ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Acceso a la Justicia – Discriminación y Democratización del Sistema Judicial

Para que las mujeres puedan reclamar por el efectivo cumplimiento de sus derechos su acceso a la justicia debe estar asegurado. En nuestra concepción, el acceso a la justicia es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.

El acceso a la justicia puede ser considerado desde varios aspectos diferentes, aunque complementarios:

* El acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial contando con la representación de un abogado, hecho que resulta fundamental en el camino de convertir un problema en un reclamo de carácter jurídico;* La disponibilidad de un servicio de justicia, es decir, que el sistema brinde la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudencial;

* La posibilidad de sostener el proceso completo, es decir, que las personas involucradas no se vean obligadas a abandonar una acción judicial a lo largo del proceso por razones ajenas a su voluntad. En este sentido, el sistema debería proveer los recursos e instrumentos necesarios para garantizar esta cobertura, en especial para los sectores y grupos en desventaja económica y social (el 40 por ciento de la población que vive bajo la línea de la pobreza, las mujeres que no pueden concurrir a los tribunales porque no tienen con quién dejar a sus niños, las que concurren con ellos a cuentas, las personas con trabajos precarios que pierden el jornal por asistir al tribunal; las personas que tienen dificultades de traslado, sea por discapacidades y/o por razones económicas, etc.). Por lo tanto, cuando planteamos la gratuidad para garantizar el acceso a la justicia, no nos referimos sólo al beneficio de litigar sin gastos (como las tasas de justicia o las costas de los peritos) sino también a contemplar los gastos de transportes y las pérdidas de jornales implicadas;

* El conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo en forma gratuita tanto para casos penales como civiles.