Como primera medida del nuevamente Ministerio de Salud, el nuevo ministro Gines González García, aprobó la actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La medida salió publicada esta mañana en el Boletín Oficial bajo la Resolución 1/2019.
“Este protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino. Se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”, dice la resolución.
El protocolo fue presentado el día 12 de diciembre en una conferencia de prensa convocada por González García. Allí estuvo acompañado por Valeria Isla, titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES y el Conicet; y Analía Messina, médica tocoginécologa. Romero y Messina, además son integrantes de REDAAS – Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina, espacio que ELA comparte con CEDES. Esta actualización contó con la participación en el grupo revisor de Natalia Gherardi, Zoe Verón y Agostina González, integrantes de ELA.
“El protocolo pretende, y vamos a trabajar con mucha fuerza, que sea lo que es, una guía como hoy la medicina moderna utiliza para tratar cualquier cualquier tipo de patología, es especial una que está muy protegida por la ley, como es en este caso la interrupción legal del embarazo”, explicó González García al inicio de la conferencia de prensa. La actualización busca adecuar el protocolo a las nuevas recomendaciones de organizaciones internacionales, basándose en los nuevos avances científicos. También brinda certeza a los equipos de salud que cumplen con la ley y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral.
Durante la conferencia de prensa, el ministro ratificó su compromiso con los derechos de las mujeres y en especial, con el aborto legal: “Nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia con muchas cosas más que el protocolo”, afirmó González García. Cuando se preguntó sobre la objeción de conciencia, Romero explicó: “El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica”.
El protocolo se publicó por primera vez en 2007, bajo el nombre de Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles, y recibió tres actualizaciones: en el 2010, el 2015 y el 2019. El 20 de noviembre, el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había publicado en el Boletín Oficial la Resolución 3158/2019 que aprobaba la actualización del protocolo. Al día siguiente, bajo el Decreto 785/2019 el expresidente Mauricio Macri vetó esta actualización, dejando en vigencia el protocolo 2015. Esto impulsó a la renuncia de Adolfo Rubinstein y de Silvia Oizerovich, titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La versión aprobada por González García, es la cuarta actualización.
En Twitter, el ex secretario expresó: “Celebro que el Ministerio de Salud haya repuesto el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad”. González García fue uno de los expertos que expuso en el Congreso a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo el año pasado. La restitución del Protocolo 2019 es su primera medida luego de que afirmara que el suyo será “un ministerio verde”.