Si este proyecto se aprueba:
– Menos personas se animarán a denunciar.
– Menos testigos se atreverán a declarar.
– Más víctimas enfrentarán represalias judiciales por atreverse a hablar.
– Se consolidará un uso regresivo del derecho penal para disuadir la búsqueda de ayuda.
El proyecto propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” en causas vinculadas a:
La iniciativa ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y se encuentra en condiciones de ser tratada en el recinto.
Desde el retorno de la democracia, Argentina ha construido consensos fundamentales en torno a la gravedad de la violencia de género y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia. Estos consensos permitieron avances normativos, institucionales y culturales que fortalecieron la respuesta estatal.
Cualquier debate parlamentario en esta materia debería consolidar esos avances y abordar los obstáculos persistentes, evitando medidas que puedan generar retrocesos.
En este marco, resulta clave que el tratamiento legislativo incorpore información confiable, datos sistemáticos y análisis jurídico riguroso, que permitan evaluar adecuadamente las consecuencias de las propuestas.
A partir del análisis realizado, advertimos que este tipo de propuestas no se basa en evidencia empírica disponible y puede generar efectos regresivos en el acceso a la justicia, especialmente para quienes atraviesan situaciones de violencia.
La evidencia disponible muestra que las denuncias falsas constituyen un fenómeno muy poco frecuente:
Actualmente, además, estas conductas ya se encuentran tipificadas y sancionadas en el Código Penal, lo que vuelve innecesario un agravamiento específico en este tipo de casos.
Los datos disponibles muestran que el principal desafío no es el uso abusivo del sistema penal, sino las dificultades estructurales para denunciar y acceder a la justicia:
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, “ los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia” y los niveles de denuncia dependen de factores sociales e institucionales.
Asimismo, un relevamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM, 2023) indica que:
Estos datos evidencian que el problema central es la subdenuncia y las barreras de acceso, no la proliferación de denuncias falsas.
El análisis de ELA identifica una serie de riesgos asociados a la aprobación del proyecto:
En este sentido, el proyecto no aborda el problema que dice buscar resolver y, por el contrario, puede profundizar las barreras existentes para el acceso a la justicia.
Para profundizar en este análisis, se encuentran disponibles los siguientes materiales: