Cada vez menos respuestas para salir de la violencia de género

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, junto a La Garganta Poderosa y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), presenta el tercer monitoreo de políticas públicas contra la violencia de género. El informe documenta la continuidad y profundización del desmantelamiento de las respuestas nacionales desde 2024 y sus consecuencias para las mujeres y sus familias.
20 Nov 2026

Contar con un ingreso propio, recibir orientación y acceder a una abogada son herramientas que Argentina fue construyendo para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia. Desde 2024, el Gobierno nacional lleva adelante un proceso de desfinanciamiento y desarticulación de esas respuestas. El tercer monitoreo muestra que este proceso continúa y se profundiza, con menos recursos, equipos y prestaciones y mayores obstáculos para salir de la violencia.

En el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género realizamos este seguimiento con información oficial. “¿Libradas a su suerte?” analiza distintas dimensiones del recorrido para salir de la violencia: apoyo económico, orientación y seguimiento, acceso a la justicia y patrocinio jurídico. La tercera edición, que presentaremos en el marco del 25 de noviembre, incorpora testimonios recolectados por La Garganta Poderosa y REDI, que permiten comprender cómo funcionan esas respuestas en la vida cotidiana.

 

Acompañar y la posibilidad de contar con ingresos

Salir de un entorno violento requiere dinero para sostener los gastos cotidianos y encontrar otro lugar donde vivir. El Programa Acompañar fue creado para fortalecer la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia mediante apoyo económico y psicosocial.

En 2023 registró 102.510 altas; en 2024, 3.572. En su respuesta sobre 2025-2026, el Ministerio de Justicia informó apenas 35 altas, sin precisar el período al que corresponden. Además, desde agosto de 2024 la cobertura económica se redujo de seis a tres meses y se incorporó la exigencia de una denuncia policial para ingresar.

Los testimonios muestran que la dependencia económica, la vivienda y las responsabilidades de cuidado condicionan las posibilidades de ponerse a salvo. Una acompañante comunitaria entrevistada por La Poderosa describe cómo se vive la falta de alternativas: “Tenemos muchas mujeres que están entre seguir sufriendo violencia o directamente quedarse en la calle”.

Cada vez menos respuestas para salir de la violencia de género

Línea 144 y la continuidad del acompañamiento

La orientación y el seguimiento forman parte de las respuestas necesarias. Entre los primeros semestres de 2024 y 2026, las asistencias de la Línea 144 nacional cayeron un 55,6% y los seguimientos un 92,2%. En ese mismo período, el personal disponible para atender se redujo un 58%.

Esto significa que el servicio brindó menos de la mitad de las asistencias y menos de una décima parte de los seguimientos que había registrado dos años antes. Pero esta caída no permite concluir que haya disminuido la violencia ni que la problemática esté resuelta.

Los testimonios recogidos por La Poderosa sugieren que la disminución de la atención registrada podría estar vinculada al desmantelamiento sostenido de los dispositivos y programas disponibles desde 2024. Una acompañante comunitaria de casos de violencia de La Poderosa describe las barreras que enfrentan las mujeres para continuar una denuncia:

“Muchas veces se interpreta que la mujer no quiere seguir con la denuncia, pero nosotras vemos otra cosa, vemos que es una mujer que tiene que trabajar, cuidar a sus hijos, conseguir comida, sostener su casa y además hacer una denuncia, conseguir documentación, trasladarse, esperar un turno y contar una y otra vez lo que pasó. Entonces no abandona porque no quiere estar a salvo, abandona porque el recorrido se vuelve imposible de sostener”.

Cada vez menos respuestas para salir de la violencia de género

Menos centros para acceder a la justicia

A fines de 2023 funcionaban 108 Centros de Acceso a la Justicia. En septiembre de 2026 se informaron 31 activos. Las consultas por violencia de género atendidas en estos espacios pasaron de 5.114 en 2024 a 1.801 en 2025.

Una acompañante comunitaria entrevistada por La Poderosa recuerda las herramientas con las que contaban en esos espacios antes del cierre de más del 70% de las dependencias: “Tenías una abogada, tenías una psicóloga, una trabajadora social”.

En su experiencia actual, “las víctimas hoy no tienen ningún tipo de herramienta”. El relevamiento recoge demoras y derivaciones fallidas, mientras las acompañantes comunitarias sostienen gestiones, traslados y alojamiento sin recursos suficientes.

Patrocinio jurídico, respuestas accesibles y formación de los equipos

En PatrocinAR, las nuevas admisiones pasaron de 283 en 2023 a 67 en 2024 y a 0 en 2025, aunque continuaron la intervención en causas ingresadas previamente. Para la primera mitad de 2026, el Ministerio informó 44 patrocinios judiciales y 43 asesorías jurídicas de manera conjunta con el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género, sin distinguir los resultados de cada dispositivo.

Las respuestas también necesitan contemplar las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad. Las cinco entrevistas en profundidad realizadas por REDI describen oficinas inaccesibles, falta de intérpretes, información poco comprensible y dificultades de coordinación entre las áreas de género y discapacidad. Una mujer con discapacidad y víctima de violencia de género lo relató así: 

“En vez de un acompañamiento, me ofrecieron colchones y mercadería en el mismo lugar donde estaba mi abusador. O después me ofrecieron estar en un lugar donde había gente con rehabilitación de drogas. Nunca entendieron que yo lo que necesitaba era salir de todo eso y sentirme segura en algún lugar”.

Su experiencia muestra la importancia de escuchar a las mujeres y construir alternativas que les permitan salir del entorno violento.

Cada vez menos respuestas para salir de la violencia de género

Revertir el desmantelamiento y recuperar la inversión

A la reducción de recursos y dispositivos se suma un problema de información: hoy es más difícil identificar con claridad cómo se ejecutan los recursos destinados a estas políticas y qué resultados alcanzan. Esa falta de transparencia dificulta evaluar las respuestas estatales y exigir mejoras. El monitoreo también advierte una ejecución insuficiente de los fondos disponibles.

Según nuestra estimación, recuperar los niveles de inversión de 2023 en las principales partidas destinadas a prevenir y atender estas violencias requeriría incorporar $179.000 millones adicionales a los recursos contemplados en el Presupuesto 2026. Es una cifra comparable con los $181.472 millones asignados a la Secretaría Federal de Inteligencia.

El Gobierno nacional debe frenar y revertir este desmantelamiento, recuperar financiamiento y equipos, ejecutar los recursos y restablecer servicios, garantizando su accesibilidad. Las políticas construidas durante años necesitaban mejoras y mayor alcance. Su desarticulación profundiza las barreras para vivir con seguridad y autonomía. Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género producimos evidencia para exigir respuestas y defender los avances que necesitamos sostener y ampliar.

El 25 de noviembre se publica el informe completo y podrás conocer todos los resultados del tercer monitoreo.