La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo evite desmantelar los programas de prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia.

El 30 de diciembre el Poder Ejecutivo impugnó la medida cautelar firmada por el Juez Alonso Regueira, en la cual ordenó frenar el vaciamiento de los programas, sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas y no despedir personal, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Ahora el Gobierno se contradice, una vez más, y rechaza esta cautelar. Con un criterio sumamente cuestionable, el juez Enrique Lavie Pico habilitó la feria judicial y es la Cámara Contencioso Administrativo Federal la que debe decidir. De todos modos, la medida cautelar sigue vigente y el Ejecutivo la debe acatar.