El 21 de abril de 2025, Equipo ELA presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia de la Nación, solicitando datos oficiales vinculados a políticas públicas de prevención, abordaje y erradicación de las violencias por motivos de género, dependientes de la mencionada cartera.
La solicitud incluía información sobre estructura estatal, programas vigentes, presupuesto, personal, normativa aplicable y metas de gestión vinculadas a competencias que anteriormente estaban bajo la órbita del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Ejecutivo negó la entrega de la información. Apoyándose en el Decreto 780/2024, sostuvo que la solicitud era “abusiva” y había sido presentada de “mala fe” por resultar muy extensa.
Como respuesta, Equipo ELA inició una acción de amparo, con el patrocinio jurídico de Poder Ciudadano, y logró que la Cámara Contencioso Administrativo Federal imponga un límite al Poder Ejecutivo.
“El acceso a la información pública no puede quedar sujeto a decisiones arbitrarias. Es una garantía democrática básica y una condición necesaria para monitorear políticas públicas”, señaló Julieta Izcurdia, directora del área Jurídica de ELA.
La Cámara revocó la decisión de primera instancia y ordenó al Ministerio emitir, dentro del plazo legal, una nueva respuesta debidamente fundada.
Al hacerlo, reafirmó principios centrales de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, especialmente el de máxima divulgación: la información en poder del Estado debe ser accesible y las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva. También sostuvo que el rechazo en cuestión no fue fundamentado correctamente para justificar el no cumplimiento de este principio.
La decisión judicial fortalece estándares básicos de transparencia estatal y control democrático. Con su sentencia, la Cámara sienta un precedente para evitar que el Poder Ejecutivo decida de forma arbitraria la disponibilidad de datos oficiales. Estas limitaciones son de vital importancia para ELA y todas las organizaciones de la sociedad civil que requieren de información oficial para garantizar el cumplimiento de leyes vigentes, monitorear la implementación de políticas públicas y proteger los derechos de la ciudadanía.
El 23 de abril de 2026, el Ministerio de Justicia presentó un Recurso Extraordinario Federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revoque la sentencia de Cámara. En su presentación, reiteró que el pedido de información sería excesivo y generaría una carga administrativa desproporcionada.
ELA solicitará que ese recurso sea rechazado. Será la Cámara la que decida si lo concede o no y si continúa el proceso ante el máximo tribunal.