentes, sindicatos y activistas feministas que bregaban por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Se trata de un derecho que involucra a estudiantes, docentes y familias y, como tal, la lucha por su efectiva implementación ha sido ardua. Se han presentado grandes desafíos en su aplicación debido a la falta de capacitación disponible para los docentes, la resistencia de algunos sectores de la sociedad, la falta de recursos y la falta de una política educativa integral.
En 2018, durante el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se señaló la ESI como una forma de prevenir los embarazos no intencionales, y por tanto se volvió a poner sobre el tablero la necesidad de ampliar su llegada a todo el país. En este sentido las feministas impulsaron una reforma para eliminar el artículo 5 que señala que la ESI puede aplicarse adaptada al ideario de cada institución o de sus miembros, lo que se contradice con los contenidos que deben ser científicos y laicos.
Se crea la RedPAR - Periodistas de Argentina en Red Por una Comunicación No sexista. Una red federal de periodistas y comunicadoras/es que surge por la preocupación que les generaba el tratamiento denigrante, sexista, violento y racistas de los medios de comunicación frente a hechos de violencia de género y en la manera de representar a las mujeres y diversidades.
Su creación se da en el marco de la puesta en cuestión de la ley de medios que regía desde la dictadura y la necesidad de propiciar una nueva ley que expresara criterios democráticos de difusión e información e incluyera a otras formas de comunicación no ligada al lucro (la Ley 26.522 de medios audiovisuales fue sancionada finalmente en 2009).
En 2008 lanzaron el Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que fue pionero en el tratamiento no sexista en los medios.
El Ministerio de Salud de la Nación publica la primera Guía de Atención para acceder a las causales de abortos exceptuadas de penas en el Código Penal de la Nación (1921), en los casos en que el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante. El “Protocolo de atención de abortos no punibles” establece los lineamientos para garantizar una atención humanitaria, y especifica los derechos de las mujeres y las obligaciones de los profesionales de la salud en la atención. Su cumplimiento es obligatorio para los hospitales y clínicas públicas y privadas que reciben fondos del Estado.
Desde su aprobación tuvo varias modificaciones a la luz de actualizaciones médicas pero también de los cambios normativos del país y sirvió como antecedente para el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” publicado en 2021, cuando se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
A fines de 2006 Ana María Acevedo tenía 20 años y era mamá de 3 niños y niñas, tenía cáncer y estaba embarazada. Vivía con su familia extendida en un barrio de Vera, una localidad pequeña del norte de Santa Fe. Después de idas y vueltas fue diagnosticada de un sarcoma de cara. Acudió al Hospital Iturraspe para realizar los tratamientos necesarios, pero los médicos los suspendieron porque estaba embarazada. A pesar del riesgo que corría su vida si no accedía a un tratamiento oncológico, los médicos se negaron para priorizar la continuación del embarazo, haciendo caso omiso de las recomendaciones de algunas integrantes del comité de bioética y violando las leyes vigentes que permitían el aborto para proteger la vida de las mujeres. La sometieron a sufrimientos y torturas, analgesia en baja cantidad para no afectar al feto y una cesárea prematura con la que la bebé no sobrevivió. Finalmente falleció el 17 de mayo de 2007.
La Multisectorial de la Mujer de Santa Fe tomó contacto con Norma Cuevas, madre de Ana María Acevedo, y llevaron a la justicia el caso y junto con el movimiento feminista impulsaron reclamos por justicia. En 2008 fueron procesados los jefes del servicio de ginecología y de oncología del Hospital Iturraspe, además de los/as profesiones que intervinieron en el caso por el delito lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este fallo fue ejemplar porque mostró que negar un aborto terapéutico legal tiene consecuencias penales graves y el caso se convirtió en un emblema en la lucha por el derecho al aborto. En 2010 este falló recibió el premio “mallete” a la mejor decisión judicial del mundo relacionada con la equidad de género, en un concurso convocado por Women’s Link Worldwide, una organización internacional de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Las activistas de la Campaña, además de impulsar las actividades en torno a la presentación del primer proyecto de ley que tomaría estado parlamentario, consideraron que era necesario realizar acciones que salieran de los ámbitos legislativos para visibilizar y ampliar los horizontes de apoyo a la causa. Los spots de difunción del festival tuvieron el apoyo de figuras del espectáculo, periodistas y organizaciones de derechos humanos. Las regionales se organizaron y arrivaron a Buenos Aires en micros que regresaron al otro día. Con un Luna Park repleto, adentro y afuera, pasaron por el escenario Mariana Baraj, Chiqui Ledesma y Cosecha de Agosto, Lidia Borda, Actitud María Marta y Liliana Felipe junto a Jesusa Rodríguez. Este espectáculo inauguro una forma celebratoria de la lucha. De ahí en adelante se hicieron cientos de festivales en las acciones de la Campaña en los Encuentros Nacionales de Mujeres, en actividades federales y en las actividades en las provincias donde cada vez se hacían más multitudinarias las convocatorias.
La "Línea Aborto: más información, menos riesgos" fue una línea telefónica activada por la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Tenían como objetivo democratizar el acceso a la información sobre la manera más adecuada para usar el misoprostol para provocar un aborto de manera segura. Según un informe presentado por la organización, la línea llegó a recibir alrededor de 5.000 llamadas al año. En 2010 publicaron el manual "Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas" (Buenos Aires: El Colectivo, 2010), el cual fue ampliamente utilizado por organizaciones feministas del país para informar y acompañar sobre el uso del misoprostol y reducir los riesgos y daños de los abortos inseguros.
El 15 y 16 de agosto de 2009 se organizó el Foro "Las acciones de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ante el Aborto No Punible", en Santa Rosa, La Pampa. En este foro se expusieron y debatieron los casos de abortos legales acompañados por las diferentes regionales de la Campaña desde 2006, que alimentaron la posibilidad del Fallo FAL en 2012.
La ley establece mecanismos, medidas y políticas para la sanción, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Los objetivos perseguidos por la normativa son amplios y apuntan a eliminar las desigualdades de género desde un abordaje integral, identificando un amplio abanico de tipos y modalidades en que las violencias machistas pueden manifestarse. Los tipos inicialmente se categorizaron en violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y simbólica. Y las modalidades definidas eran la doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y la mediática.
Además del reconocimiento y visibilización que la ley promovió sobre la temática, establece acciones concretas para su abordaje. Entre otras, se menciona la implementación de medidas de atención y protección para las víctimas y sus familias; la penalización de los agresores; lineamientos y principios que deben regir el tratamiento de estas situaciones por parte de las instituciones; la elaboración de registros y estadísticas de violencia contra las mujeres y la implementación de capacitación y sensibilización en la temática de diferentes sectores. También se establece la obligatoriedad de los medios de comunicación de difundir campañas de concientización y la creación de un observatorio de la violencia de género.
Con el paso del tiempo y los avances del movimiento feminista las formas de violencia reconocidas por esta ley se han ido ampliando y complejizando. En 2011 se prohibió la difusión de mensajes e imágenes que estimulen y/o fomenten la explotación sexual y los mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que promueva la explotación y discriminación. En 2019 se incorporó la violencia política entre los tipos y la público-política y el acoso callejero entre las modalidades. En 2023, se aprobó la incorporación de la violencia digital a través de la Ley Olimpia 27.736 que modifica la Ley 26.485.
En 2015 se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de quienes sufren violencia doméstica, proveyendo patrocinio jurídico gratuito a quienes no puedan costearlo.
Esta ley fue impulsada por numerosas organizaciones sociales de todo el país, que aportaron a su elaboración. La aprobación significó un avance en la forma de entender y abordar la violencia machista desde una perspectiva integral superadora del acercamiento de la violencia contra las mujeres centrada en la violencia familiar y doméstica. Para el movimiento era, y sigue siendo, fundamental una normativa que comprendiera a las desigualades de poder entre los géneros en la base del problema, reconociendo las diferentes modalidades de violencia y su presencia en los ámbitos por lo que se desarrolla la vida de las mujeres.
Con el avance normativo, las feministas consolidaron nuevas acciones dentro de las instituciones estatales, sindicatos, centros educativos de todos los niveles, en el sector privado y público y diferentes espacios. Pero también se han pronunciado respecto a las dificultades para su efectiva implementación. Y continuan denunciando la falta de recursos y la debilidad de la voluntad política, así como la rigidez de un sistema de justicia en el que persisten sentidos y prácticas patriarcales y re-victimizantes.
En 2009 fue creada la Oficina de la Mujer (OM) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de incorporar la perspectiva de género tanto en la administración de justicia como en la organización del sistema judicial. A fines de 2009, desde dicho espacio se impulsó la elaboración del Mapa de Género en la Justicia donde visibilizan las diferencias de género en la ocupación de cargos en las diferentes jerarquías. Además, la OM se encarga de capacitar a los/as operadores/as judiciales en perspectiva de género, brindar asistencia técnica y acompañamiento a víctimas y familiares, y elaborar lineamientos y propuestas concretas para la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia. Tuvo un antecedente en la Oficina de Violencia Doméstica creada en 2006, pero la nueva Oficina de la Mujer tenía una visión más amplia de atención de la violencia en sintonía con la Ley 26.485 que aborda la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrolla sus actividades, superando la visión reducida que imperaba de que la violencia se daba sólo en el ámbito doméstico.
A pesar de los avances normativos desde la recuperación democrática, el accionar de la Justicia seguía yendo a contramano de lo que se denunciaba por el movimiento de mujeres, con fallos que aminoraban las responsabilidades de los varones en casos de violencia y hasta de femicidios o dilaciones en los fallos en casos de abortos no punibles. La nula presencia de mujeres en puestos jerarquicos era un claro ejemplo de la resistencia al interior de la justicia a incorporar la agenda de género. En 2004 Elena Inés Highton de Nolasco fue la primera mujer en asumir como ministra de justicia en la Corte, y fue su vicepresidenta entre 2005 y 2021 que se retiró. En 2005 asumió Carmen Argibay (cuya designación había sido previa a Highton de Nolasco) como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que llegó con la idea de promover la igualdad de género en la Justicia. Su designación fue celebrada por las feministas debido al compromiso de Argibay con la igualdad de género desde el Derecho y la profesión de abogada.
Celebración del Bicentenario de la Patria
La década inaugurada por el Bicentenario de la Revolución de mayo de 1810, estuvo marcada por un clima celebratorio. Entre el crecimiento económico, la reestatización de empresas estrategicas, el aumento del consumo para diversos sectores y la ampliación de los derechos sociales y humanos para mujeres y diversidades.
Se celebra en la CABA el II Congreso Feminista Internacional enmarcado en la conmemoración del Centenario del “1º Congreso Femenino Internacional de la República Argentina” en 1910 y del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina y las luchas anticolonialistas en América Latina y el mundo. El objetivo fue realizar el balance del siglo XX en relación a los avances y retrocesos que experimentó la vida de las mujeres en el mundo, como condición para orientar las luchas futuras.
La conmemoración nace como bandera de lucha por la igualdad y la visibilidad de las lesbianas en todo el país. El 7 de marzo las activistas feministas lo establecieron como el Día de la Visibilidad Lésbica en memoria de Natalia “Pepa” Gaitán, quien fue asesinada por lesbiana por el padrastro de su novia en Córdoba, fusilada de un escopetazo. Aunque la querella insistió en que se trató de un crimen motivado por la identidad sexual de la víctima y reclamó una pena de 18 años, Daniel Torres, el asesino de la "Pepa" Gaitán, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma en 2011.
La ley nacional 26.618 de Modificación del Código Civil y de las Leyes 26.413 y 18.248 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas además de legalizar el matrimonio civil a personas del mismo sexo, la ley equipara los derechos y garantías de las parejas LGBTIQ+ a aquellos de los cuales ya gozaban las parejas heterosexuales, incluyendo: el derecho a adoptar de manera conjunta y ejercer la patria potestad compartida; acceso a la cobertura de salud del cónyuge; garantizar la protección de la vivienda como un bien de familia, derecho a la herencia de sus descendientes y la propiedad privada compartida; recibir la pensión por fallecimiento de alguno de los cónyuges.
"El mismo amor los mismos derechos" fue la consigna principal de las organizaciones de diversidad sexual que impulsaron el matrimonio igualitario. Se realizaron grandes movilizaciones en apoyo en todo el país y una serie de audiencias públicas en diferentes provincias donde se escuchaban voces a favor y en contra. Organizaciones como la CHA, la Federación Argentina LGBT y otras manifestaron en las calles por la aprobación de la Ley. A partir de este debate se conformaron agrupamientos de colectivos LGBTIQ+ en todo el país.
La organización "Mujeres Públicas" realizó una intervención urbana llamada “REVOLUCIÓN, el amor no es un privilegio heterosexual” en el contexto de los debates por el matrimonio igualitario y el Bicentenario.
El aborto estuvo penalizado en Argentina desde 1921, cuando se sancionó el Código. Sin embargo, el artículo 86 establece dos causales a partir de las cuales sería legal ("no punible") la realización de un aborto: si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En la práctica, había discusiones ya que había quienes sostenían que en los casos de violación solamente eran no punibles cuado se trataba de una mujer con alguna discapacidad mental. Fue a traves del fallo F.A.L que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a este debate.
F.A.L es una joven de Comodoro Rivadavia que fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años y su madre recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público. El pedido fue denegado en dos instancias pero finalmente intervino el Tribunal Superior de Justicia de Chubut y determinó que se encontraba dentro de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal de la Nación, permitiendo la realización del aborto.
Tras el fallo del STJ de Chubut, un funcionario judicial provincial apeló la resolución ante el máximo tribunal del país, aunque el aborto ya se había realizado. En esa sentencia, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo. Además, la Corte convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe.
La ley 26.738 de delitos contra la integridad sexual elimina la figura del avenimiento, mediante la cual se permitía que toda mujer víctima de violación mayor de dieciséis años pudiera llegar a un acuerdo con quien fuera su violador, eximiéndolo así de la acción penal. La derogación se produjo después del femicidio de Carla Figueroa, una mujer que se casó con su abusador y a los pocos días de recuperar la libertad éste la apuñaló hasta la muerte.
La ley 26.743 entiende a la identidad de género autopercibida como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales".
Además de garantizar el derecho de las personas a ser tratadas y registradas legalmente con la identidad de género autopercibida, la ley también contempla el acceso a tratamientos médicos para la adecuación a dicha identidad, los cuáles deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.
Esta Ley fue precursora mundialmente en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades de las personas trans. A partir del año 2021, mediante el Decreto 476/2021 se incorpora la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” en el DNI y el pasaporte, para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino.
El derecho a la identidad es una demanda histórica del colectivo de lesbianas, gays, travesti, transexual y transgénero, del cual dependen otros derechos básicos. En 2010 se conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNxLIG) integrado por activistas independientes y por organizaciones LGBTIQ+ de todo el país. Tanto la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) como el FNxLIG tuvieron un papel central en el impulso de la Ley 26.743 y en el desarrollo de argumentos para terminar con la judicialización, patologización y criminalización de las personas trans.
Entre las principales referentes del proyecto se encuentra Lohana Berkins, quien fue una activista, escritora y docente argentina, referente del colectivo travesti y transgénero en Argentina y en la región. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, que brinda trabajo a personas travestis y transgénero. Lohana fue una luchadora incansable de todas las reivindicaciones feministas. Falleció en 2016 dejando un legado invaluable para los movimientos feministas y transfeministas.
Diana Sacayán fue otra de les grandes activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo travesti y transgénero en Argentina y en la región. El 2 de julio de 2012 se convirtió en la primera mujer transgénero argentina en recibir un documento nacional de identidad que afirmaba su género y tuvo un participación muy importante en la promoción del trabajo digno para las personas travestis y personas trans. Diana fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.) en 2001 y junto con Lohana Berkins formó parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género en Argentina durante el proceso de debate público por la Ley 26.743 de Identidad de Género. Fue asesinada el 11 de octubre de 2015 lo que causó gran conmoción en los colectivos LGTBIQ+ que se movilizaron fuertemente para que se juzgue y se condene a los travesticidas. En 2018 se desarrolló el juicio por el asesinato de la activista trans y el asesino fue condenado a prisión perpetua por haber mediado violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía. Por primera vez la justicia argentina habló de "travesticidio" para dar visibilizar el hecho como un crimen de odio por identidad de género.
La ley reforma el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género introduciendo la figura del femicidio y los crímenes de odio. Esta norma incluye el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que de muerte a una mujer mediando violencia de género, en los términos de la Ley 26.743 de identidad de género. Además, incorporó otras figuras agravadas que podrían configurar un femicidio, a través de la ampliación de los supuestos contemplados en los incisos 1° y 4°, y la inclusión de un nuevo tipo penal en el inciso 12, conocido como homicidio vincular. En el inciso 4º se incorpora como agravante el odio a la orientación sexual de las personas, la identidad de género y/o su expresión. Asimismo, especifica que ya no se podrá aplicar ni plantear circunstancias extraordinarias de atenuación en casos donde la persona acusada hubiera realizado actos de violencia de género.
Desde el año 2015, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género. Para llevar adelante esta tarea, todas las jurisdicciones del país aportan la información relativa a las causas judiciales, las víctimas y los sujetos activos de femicidio.
El femicidio de Wanda Taddei (2010) y el juicio contra su femicida Eduardo Vazquez fue una bisagra que evidenció las denuncias del movimiento feminista sobre las fallas de la justicia, la impunidad y la legitimación de conceptos como "emoción violenta” para atenuar las penas o poner en cuestión la dignidad de las víctimas.
En Argentina se estima que ocurre un femicidio cada 30 horas. La orgarnización La Casa del Encuentro realiza desde el 2008 un relevamiento de femicidios y travesticidios/transfemicidios a través de las noticias en los medios de comunicación. Hasta el 2015, cuando la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó con el registro oficial, solo se contó con los datos provenientes de relevamientos sostenidos por la sociedad civil.
La ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas sancionada en el 2008 tomo como marco jurídico el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, el cual había sido ratificado por Argentina en 2002.
Originalmente, la ley comprendía por "trata de personas" el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación. La explotación puede incluir la prostitución, la pornografía, la servidumbre, el trabajo forzado, la esclavitud y la extracción de órganos. A traves de la ley se establecen una serie de derechos para las víctimas, como la provisión de alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal. También debe garantizar el acceso a la asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita; así como se debe proteger su identidad e intimidad y brindarles condiciones especiales de protección y cuidado para testificar. La ley también consagra el principio de no punibilidad para las víctimas de trata de personas, es decir no se las puede penalizar por cometer delitos que sean el resultado directo de haber sido objeto de trata, ni aplicar sanciones migratorias o administrativas.
En 2012, en un contexto de fuertes debates entre distintas posiciones dentro del movimiento feminista, se aprobó una modificación de la primera ley donde se unificó la situación de personas mayores y menores de edad, determinó que el consentimiento de las víctimas era irrelevante para exonerar los delitos y eliminó los medios comisivos (o engaños) para configurar el tipo penal de trata de personas adultas, que pasaron a constituir agravantes. Modificó las finalidades de explotación e incorporó el agravante de consumación de la explotación, entre otras modificaciones.
En 2014 se creó el Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata para colaborar con el acceso a la justicia, la defensa y la promoción de los derechos de las personas víctimas de trata.
María de los Ángeles "Marita" Verón fue secuestrada por una red de trata en la provincia de Tucumán el 3 de abril de 2002 y permanece desaparecida. El caso Marita Verón logró una gran atención pública, amplia cobertura de los medios de comunicación y se convirtió en un caso emblemático gracias a la búsqueda incansable que emprendió su madre, Susana Trimarco. Desde la desapareción de su hija, Trimarco se ha dedicado a combatir y prevenir la trata de personas, se disfrazó y visitó prostíbulos para recopilar pruebas y testimonios clave que llevaron a la condena de diez acusados; creó una fundación que lleva el nombre de María de los Ángeles, ha participado en múltiples rescates y ha recibido reconocimiento a nivel internacional.
A inicios de 2012, la causa llegó a juicio oral y en diciembre los jueces absolvieron a los/as 13 imputados/as. El fallo provocó una reacción de rechazo y repudio social de los más diversos ámbitos hasta el punto de que la presidenta Cristina Fernández incluyó la reforma de la Ley - que tenía media sanción desde 2011 - en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados/as. Finalmente, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputados.
AMADH, la Asociación Civil La Casa del Encuentro, La Alameda y la Fundación María de los Ángeles, entre otras, son organizaciones que luchan contra la trata de personas con fines de explotación sexual, trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico. Fundaciones y redes integradas por sobrevivientes, familias y activistas, que brindan asistencia a las víctimas, protección y trabajan para su prevención. Estas organizaciones han visibilizado la problemática, impulsando la sanción de Leyes y la creación de espacios institucionales, como el PROTEX o el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y han tenido un papel activo en el proceso de rescate de personas, desmantelamiento de prostíbulos o talleres clandestinos.
Mediante la sanción de la ley 26.862 de Reproducción médicamente asistida, se garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, de baja o alta complejidad, a toda persona mayor de edad, independiente del estado civil u orientación sexual y de la prestación de salud que posea. La Resolución 1045/2018 determina la cobertura del 100% en medicamentos para tratamientos de reproducción médicamente asistida, los que deberán ser brindados por los agentes de salud.
La ley fue impulsada por organizaciones LGBTIQ+, como la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT), la CHA, y la Fulana. Estas organizaciones lograron que el acceso a los procedimientos médico-asistidos sean gratuitos y que incluyera a mujeres solteras y a familias de la diversidad sexual.
Con la sanción de la ley se dió un importante paso en materia de igualdad de acceso a los derechos reproductivos, en cuanto no ser heterosexual, no estar casado/a y no tener recursos económicos dejó de ser impediemento para que los deseos de maternar o paternar se vean postergados o imposibilitados.
Ni Una Menos visibilizó la problemática de la violencia machista y de género y la puso en la agenda pública. La chispa fue el atroz femicidio de Chiara Páez que dio lugar al repudio colectivo y masivo en diferentes puntos del país. Impusalda por un grupo principalmente de periodistas feministas, el lema #NiUnaMenos se convirtió en bandera de resistencia frente a los reiterados casos de femicidios y su ineficaz y revictimizador abordaje.
El tratamiento amarillista y estereotipado de los medios y el desinterés de las instituciones fue un caldo de cultivo para la indignación multitudinaria que se manifestó. El movimiento que emergió tuvo un impacto significativo en la sociedad y en las políticas públicas. A través de movilizaciones masivas y campañas de concientización, el movimiento ha logrado llamar la atención de la sociedad y de los y las responsables de la toma de decisiones. También ha trascendido las fronteras y llegado a otros países del mundo, inspirando movilizaciones similares e incluso compartiendo el uso de pañuelos como emblema de lucha.
A partir de movilizaciones se impulsó la creación de los registros de violencia contra las mujeres y de femicidios, se incrementó el presupuesto destinado a la prevención y atención de las violencias de género, se crearon organismos y áreas especializadas en la atención y prevención de la violencia de género en diferentes instituciones y lugares de trabajo, se amplió el alcance de la Línea 144, entre otras acciones para generar conciencia. Además, se exigió la elaboración de un Plan Nacional de Acción contras las Violencias, una deuda pendiente desde la sanción de la ley 26.485 del 2009.
La multitudinaria marcha Ni Una Menos del 3 de junio de 2015 impactó en los modos en que los ámbitos de decisión política verían a las mujeres como "sujeto político". Las demandas feministas cobraron relevancia y fueron incorporadas con mayor fuerza en la agenda pública, impactando incluso en las elecciones presidenciales con todos los candidatos y candidatas apoyando públicamente al movimiento.
El nuevo Código Civil y Comercial (CCyC) incorpora avances significativos en la igualdad de género y los derechos de las mujeres, los colectivos LGBTIQ+, niñas, niños y adolescentes. Se incorpora la figura de las uniones convivenciales, las técnicas de reproducción humana asistida y la regulación de principios básicos relativos a los procesos de familia. Entre algunos de los avances más relevantes, se encuentra:
1) El matrimonio no distingue sexo de las parejas.
2) Se incorpora un régimen de bienes donde se introduce la compensación económica para quienes están en desventajas por dedicarse a las tareas de cuidado del hogar.
3) Se reconoce el parentesco y la filiación por métodos de reproducción humana asistida, además de por naturaleza y por adopción. Se introduce el concepto de “voluntad procreacional” que se refiere a la decisión autónoma e independiente de ser madre o padre, y garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
4) Reconoce la capacidad jurídica plena para las mujeres mayores de edad, sin importar su estado civil, es decir que tienen los mismos derechos y responsabilidades legales que los varones, independientemente de si están casadas, solteras o divorciadas.
5) El divorcio por presentación conjunta, es decir que se puede solicitar el divorcio de mutuo acuerdo sin tener que demostrar culpa o separación previa.
6) Reconoce el derecho a la identidad de género y garantiza el desarrollo libre de las personas conforme a su identidad de género y orientación sexual.
7) La patria potestad se sustituye con la “responsabilidad parental”, que consiste en un conjunto de deberes y derechos de padres y madres sobre sus hijos e hijas menores de edad. Esta responsabilidad se ejerce siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental, entre otros.
Los debates en torno a la unificación y reforma del CCyC se extendieron desde el año 2011 hasta fines de 2014 que se sancionó su reforma. Gran parte de los avances hacia una sociedad más justa e igualitaria son resultado de las luchas y derechos conquistados por los movimientos feministas y de la diversidad sexual que han exigido que se reconozca su derecho a existir en igualdad de condiciones a nivel social, político y jurídico. Si bien hubo conceptos que el movimiento no logró incluir en la versión aprobada, el nuevo texto del Código refleja la consolidación de los derechos conquistados desde 1983.
Mujeres de las 36 naciones originarias marcharon por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires acompañadas por la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas (Línea Fundadora) y miles de personas de organizaciones ambientalistas, feministas, sociales y sindicales para "instalar el buen vivir como un derecho". Hicieron un llamado al pueblo argentino para que reconozca su existencia y se elabore una propuesta por el Buen Vivir. Tras la movilización, llegaron al palacio legislativo y presentaron ante los diputados que las recibieron un anteproyecto de Ley para la creación de un "Consejo de Mujeres del Buen Vivir", en defensa del territorio y del medio ambiente.
Mediante la Ley 27.210 se crea el Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de genero, con el objetivo específico de brindar patrocinio jurídico gratuito y garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia de género, tal como estipula la ley 26.485. Los primeros profesionales iniciaron sus actividades en 2019 y el Cuerpo dependió primero de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hasta el año 2021 y luego pasó a depender del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El 16 de octubre, diez varones intentan violar a Higui, una mujeres lesbiana, en un hecho de discriminación y violencia que se conoce como "violación correctiva", atacándola al grito de “te vamos a empalar, tortillera”. Este ataque fue el punto máximo de un hostigamiento sostenido que venía sufriendo por un grupo de varones de su barrio, había sido anteriomente golpeada y hasta llegaron a incendiar su casa en dos oportunidades. Ella se defendió con un cuchillo y mató a uno de los agresores. Éstos realizaron la denuncia contra ella, que al poco tiempo fue detenida. Llegó a la cárcel desfigurada y con signos de abuso, pero no fue escuchada y hubo gran cantidad de irregularidades en el proceso. Estuvo presa 8 meses hasta que en 2017 fue excarcelada y en 2022 absuelta.
Muchas organizaciones y activistas reclamaron por la libertad de Higui. Actualmente, ella trabaja para promover el conocimiento de los derechos ante la policía y por mejorar las condiciones de vida de las internas en la cárcel.
Ese primer acto se convirtió en el antecedente del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis al que se convocaría el 8 de marzo del 2017 y al cual se seguiría llamando cada año.
Como estrategia política, el paro no solo denunció la crueldad de los femicidios y la falta de respuesta estatal, sino que también funcionó como punto de unidad entre militancias feministas y sindicalistas. Desde entonces, se han sostenido acciones coordinadas que revitalizaron los 8 de marzo como un día de lucha. Se visibilizó la necesidad de que los ámbitos laborales se conviertan en espacios más equitativos y libres de violencia, retomando la importancia de la autonomía económica para la prevención y erradicación de la violencia de género.
Lucía Pérez tenía 16 años y vivía en Mar del Plata cuando el 8 de octubre de 2016 fue brutalmente asesinada. A fines de 2018 se realizó el primer juicio contra los acusados Matías Gabriel Farías, Alejandro Alberto Maciel y Juan Pablo Offidani. Los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, en una polémica y muy criticada sentencia, absolvieron a los tres acusados por el delito de violación seguida de muerte y condenaron a ocho años de prisión a los dos primeros por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores en inmediaciones de una escuela. El fallo fue apelado por la fiscalía y la familia de la víctima. En agosto de 2020, la Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó esas absoluciones, dispuso la "nulidad" del juicio y ordenó la realización de uno nuevo. Este fallo fue ratificado por la Suprema Corte provincial, que le puso fecha al nuevo proceso que finalizaría en 2023 con la condena de Matías Farías y Juan Pablo Offidani por considerarlos culpables del abuso sexual y posterior femicidio de Lucía Pérez. Alejandro M. Macial había fallecidó en 2020.
En marzo del 2021 la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió por unanimidad la acusación por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” de los tres jueces que llevaron a cabo el juicio en primera instancia. Los jueces de la absolución, Gómez Urso y Viñas, fueron suspendidos en sus funciones para ser sometidos a un jury mientras que Carnevale, por su parte, renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jurado de enjuiciamiento. Finalmente, el informe los cuestionó la absolución de los autores “del gravísimo delito de abuso sexual con acceso carnal agravado” posterior al “suministro de estupefacientes".
El plan ENIA tiene por objetivo prevenir los embarazos no intencionales que afectan principalmente a niñas y adolescentes a través de garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, accediendo a la educación sexual integral y brindando asesorías y consejería en salud sexual y reproductiva en los establecimiento educativos. Es una iniciativa que articula diferentes ministerios como el de Salud, Educación y Desarrollo Social.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) se encarga del diseño y propuesta de las políticas públicas de protección integral para prevenir y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La modificación institucional fue un paso importante que exigían las feministas en tanto permitió jerarquizar al organismo equiparándolo a una Secretaría de Estado y contar con presupuesto propio (Decreto 698/2017). A partir de las demandas surgidas en las movilizaciones del #NiUnaMenos, el INAM elaboró e implementó el primer Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 2017 - 2019.
En repudio al operativo montado por la policía en una playa de Necochea ante el topless de tres mujeres, el 7 de febrero las feministas convocan a través de las redes a un Tetazo en el Obelisco bajo las consignas “¡No más censura a nuestros senos! ¡La única teta que molesta es la que no se puede comprar!”.
El 8 de marzo de 2017, se lleva a cabo el Primer Paro Internacional de Mujeres al grito de la consigna "Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!", junto a más de 50 países, para visibilizar el trabajo doméstico no remunerado y otros temas relacionados con la igualdad de género en el mundo del trabajo.
El 3 de junio se convoca a la segunda marcha convocada por el #NiUnaMenos bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en repudio al préstamo de miles de millones de dólares que había tomado en mayo el presidente M. Macri al FMI comprometiendo en su pago a las generaciones futuras. Además, el “Ni Una Menos” se constituyó como un colectivo enfocado en la lucha contra la violencia de género, los femicidios y los trans/travesticidios.
La Ley de cupo femenino de 1991 cumplió un papel importante impulsando y ampliando la presencia de mujeres en la política. Sin embargo mostró sus limitaciones al convertirse en la práctica en un techo y no un piso para el 30% de participación femenina en los cargos electivos. A 26 años de aquella primera ley, las mujeres no llegaban a ocupar más del 35% de las bancas legislativas. El objetivo de la Ley de Paridad es garantizar que exista equidad de género en los órganos legislativos, promoviendo una mayor pluralidad de voces y el fortalecimiento político y social de las mujeres en puestos de decisión.
En el marco del 32º ENM, en Resistencia (Chaco), las mujeres originarias tuvieron una gran participación. Realizaron el taller “Mujeres y autodeterminación de los pueblos”, en el que se propuso nombrar a los Encuentros como “Plurinacional” para visibilizar a las mujeres indígenas. Con esta impronta se eligió como sede del 33º Encuentro a la ciudad de Trelew (Chubut), por su importante presencia de comunidades mapuche, tehuelche y galesa, que venían resistiendo al colonialismo y al patriarcado.
A inicios de 2018 la Marcha de Mujeres Originarias se renombró como Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, poniendo de relieve la importancia de ser un movimiento de acción y elaboración de propuestas para cambiar sus realidades, resistir al extractivismo y luchar contra todas las formas de violencia. Ese mismo año se celebró el Primer Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir donde lanzaron la campaña #NosQueremosPlurinacional, y en el marco del ENM de Trelew (2018) plantearon con fuerza determinante la necesidad de cambiar el nombre del evento para que sea inclusivo y representativo de todas las identidades y colectivos que participaban desde sus inicios en 1986.
En 2019 la organización misma del 34º ENM en La Plata estuvo atravesada por la disputa entre cambiar el nombre o conservar el existente y finalmente no se logró llegar a un acuerdo. Debido a la pandemia no se volvió a realizar el Encuentro por 2 años, hasta el 2022 que se concretó en San Luis el 36º Encuentro que pasaría a llamarse oficialmente Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex y No Binaries.
Entre marzo y agosto de 2018 se trató en el Congreso de la Nación Argentina el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este debate movilizó a millones de personas a manifestarse en favor del derecho al aborto, en diferentes puntos del país, representadas por el pañuelo verde de la Campaña. El 14 de junio de 2018, después de 20 horas de vigilia en la noche helada del invierno, la Cámara de diputados y diputadas le dio media sanción al proyecto pero el Senado lo rechazó el 8 de agosto. Sin embargo, la movilización y el debate parlametario marcan un hito en la histórica lucha por el derecho a la autonomía a decidir sobre el propio cuerpo y la maternidad y dejó sentado a nivel político y social las bases de la legitimidad del reclamo y los caminos que abrieron a las movilizaciones populares en Argentina.
En noviembre de 2017 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina fue elegida como coordinadora regional de la Campaña 28 de Septiembre para América Latina y el Caribe, en el marco del Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (EFLAC-Montevideo). Así tomaron relevancia regional las acciones que se venían desarrollando en el país.
En febrero de 2018, el tema se instaló en distintos programas televisivos con mucha audiciencia y la Campaña aprovechó para llamar a un masivo Pañuelazo Federal el 19 de febrero. Seguidamente el presidente Mauricio Macri manifestó públicamente que no impediría el debate. Las presiones para iniciar el debate fueron importantes tanto desde un grupo de diputadas de diferentes partidos que se denominaron las Sororas y el movimiento social que presionaba con acciones públicas y federales.
Durante tres meses desfilaron activistas, profesionales y diferentes personas exponiendo los puntos a favor y en contra de la sanción de la ley. Mientras en las calles acompañaban multitudes verdes que apoyaron la aprobación.
Esos meses de debate implicaron que todos los poderes públicos y la sociedad escucharan, atendieran y tomaran posición sobre el derecho al aborto voluntario. Si bien la ley no se aprobó, las masivas manifestaciones en las calles y en las redes sociales mostraron al mundo la legitimidad social ganada por las demandas feministas en el Cono Sur y la capacidad de movilización alcanzada por el movimiento de mujeres, feministas y LGBTIQ+.
En 2011 se crea REDAAS, una Red de Profesionales de la Salud y el Derecho con el compromiso de acompañar y atender a las mujeres en situaciones de aborto legal, y con el objetivo de promover la sancón de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, remover barreras institucionales y políticas para el acceso al aborto. Nace como iniciativa del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y se institucionalizó bajo el nombre de REDAAS en 2014, en una construcción conjunta con ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir surge en 2015 con el objetivo de acompañar y garantizar las interrupciones legales del embarazo desde el sistema de salud. A partir del debate, se ampliaron y asentaron las bases para lo que luego sería el desafío de la aplicabilidad de la Ley IVE desde el 2020 en el sistema de salud, ya que los acompañamientos que las organizaciones y redes profesionales venían garantizando por fuera del sistema médico permitieron contar con estadísticas y estudios sobre el funcionamiento del procedimiento medicamentoso.
La Red de Docentes por el Derecho a Decidir también se vio enriquecida a partir de la movilización para la eliminación del artículo 5 de la Ley de ESI y la promoción de la defensa de la libertad de expresión de docentes que habían sido sancionadas por llevar el pañuelo verde a clases y/o por promover el debate en las escuelas. Esta Red, surgida en 2014 para exigir el pleno cumplimiento del Programa de ESI, impulsó la organización del I Encuentro Federal de la Red de Docentes, llevado a cabo finalmente en 2019.
Dentro de la academia también se encuentran múltiples estrategias orientadas a la conscientización sobre la temática. En 2011 en la UN de La Pampa se crea la primera Cátedra Universitaria por el Derecho al aborto. Posteriormente se realiza en 2012 en la UNQui, en 2013 en la UNComahue, en 2015 en la UBA. En 2018 se realizaron varias cátedras y actividades en diversas facultades y universidades del país: En la UNC, en la UNSalta, en la Universidad de La Plata, en la de Cuyo, en la UBA, Comahue y de Lanús (UNLa). Y en 2019 se realiza el Primer Encuentro Federal de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto, a partir del cual se crea la "Red universitaria de cátedras por el derecho a decidir" (RUDA).
El proyecto de ley se inspiró en el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años, cuya madre fue víctima de femicidio a manos de su marido en 2014. En 2017 su padre fue condenado a prisión perpetua. Brisa y sus hermanos quedaron al cuidado de su tía y su marido y las condiciones económicas eran desfavorables.
La asociación civil La Casa del Encuentro tomó el caso de Brisa para reclamar en el poder legislativo una herramienta de contención que le brindara un sustento a los hijos de víctimas de femicidio, hasta cumplir la mayoría de edad. Esta ley reconoce a los niños y niñas como víctimas colaterales de un femicidio y busca garantizar su derecho a ser protegidas y protegidos para crecer en un ambiente sano y libre de violencias.
Este registro tiene la particularidad de poder identificar (siempre que el dato haya sido registrado) a las mujeres y LGBTIQ+ por DNI más allá de la cantidad de denuncias que hayan realizado. De esta manera, es posible trazar la trayectoria de una misma persona a lo largo del tiempo, conociendo cómo es la ruta crítica que transita. El objetivo es contar con información que sirva para la planificación y la puesta en marcha de políticas y estrategias que refuercen la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Según el Registro, que es administrado por el INDEC y se basa en la información proporcionada por los organismos públicos que registran casos de violencia contra las mujeres por razones de género, entre marzo de 2013 hasta diciembre de 2018 se registraron 576.360 casos de violencia contra las mujeres mayores de 14 años (INDEC, 2019).
La ley N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles, jerarquías y poderes del Estado.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad está a cargo de garantizar que se aplique la ley cumpliendo con los contenidos bibliográficos mínimos aprobados para la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y la elaboración de estrategias para su erradicación. Las formaciones comenzaron a ser efectivas en 2020 después de su reglamentación en 2019.
Tras el femicidio de la adolescente Micaela García, en abril del 2017 en Gualeguay (Entre Ríos), se convocaron movilizaciones feministas que exigieron a los organismos del Estado que todos los trabajadores estatales cuenten con instancias de capacitación obligatoria en perspectiva de género con la certeza de que es necesario que los funcionarios públicos estén formados en cuestiones relativas a la violencia y los derechos de las mujeres y LGTBIQ+ para actuar de manera más efectiva en la prevención, atención y reparación de la violencia machista.
La demanda se articuló al conocerse que el autor del femicidio, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres pero estaba en libertad condicional desde unos días antes del femicidio a pesar de que el informe criminológico recomendaba no otorgársela.
Según la Ley 27.501, el acoso callejero es una modalidad de violencia contra las mujeres que se produce en el espacio público. Consiste en acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones. El acoso sexual se basa en el género o en la identidad sexual de la persona que sufre el acoso. La ley también se aplica al acoso en espacios privados de acceso público como, por ejemplo, un centro comercial, un teatro o un bar.
La persona que acosa sexualmente a otra puede ser sancionada con una multa, la obligación de hacer trabajos para la comunidad o el arresto. El acoso sexual callejero se castiga porque afecta la dignidad y los derechos fundamentales de la persona acosada, quien sufre un ataque a su libertad, integridad y derecho al libre tránsito.
El acoso callejero es una de las formas de violencia más naturalizadas e invisibilizadas en nuestra sociedad. Según datos relevados por FEIM en 2022, el 97% de las mujeres han sufrido acoso sexual callejero. En el 73,3% de los casos de acoso callejero la persona agresora lo hizo individualmente y en presencia de terceros que no intervinieron.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue creado el 10 de diciembre, el mismo día en que asume la presidencia de Alberto Fernández con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y promover una sociedad más igualitaria que impulse la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.
La relevancia de contar con un Ministerio es que constituye un mecanismo de políticas de género con la mayor jerarquía institucional que depende directamente del Poder Ejecutivo de la Nación, lo que brinda capacidad de incidencia y de acción. Continuó promoviendo las líneas de trabajo de los espacios anteriores como la de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y amplió el campo de acción con Políticas de Igualdad y Diversidad, y la Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad.
La actual década inició con importantes logros para la agenda de género, con la jerarquización de su institucionalidad a través de la puesta en marcha del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y una vez más, encontró a las mujeres y diversidades manifestándose en las calles por el aborto legal, seguro y gratuito, victoria que finalmente llegaría a fines del 2020. La pandemia de la covid-19, que sorprendió al mundo y forzó que la gran mayoría de la población se resguardara al interior de sus hogares, visibilizó la relevancia social que tienen los trabajos de cuidados que realizan generalmente las mujeres y personas feminizadas. Esta situación dejó al descubierto tanto la sobrecarga en las tareas de cuidados y domésticas como la precariedad laboral y de subsistencia de las mujeres y personas LGBTIQ+, problemas que eran escasamente abordados por las políticas de género. Como resultado, la desigualdad que se mantenía oculta tras las tareas de cuidado se volvió un tema de agenda pública y política, y el poder ejecutivo nacional elaboró un proyecto de ley para la creación de un sistema integral de cuidados.
Una década que apenas está comenzando pero que encuentra al movimiento feminista en acción. Frente al avance de discursos crecientemente sexistas, homofóbicos, racistas y clasistas, las mujeres y LGBTIQ+ se posicionan al frente de la defensa de los derechos ganados y de la democracia que supimos construir y fortalecer a lo largo de 40 años.
Esta ley establece los derechos y garantías de las personas durante la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la atención postaborto, así como dispone su obligatoriedad en todo el país y que la cobertura integral y gratuita de la práctica sea incorporada por todo el sistema de salud.
El debate y las movilizaciones desplegadas en 2018 ubicaron al derecho al aborto en un lugar central en la escena política y social. Lo desencadenado por el movimiento feminista y de diversidad sexual ya no tendría retorno. El 16 y 17 de marzo 2019, en una reunión Plenaria de la Campaña se elabora un proyecto de ley producto de un intenso debate federal y tomando como base la media sanción obtenida. Se aprueba así la última versión del Proyecto de Ley IVE presentado en mayo de 2019 y que acompañará las acciones en el contexto electoral.
Durante la campaña electoral, todos los candidatos manifestaron sus posturas en relación con el aborto, la violencia machista y los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. El candidato electo Alberto Fernández manifestó que su gobierno tendría una política activa en post de los derechos de las mujeres y diversidades y que impulsaría la legalización del aborto en 2020. Durante todo el año, la Campaña por el Derecho al Aborto se movilizó activamente para que no quedara en promesas electorales. El 19 de febrero de 2020 organizaron el tercer Pañuelazo Federal con una gran convocatoria y bajo la consigna “El Proyecto está en las calles”. El 8 de marzo, la marcha del Día Internacional de la Mujer celebrada en distintas ciudades tuvo a la legalización del derecho al aborto como principal consigna.
El 12 de marzo se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero la Marea Verde no se detuvó y siguió presionando de manera virtual y por redes sociales para impulsar el avance de la ley. Con la creatividad de siempre, las acciones se adecuaron a los contextos de la pandemia en los diferentes puntos del país. El 17 de noviembre el presidente presentó el proyecto de ley que fue debatido durante diciembre. La Marea Verde se movilizó en todo el país en su apoyo, con distancia social y tapabocas siguieron el debate desde las calles y a la luz de vigilias en todo el país se celebró el 30 de diciembre la sanción de la ley que disputa con mayor fuerza el derecho a decidir sobre los propios cuerpos.
El 2020 encontró a las feministas en una posición política de poder, convencidas del derecho a exigir lo que es suyo y construyendo un mundo con mayor justicia.
La dirección está encargada de coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva en el país. Realiza cursos y talleres de formación para profesionales de la salud, docentes y otros actores sociales, y busca extender las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos a todos los sectores sociales. También trabaja en la prevención y atención de abusos sexuales y en prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Ha promovido las herramientas para el cumplimiento primero de las interrupciones legales del embarazo (fallo FAL 2012) y desde fines de 2020 la interrupción voluntaria del Embarazo, a través del fortalecimiento de toda la red federal de salud que existe en el país.
El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo fue adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 2019. Establece que los Estados parte deben adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón de género, y que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas.
El convenio establece a la violencia y al acoso laboral como una violación a los derechos humanos de las personas trabajadoras; reconoce que afecta más a las mujeres y diversidades; reconoce que la violencia y el acoso tiene impacto en la salud psicosocial de la persona que lo sufre (problemas de sueño, angustias, depresiones) y reconoce que impacta en toda la organización porque genera un ambiente de trabajo hostil. También promueve un alcance amplio: reconoce las expresiones que suceden en el empleo formal e informal, en el sector público y privado. En una oficina, una planta, en viajes, traslados y en las comunicaciones a través de todo tipo de medios incluidos los virtuales. Protege a las personas que trabajan, están en formación, búsqueda de empleo, que fueron despedidas y a quienes emplean.
Por último, establece que los Estados deben asumir la obligación de garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiados y eficaces y a mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos en los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo que sean seguros, equitativos y eficaces.
El tratamiento de políticas para la prevención, atención y reparación de la violencia contra mujeres y LGBTIQ+ en el mundo del trabajo es una demanda histórica del movimiento de mujeres, sindicalistas y feministas. La situación de precariedad y los obstáculos para el acceso y permanencia en el trabajo fue una temática que cobró más y más fuerza a partir de las movilizaciones que siguieron al 2015, tal como se observó en el Primer Paro de Mujeres que se realizó contra el ajuste en octubre de 2016 y en respuesta al incremento de los femicidios donde las consignas señalaban: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras” o “Si nosotras paramos, se para el mundo”.
Durante 2020 se realizaron las Asambleas de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia donde las cientos de participantes de todo el país, evaluaron, mapearon y tejieron solidaridad y resistencia frente a la sobrecarga en el trabajo de cuidados y las tareas domésticas durante la crisis sanitaria pero también reconociendo que era un problema que las afectaba desde siempre. Allí denunciaron la falta de políticas de cuidados, de promoción de la corresponsabilidad y de reorganización de la división sexual del trabajo. Además se discutió sobre las implicaciones del teletrabajo en la vida de las trabajadoras, a la vez que denunciaron la falta de voces feministas en la Ley de teletrabajo - Ley 27.555 - sancionada y promulgada en julio-agosto de 2020.
Se trata de un programa de cuidado de las personas gestantes y los niños y niñas hasta los 3 años, a través del cual se contribuye para que las personas embarazadas y las infancias puedan acceder a una nutrición saludable, los controles médicos necesarios y, además, promueve mejorar los vínculos para generar entornos más amorosos para las niñeces y garantizar su bienestar.
El movimiento feminista apoyó la iniciativa en el marco de las políticas de protección de la maternidad y las infancias, como son la Asignación Universal por Hijo/a (2009), las pensiones para madres con más de 7 hijos e hijas o con discapacidades, y la Asignación por Embarazo (2011). También los programas Cunitas y Sueños Seguro, los programas de promoción de la Lactancia Materna, y el Plan Nacer/Sumar.
El cupo es una medida de acción afirmativa para lograr la inclusión laboral efectiva de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades para un colectivo que ha sido historicamente discriminado. Tiene su antecedente inmediato en el Decreto 721/2020 que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis-trans.
Asimismo, la normativa contempla medidas fundamentales para garantizar el acceso y permanencia de las personas travestis-trans al ámbito laboral y para su efectivo cumplimiento:
1) Todos los organismos públicos a deben promover acciones de sensibilización con perspectiva de género y diversidad en los ámbitos laborales, con el fin de alcanzar la plena inclusión y combatir la discriminación hacia la comunidad trans.
2) Si la persona aspirante al puesto laboral no ha finalizado los estudios secundarios, podrá acceder al mismo a condición de finalizar el nivel educativo faltante.
3) En cuanto al sector privado, la norma establece un incentivo tributario que consta en la eximición del pago de aportes patronales por 12 meses desde la contratación.
4) Se promueven líneas de crédito del Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero.
La iniciativa fue impulsada por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, junto con algunas diputadas nacionales. El nombre de esta Ley rinde homenaje a las activistas pioneras en la lucha travesti-trans Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Este reclamo se entreteje con una historia de discriminación y exclusión que deja a la inmesa mayoría de les travestis-trans sin acceso a salud, educación, vivienda ni trabajo. Una enorme precarización social y económica agravada por la violencia y los abusos que sufren institucionalmente, los crímenes de odio y las muertes evitables que hacen que la esperanza de vida de este colectivo esté entre 35-40 años.
En el 2017, el Ministerio Público Fiscal publica el informe "La revolución de las mariposas" donde se actualizan los datos que 10 años atrás había recopilado Lohana Berkins en "La gesta del nombre propio" sobre las condiciones de vida de la población Travetis-Trans. Los resultados de la investigación de 2017 mostró una realidad preocupante: "solo el 9% de las mujeres trans entrevistadas dijo estar inserta en el mercado formal de trabajo, el tiempo que el 15% manifestó tareas informales de carácter precario, un 3,6% expresó vivir de diversas políticas públicas. Para el resto, más del 70% la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingreso."
La política le permite computar a las mujeres con hijos e hijas años adicionales al sistema previsional: 1 año adicional de aportes por hija/o; 2 años de aportes adicional por hija/o adoptada/o. Además, se otorga 1 año adicional por cada hijo/a con discapacidad y 2 años por haber cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante 12 meses o más.
Estos años reconocidos pueden sumarse a los años de trabajo formal para acceder a la jubilación. El Plan de Inclusión Previsional (PIP), conocido comunmente como jubilación por ama de casa (aunque no era exclusivo de las mujeres) fue implementado por primera vez en 2005 y ayudó a muchas personas a obtener una pensión digna a pesar de no haber hecho los aportes requeridos, ya sea por haber trabajado en la informalidad o por haberse dedicado al cuidado.
Modifica los artículos segundo y tercero de la Ley N° 26.130/2006 que regulaba el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica que permitía la esterilización a las personas declaradas incapaces sin necesidad que presten su consentimiento de manera autónoma. Con esta modificación las personas con discapacidad y con capacidad restringida por sentencia judicial deben brindar su consentimiento informado para la realización de la práctica.
Además, se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas de contracepción quirúrgica en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma.
La reforma de la ley de contracepción surgió del Proyecto “DeSeAr con inclusión” desarrollado por FUSA AC y la REDI, en cuatro regiones del país: Noroeste, Noreste, Centro y Buenos Aires, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2021. Buscaba promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidades en Argentina y entre sus objetivos se encontraba eliminar la violencia hacia las niñas y mujeres, especialmente la violencia institucional que experimentan en el acceso a los servicios de salud. La esterilización sin consentimiento es un claro ejercicio de violencia contra las personas con discapacidad y por tanto se buscó poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad.
La inclusión de mujeres y LGTBIQ+ en el ámbito de la comunicación es un avance para eliminar desigualdades históricas en la manera en que han sido representadas mediática y simbólicamente en la televisión, la radio y la prensa escrita, además de revertir la invisibilización y deslegitimización de su trabajo como comunicadoras.
La Ley alcanza a todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, de acuerdo con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La equidad en la representación de los géneros se aplica a todos los puestos de trabajo en los servicios de comunicación, incluyendo los cargos de conducción y toma de decisiones.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a una comisión redactora conformada por 9 especialistas y representantes de la sociedad civil que lideraron una serie de instancias consultivas con organizaciones y organismos que participan del cuidado como sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones feministas, LGBTI+, de personas con discapacidad, de la niñez, de las personas mayores y de la economía popular y social, elaboran y presentan un proyecto de Ley para la Creación de un Sistema Integral de Cuidados y una reforma integral del esquema de licencias.
Durante este periodo, Argentina fue el país anfitrión de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL – ONU Mujeres), cuyo tema central fue "La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género", realizada en noviembre de 2022 en Buenos Aires. Fruto de esta conferencia se elabora el documento "Compromiso de Buenos Aires" que reconoce como un derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y a ejercer el autocuidado. Asimismo llama a promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una organización social de los cuidados más justa, en el marco de un nuevo modelo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.
Feministas de diferentes organizaciones de todo el país y la región organizaron el Foro Feminista, un evento paralelo que se realiza en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de CEPAL. Este foro es una estrategia adoptada por las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista para incidir en la agenda de los Gobiernos que participan de la Conferencia.
Aproximadamente 3.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans de todo el país se reunieron en la EX-ESMA. Allí se desarrollaron diversos talleres donde se discutieron distintas aristas relacionadas a los cuidados, tema central de la Conferencia. Al finalizar la jornada, se elaboró el documento "Declaración de Buenos Aires", que el 9 de noviembre fue presentada y leída en la Conferencia oficial de CEPAL y es entregado a las representantes de los países para su inclusión en el "Compromiso de Buenos Aires".
Si bien el artículo 179 fue incorporado en la Ley de Contrato de Trabajo en la década del 70, no se reglamentó y permaneció incumplido hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el “Fallo Echeverry” en 2021. Este fallo señaló que la omisión de reglamentación del Poder Ejecutivo vulneraba derechos y garantías de las mujeres y las infancias, exigidas por la Constitución y tratados internacionales subscriptos. La Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas establece que los gobiernos deben brindar a los padres y madres la asistencia y la creación de instituciones, instalaciones y servicios apropiados para el desempeño de las funciones de cuidado. Por su parte, la CEDAW establece que se deben suministrar los servicios sociales de apoyo necesarios para que padres y madres puedan compatibilizar la vida laboral con las tareas de cuidado, sin que las mujeres vean vulnerado su derecho a trabajar por matrimonio o maternidad.
El decreto 144/2022 establecía un año para que las empresas se adecuen a la norma. En 2023, entra en plena vigencia la obligatoriedad y se firman diversos convenios colectivos para su implementación.
Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, la normativa reconoce las determinantes sociales de la salud y disposiciones para erradicar el estigma, la discriminación y la criminalización de personas con VIH. Algunos puntos para destacar son que:
1) Incentiva a la producción pública y nacional de medicamentos e insumos.
2) Prohíbe las pruebas preocupacionales, protege a los/as trabajadores/as con VIH y Hepatitis y habilita pensiones no contributivas para quienes lo necesitan.
3) Garantiza la provisión de leche de fórmula por 18 meses para niñes que nazcan de madres y personas gestantes con VIH y visibiliza los derechos de las personas que viven con VIH por transmisión vertical.
4) Crea una comisión Nacional de respuesta al VIH, Hepatitis, TBC e ITS con participación de redes y organizaciones con VIH y Hepatitis.
5) Amplia los contenidos de la temática en la ESI, establece un régimen previsional especial para las personas con VIH y Hepatitis.
6) Crea un observatorio sobre estigma y discriminación en el INADI.
Desde mediados de los ’80, la comunidad LGBTIQ+ llamó la atención sobre la necesidad de realizar acciones para prevenir la propagación del VIH y combatir la estigmatización y discriminación que sufrían las personas que eran diagnosticadas con la enfermedad u otras infecciones de transmisión sexual. En 1990 se sancionó la Ley de SIDA pero seguía una perspectiva meramente biomédica y los movimientos LGBTIQ+ no se conformaron, promoviendo la conformación de organizaciones y campañas para la prevención, atención y lucha contra la discriminación y exigiendo la incorporación de una perspectiva de género y de derechos humanos en el abordaje.
En 2016 las personas viviendo con VIH sufrieron una preocupante situación de faltantes de medicación retroviral, de reactivos para estudios de seguimiento y control y de preservativos. Ante esta situación, el 1 de diciembre, el “Día Mundial de la respuesta al VIH”, en el Ciclo Positivo en Casa Brandon se llegó al acuerdo de convocar a todas y todos a acompañar en la formación de un frente de organizaciones para exigir por la salud de las personas con VIH y la salud de todxs. El 13 de diciembre se realizó la primera Asamblea Popular por la Salud de las personas con VIH y conformaron el Frente por la Salud de las personas con VIH. El Frente elaboró de manera colectiva un proyecto de Ley de respuesta integral y multisectorial del VIH, que fue presentado tres veces hasta que, en 2022, fue aprobado. En la actualidad siguen luchando por la plena implementación de la Ley.
En el marco del año electoral y una profunda crisis económica, después de las elecciones PASO del 13 de agosto de 2023 los candidatos más votados hicieron declaraciones públicas sobre el derecho al aborto. Diversas organizaciones feministas y LGBTIQ+ salieron en repudio de los discursos misóginos y de odio de los sectores que amenazan con suprimir los derechos conquistados para sembrar el miedo y la incertidumbre.
El #28 de septiembre, el "Día de Acción Global por el Aborto Legal", se convocó a una movilización masiva y federal, en unidad con diversos movimientos sociales, para defender y reclamar por el derecho de todas, todos y todes a la salud, la educación y a vivir una vida libre de violencias.
Una década que apenas está comenzando pero que encuentra al movimiento feminista en acción. Frente al avance de discursos crecientemente sexistas, homofóbicos, racistas y clasistas, las mujeres y LGBTIQ+ se posicionan al frente de la defensa de los derechos ganados y de la democracia que supimos construir y fortalecer a lo largo de 40 años.
La agenda de género es la agenda de la democracia, porque sin mujeres no hay democracia.
