El Presupuesto 2027 prevé menos cobertura en salud sexual y reproductiva
El proyecto de Presupuesto 2027 para salud sexual y reproductiva no puede evaluarse solo por los recursos que anuncia. Nuestro análisis de la propuesta y de la ejecución de 2026 muestra una política debilitada por los recortes, los fondos sin utilizar y la pérdida de información pública sobre sus resultados.
Los fondos anunciados y los que efectivamente se utilizan
Para 2027, el Poder Ejecutivo propone destinar 33.785 millones de pesos al programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable. En términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, representa un 2% más que lo aprobado por el Congreso para 2026. Sin embargo, la meta es asistir con anticonceptivos a 8.247.500 personas: 700.000 menos que las previstas para este año.
La propuesta debe leerse a la luz de lo ocurrido en 2026. De los 28.037,07 millones de pesos originalmente asignados, el Gobierno había ejecutado apenas 3.552 millones al 14 de septiembre. Además, recortó un 38% el presupuesto del programa, que quedó en 17.139,42 millones de pesos.
Por eso, el monto anunciado para 2027 no alcanza para hablar de una recuperación. Para que los recursos se traduzcan en atención y acceso a anticonceptivos, es necesario revertir los recortes y la baja ejecución.
Acceso a anticonceptivos y distribución de preservativos
La distancia entre lo anunciado y lo realizado también aparece en las prestaciones. En el primer trimestre de 2026 se asistió con anticonceptivos a 1.234.064 personas. Al 21 de septiembre todavía no se habían publicado los datos del segundo trimestre, pese a que esa información debería estar disponible trimestralmente.
Para 2027 se prevé distribuir 38 millones de preservativos entre los distintos programas del Ministerio de Salud, la misma cantidad que la prevista para 2026. Sin embargo, durante el primer trimestre de este año se distribuyeron poco más de 3 millones.
Medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo
La distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo se discontinuó desde 2026, según el informe. Esto ocurre pese al compromiso del programa de asegurar el acceso a la información, la atención y la cobertura de la salud sexual y reproductiva.
Además, desde 2026 el presupuesto dejó de dar seguimiento a las acciones de asesoramiento en salud integral para adolescentes y a las capacitaciones a docentes en educación sexual realizadas en el marco del Plan ENIA.
Prevención del embarazo adolescente subejecutada
El proyecto de Presupuesto 2027 asigna 2.769 millones de pesos a la prevención del embarazo adolescente, once veces el monto de 2026. Sin embargo, mantiene la meta de alcanzar a 56.000 adolescentes, la misma prevista para este año.
Tras el desmantelamiento del Plan ENIA en 2024, las nuevas asignaciones siguen siendo proporcionalmente bajas frente a los años en que la política se implementaba efectivamente.
Financiamiento y control para garantizar el acceso a la salud sexual
La política nacional de salud sexual y reproductiva se construyó sobre un consenso de más de veinte años. Su debilitamiento reduce la cobertura pública de anticonceptivos y deja a millones de mujeres más expuestas a embarazos no intencionales.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género señalamos que los fondos anunciados deben ejecutarse y sus resultados deben ser públicos. El Congreso tiene un papel fundamental en exigir y controlar el cumplimiento de los fondos aprobados y de las metas propuestas por el Ejecutivo.
Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ponemos el foco en las condiciones que hacen posible el acceso a la salud sexual y reproductiva. Garantizar la provisión de anticonceptivos, prevenir los embarazos no intencionales y asegurar la atención del aborto requiere políticas sostenidas y recursos que lleguen a quienes los necesitan.