El rechazo internacional al proyecto de Denuncias Falsas sumó una nueva voz. El 11 de agosto, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) exhortó a las autoridades argentinas, y especialmente al Poder Legislativo, a no aprobar la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada.
El proyecto propone aumentar las penas por falsas denuncias en causas de violencia de género y abuso sexual en las infancias. Para el MESECVI, su aprobación generaría “una barrera legislativa adicional para el acceso efectivo a la justicia” de las mujeres y niños y niñas víctimas o denunciantes de violencia.
El pronunciamiento se suma a las advertencias que ya realizaron durante 2026 organismos de Naciones Unidas.
En febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) recomendó expresamente a Argentina retirar el proyecto de Denuncias Falsas. Advirtió que la reforma podría desalentar a las mujeres a denunciar situaciones de violencia y buscar protección.
En junio, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas también manifestó su firme oposición. Señaló que la iniciativa podría reducir las denuncias de violencia de género, violencia contra niñas, niños y adolescentes y delitos contra la integridad sexual.
Además, advirtió que puede reforzar estereotipos sobre la credibilidad de mujeres y niñas y generar temor a represalias entre víctimas, familiares, testigos y profesionales que intervienen frente a situaciones de violencia.
Ahora, el MESECVI suma la mirada del sistema interamericano y advierte que aumentar las amenazas penales sobre quienes denuncian puede debilitar las garantías de acceso a la justicia y favorecer la impunidad.
Una denuncia falsa es una injusticia grave. Pero el derecho penal argentino ya contempla herramientas para sancionarla. El problema del proyecto es que no resuelve lo que se propone y agrega una amenaza sobre quienes necesitan denunciar violencia.
En muchos de estos casos, los hechos ocurren en ámbitos privados y presentan dificultades para reunir pruebas. Que una denuncia no pueda probarse no significa que haya sido falsa, y aumentar las consecuencias penales suma temor justamente en el momento en que una víctima, un familiar, un testigo o un profesional decide pedir a la justicia que intervenga.
Por eso, desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género venimos advirtiendo que no es una ley contra las denuncias falsas. Es una ley que castiga denunciar.
Los pronunciamientos internacionales refuerzan una misma conclusión: Argentina tiene la obligación de eliminar las barreras que dificultan el acceso a la justicia, no de crear otras nuevas.