Durante los últimos años las mujeres han aumentado crecientemente su participación en el mercado de trabajo. Sin embargo, es precisamente en la esfera ocupacional donde más se evidencia la discriminación de la mujer en materia económica. Esto se explica, entre otras razones, porque la experiencia de los hombres y las mujeres en el mercado de empleo ha sido históricamente diferente, como la consecuencia más evidente de la división sexual del trabajo. Las inequidades se manifiestan en distintos aspectos: en el propio acceso a oportunidades de empleo, en las condiciones de trabajo, en las remuneraciones recibidas, en la calificación ocupacional, en la rama de actividad, en la calidad del empleo.
En ELA nos interesa constatar –a partir de estudios de caso, diagnósticos y análisis del mercado de trabajo– la presencia de “oportunidades diferenciales por sexo”; esto es, la existencia de condiciones y posibilidades de empleo desiguales, para grupos de oferentes igualmente productivos, debido a la preeminencia de factores ajenos a los económicos, para desde allí promover prácticas y acciones positivas que modifiquen las actuales estructuras discriminatorias y generen espacios productivos donde se aplique efectivamente la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.
Por otra parte, es nuestro interés revalorizar y reconocer el trabajo reproductivo que comprende las tareas y responsabilidades domésticas, y el cuidado físico y afectivo de personas dependientes (niños/as, ancianos/as). Estas tareas la realizan mayoritariamente las mujeres, quienes no reciben ningún tipo de remuneración ni reconocimiento. Además, en lo últimos años y como consecuencia de las políticas de corte neoliberal, se produjo un traslado de responsabilidades hechas por el Estado hacia la familia, donde el aumento de responsabilidades lo asumen mayoritariamente las mujeres. Por lo tanto, desde ELA consideramos que es importante promover políticas de conciliación del trabajo productivo con las responsabilidades familiares.
Por otra parte, ELA busca generar nuevos debates bajo el objetivo que se ponga en la agenda de los poderes públicos la necesidad y urgencia de revisar los actuales sistemas de seguridad social. La seguridad social, como objetivo de política estatal, busca proteger al individuo de los riesgos materiales y de las inseguridades materiales individuales típicas (relacionadas con enfermedades, la falta de ingresos para afrontar la maternidad, entre otras). Al igual que en términos de empleo, las reformas aplicadas durante los años 90 agravaron las inequidades que se presentaban en materia de cobertura previsional, régimen de asignaciones familiares y cobertura en salud ampliando en la mayoría de los casos, las brechas de género. En tanto la seguridad social se financia sobre la base del impuesto al salario, deja sin ningún tipo de cobertura a los trabajadores informales, los agrícolas no asalariados, desempleados y trabajadores del servicio doméstico, cuya mayor proporción es femenina. A ello debe sumarse el trabajo no remunerado que, sin dudas, es el que ocupa la mayor parte del tiempo productivo de las mujeres.
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