No es una ley contra las denuncias falsas. Es una ley que castiga denunciar.

En esta nota explicamos por qué:

• No responde al problema que dice abordar: no mejora la investigación ni acelera los procesos.
• Puede afectar el acceso a la Justicia: muchas violencias ya no llegan nunca al sistema judicial.
• Puede poner en riesgo la protección: denunciar permite activar medidas estatales antes de que el daño escale.
• Mantiene riesgos técnicos: puede confundir una denuncia falsa con una denuncia que no pudo probarse.

¿Por qué nos oponemos?

1. Porque no protege a los inocentes. Deja sin protección a las víctimas.
Aproximadamente 500.000 personas sufren ofensas sexuales por año en Argentina pero sólo 1 de cada 10 denuncian. El 40% de esos casos son de niñas, niños y adolescentes. Fuente: Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). (2023). Informe de fuentes secundarias de datos sobre violencia sexual. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Solo el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia llega a denunciar. Entre las víctimas de femicidio en 2025, apenas el 18% había denunciado previamente a su agresor.
Fuentes: Iniciativa Spotlight (2022). Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres en Argentina. Oficina de la Mujer (2026). Registro nacional de femicidios de la justicia argentina 2025. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Agregar la amenaza de una pena, justo en el momento en que una persona decide si pide ayuda, puede hacer que muchas se callen. Y si se callan, el Estado llega tarde o no llega. Y el agresor queda libre.

2. Porque denunciar sirve. Cuando el Estado actúa a tiempo, se salvan vidas.
Una denuncia puede ser la puerta de entrada a medidas de protección, seguimiento institucional y respuestas estatales que eviten un daño mayor.
En la provincia de Buenos Aires, los femicidios consumados bajaron de 98 en 2024 a 78 en 2025, mientras que las tentativas aumentaron de 218 a 301. En 2025, además, se iniciaron 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género.
Fuente: Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (2026). Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género 2025.

Estos datos muestran la importancia de detectar situaciones de riesgo a tiempo. Cuando una persona denuncia y el Estado interviene, se abren oportunidades para activar medidas de protección y evitar que la violencia escale.
Eso significa que más mujeres denunciaron a tiempo y el sistema pudo actuar antes de un femicidio. Ese es exactamente el efecto que este proyecto destruiría.
Cuando una situación de riesgo se detecta a tiempo y el Estado interviene, puede evitarse un desenlace fatal. Más denuncias no significan más denuncias falsas. Significan más oportunidades de protección.

3. Porque no resuelve el problema que dice resolver y sí crea uno nuevo.
Una denuncia falsa es una injusticia grave y debe ser investigada. El debate no es si debe tener consecuencias, sino si este proyecto ofrece una respuesta justa, precisa y eficaz.
La respuesta es no. El proyecto no mejora la investigación, no acelera los procesos y no protege mejor a quien fue acusado injustamente. Solo aumenta penas en un sistema judicial que ya enfrenta demoras y dificultades para distinguir entre una denuncia falsa y una denuncia que no pudo probarse.
La Justicia debe investigar mejor, resolver más rápido y proteger los derechos de todas las personas involucradas. Pero no debe sumar obstáculos en el momento de pedir ayuda.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género llevamos más de 20 años analizando el impacto de las políticas públicas en el acceso a la Justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los datos son claros: cualquier barrera adicional para denunciar tiene consecuencias concretas. No hablamos desde la ideología. Hablamos desde la evidencia.

¿Qué cambia en la nueva versión del proyecto?

De acuerdo con el borrador que circula, la nueva versión ya no mencionaría explícitamente la violencia de género, la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes ni los delitos contra la integridad sexual. En su lugar, incorporaría categorías más amplias, como “delito doloso grave” contra “personas vulnerables”.
Ese cambio no resuelve las preocupaciones de fondo. Por el contrario, puede agravarlas: una redacción más ambigua habilita interpretaciones más amplias y aplicaciones dispares por parte de la Justicia.
Además, el proyecto agrava las penas por consecuencias que no dependen de quien denuncia, sino de decisiones judiciales, como una detención preventiva o una exclusión del hogar. En la práctica, le atribuye a la persona que denuncia buscando ayuda los efectos de una eventual mala decisión del sistema judicial.
El riesgo sigue siendo el mismo: confundir una denuncia falsa con una denuncia que no pudo probarse.

Cinco razones para rechazar el proyecto de Ley S-0228/2025

• Falta de precisión: no define conceptos centrales y permite aplicaciones dispares.
  Confusión entre falsedad y falta de prueba: una denuncia no corroborada no es necesariamente falsa.
• Responsabilidad por decisiones de terceros: agrava penas a los denunciantes por medidas ordenadas por jueces.
• Penas desproporcionadas: una denuncia falsa tendría una pena aún mayor que el propio delito de abuso sexual.
• Riesgo para el acceso a la Justicia: puede desalentar a víctimas, testigos y profesionales que intervienen en la detección de violencias y abusos sexuales.
• Contradice la Ley Lucio, aprobada por unanimidad 3 años atrás.