El pasado 10 de febrero, Nadia Navarro Montenegro, de 20 años, asesinó a Alejo Oroño, de 22, su novio y padre de su hijo. La joven fue acusada de “homicidio simple”, pero Fernando Soto, el abogado de la familia de Oroño, está pidiendo que se la juzgue como femicida. El caso tomó particular relevancia cuando a principios de mayo, durante una entrevista con La Nación+, Soto aseguró que el crimen “sea calificado como se califican los femicidios”, basándose en la relación previa entre los jóvenes. Durante la entrevista, que duró menos de dos minutos, el periodista a cargo Paulino Rodrigues, festeja los dichos de Soto y le agradece por su trabajo. En este caso vemos dos situaciones. Por un lado la cuestión del asesinato, en la cual el fiscal de la causa reconoce la relación previa entre Navarro y Oroño y cambia la carátula del caso a homicidio grave. Por el otro lado, está el accionar del abogado y del medio de comunicación de amplificar una noticia falsa: la existencia del “femicidio inverso”. Esta clasificación es impulasada no solo por Soto sino por la organización de la que forma parte, la Usina de Justicia quienes junto con legisladores de Juntos por el Cambio buscan impulsar la Ley Alejo para “prevenir la violencia contra los varones y alertar sobre las falsas denuncias de las mujeres”. En una nota escrita por Mariana Iglesias para Clarín, titulada El “femicidio inverso” y la invención de la perversión, ella destaca que uno de los legisladores que está impulsando esta ley es “Eduardo Cáceres, diputado del PRO San Juan procesado por violencia de género contra su pareja”. En esa misma nota, están las declaraciones de Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, quien aseguró que “no existe el femicidio de varones o inverso, ni puede existir. No hay muertes sistemáticas de varones por cuestiones de género”. Más allá de las declaraciones de Soto, el medio también tiene un nivel de responsabilidad frente a esta información falsa. Periodistas de La Nación salieron a repudiar el programa asegurando que “La comisión de géneros de LN decimos: inventar y reproducir el término ‘femicidio inverso’ es ignorar la matriz de violencia. Sin periodismo con perspectiva de género no hay periodismo de calidad. Ley Micaela en medios ya”. ¿Por qué no existe el término “femicidio inverso”? Como Labozzetta explicó en una entrevista en Mejor país del Mundo (Radio con vos):“si una mujer mata a un hombre es homicidio” sostuvo y aclaró que, si ese hombre es su pareja “es homicidio agravado por el vínculo”. El concepto de femicidio se comenzó a difundir cuando la activista feminista Diana Russell lo utilizó ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer en 1976. Como explicó Labozzetta “el concepto femicidio nace para poner luz a los asesinatos sistemáticos de mujeres por razones de género” y para “poner en palabras un fenómeno que existe en la realidad, reconocer que se produce de manera sistemática, para hacer algo frente a esto porque no podemos seguir permitiendo que pase”. El 3 de junio de 2021 se cumplirán 6 años de la marcha Ni una menos. Desde la primer edición en 2015 hubo más de 1700 femicidios y más de 2000 niños y niñas se quedaron sin madre. El “femicidio inverso” no existe. Tratar de imponer este concepto al igual que aquel de las denuncias falsas de violencia de género es irresponsable, tanto por parte de profesionales del derecho como de periodistas y medios de comunicación

Analizamos la ejecución del Presupuesto Nacional etiquetado con Perspectiva de Género

En el marco del proyecto Cerrando Brechas y junto con ACIJ realizamos un informe donde ofrecemos un seguimiento de la asignación y ejecución presupuestaria para las partidas que fueron señaladas en el Presupuesto Nacional por tener impacto positivo en la reducción de las brechas de género.
18 May 2021

El análisis arroja que hay 55 actividades etiquetadas, distribuidas en 14 jurisdicciones. En conjunto suman un crédito presupuestado de $1.593 millones, que equivale a 18,82% del presupuesto vigente para todo el año. Finalizado el primer trimestre, puede verse un recorte del 0,25% entre el crédito presupuestado y el vigente y  un porcentaje de ejecución del 21,56%.

A su vez, se observa que del total presupuestado con etiqueta PPG, 86.41% corresponde a actividades de la ANSES y 12.74% al Ministerio de Desarrollo Social, mientras que del total ejecutado hasta el primer trimestre, 81.80% corresponde a la ANSES y 17.64% al Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Por otra parte, entre el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso en 2020 y el crédito vigente en el primer trimestre del 2021 se verifica un aumento de las partidas etiquetadas por un total de $301.704 millones. Como correlato, la participación de esas partidas en el total del presupuesto se elevó de 15,34% a 18,89%. La diferencia se explica principalmente por el crecimiento del presupuesto asignado a las Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional de ANSES en $269.242 millones, y al aumento en $35.303 millones para el programa Potenciar Trabajo y $4.222 para la Tarjeta Alimentar, ambos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.

Por último, vemos que el presupuesto vigente para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) es de $1.593.338,7 millones, lo que equivale a 0,07% del presupuesto total nacional para 2021. Durante el primer trimestre, se ejecutaron $321,45 millones, equivalentes al 5,18%. El 85,9% del presupuesto del MMGyD corresponde al programa “Formulacion de Políticas contra la Violencia por Razones de Género”. Dentro de dicho programa, a las acciones vinculadas al programa Acompañar le corresponden el 82% del presupuesto. Al 30/03, se habían devengado $62,4 millones de los $4.274 millones asignados para dicho programa (1,44% del crédito vigente).