“Una representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisión requiere, entre otros componentes, una paridad de género de 50-50 como punto de partida y norma universal”, así lo advirtió el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-ONU), tras aprobar nuevos estándares que los estados deben cumplir para garantizar la participación de las mujeres en puestos clave.

El órgano de expertas independientes que supervisa la aplicación de la CEDAW, tratado internacional de derechos humanos del que Argentina es parte, aprobó el 23 de octubre la Recomendación 40. Se trata de un instrumento jurídico que establece obligaciones específicas para lograr una representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en todos los ámbitos, con el objetivo de lograr un cambio sistémico.

En lo relativo al Poder Judicial, el Comité estableció que se deben adoptar leyes y otras medidas para garantizar la paridad en los puestos jerárquicos, y que los Estados tienen la responsabilidad de nombrar mujeres para dichos cargos o roles cuando ello está bajo su control.

Esto no es más que un recordatorio para el Senado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina que tienen ante sí la decisión de convalidar o no la propuesta regresiva, inconstitucional y discriminatoria de nombrar dos varones para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la Resolución –dictada el 2 de septiembre de 2024– por medio de la cual rechaza la solicitud de retiro planteada por el Estado argentino respecto de la solicitud de Opinión Consultiva sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado, y su interrelación con otros derechos”. Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH son especialmente valiosas para fortalecer la aplicación y la vigencia de los derechos humanos, porque allí el Tribunal se limita a interpretar y precisar el alcance de las obligaciones estatales sobre derechos que ya existen en los tratados.

Organizaciones de la sociedad civil participamos en una sesión informativa en el Congreso de la Nación para analizar el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo. Se advirtió que el presupuesto ignora las desigualdades de género, sin asignar recursos específicos para abordar violencias y brechas que afectan a mujeres y diversidades. Recortes en áreas clave como salud, educación y políticas sociales profundizarán la precarización de los sectores más vulnerables. Las organizaciones insistimos en la urgencia de incorporar una perspectiva de género en el debate legislativo para garantizar derechos y mejorar el bienestar social, cuestionando la falta de transparencia y eficacia del proyecto actual. Este documento contiene tres puntos claves para considerar en el debate del proyecto de Presupuesto 2025.