El Estado presentó información complementaria a su informe enviado en diciembre de 2023, en la que caracteriza como “reordenamientos” o “cambios de enfoque” una serie de decisiones adoptadas en el último período. Frente a esa presentación oficial, organizaciones de la sociedad civil expusimos ante el Comité un panorama sustancialmente distinto, marcado por el desmantelamiento de políticas públicas específicas, el vaciamiento institucional de los organismos de género y diversidad y fuertes recortes presupuestarios que limitan la implementación efectiva de derechos.
En este proceso de rendición de cuentas, las organizaciones de la sociedad civil Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la campaña GQual del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Red por los Derechos de personas con discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) presentamos informes alternativos para aportar un análisis independiente, basado en evidencia, datos oficiales y en la experiencia territorial. Estos informes son insumos centrales para que el Comité CEDAW evalúe de manera integral el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado argentino.
La información complementaria presentada por el Estado argentino minimiza y omite aspectos centrales de la situación actual de los derechos de las mujeres y diversidades. En varios ejes, se observa un mismo patrón: se invoca la existencia de marcos normativos o dispositivos formales pero no se mencionan los recortes presupuestarios, la desarticulación institucional y la pérdida de capacidad estatal para garantizar derechos en la práctica.
Un ejemplo paradigmático es la afirmación de que Argentina tendría “uno de los estándares más altos de igualdad, equiparable a los europeos”. Esa comparación se apoya exclusivamente en indicadores de igualdad formal en el acceso a oportunidades económicas, pero desconoce el ejercicio efectivo de derechos y la persistencia de brechas estructurales.
En 2024, se registraron 247 femicidios en el país. En el 86% de los casos, las víctimas conocían a sus agresores y en más de la mitad se trataba de parejas o exparejas. La mayoría de estos crímenes ocurrieron en contextos donde ya existían antecedentes de violencia, pero sin que se adoptaran respuestas estatales eficaces de prevención y protección. Estos datos desmienten cualquier lectura complaciente sobre el nivel real de igualdad y evidencian déficits persistentes en la protección efectiva de las mujeres frente a la violencia.
Accedé a nuestro informe ¿Libradas a su suerte?, actualizado con datos a noviembre de 2025 y Cronología del derrumbre para leer más en profundidad.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el Estado afirma que garantizar el acceso al aborto es competencia primaria de las provincias. Esta lectura desconoce que el Estado nacional tiene obligaciones indelegables de rectoría, financiamiento y garantía de igualdad territorial.
Durante más de dos décadas, la política nacional de salud sexual y reproductiva permitió reducir brechas entre jurisdicciones mediante la compra centralizada de insumos, la capacitación de equipos de salud y el monitoreo federal. Ese esquema fue desmantelado sin mecanismos de transición, dejando a las provincias libradas a sus propias capacidades fiscales.
Lejos de evidenciar un “fracaso”, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) mejoró de manera sustantiva el acceso y la seguridad de las prácticas: entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema de salud, y el 90% se realizaron en el primer trimestre. Estos avances contribuyeron a la reducción de la mortalidad materna por aborto.
Sin embargo, desde 2024 se registran faltantes generalizados de misoprostol y mifepristona, una caída drástica en la distribución de anticonceptivos y el desmantelamiento del Plan ENIA, que había logrado reducir a la mitad el embarazo no intencional en la adolescencia. Todo ello ocurre en un contexto de aumento de la mortalidad materna y debilitamiento de las políticas de prevención.
El Estado invoca declaraciones interpretativas y la responsabilidad parental para justificar restricciones en la Educación Sexual Integral. Esta postura desconoce que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que la ESI es una obligación legal y convencional.
Desde 2024, el Programa Nacional de ESI sufrió el presupuesto más bajo de los últimos años y en 2025 no contó con ninguna partida asignada. Se paralizaron las capacitaciones docentes y se eliminaron instancias obligatorias de prevención de la violencia en las escuelas.
Algo similar ocurre con las políticas de cuidados y de protección integral en la primera infancia. La existencia formal de leyes y estrategias no se traduce en garantías efectivas cuando se reducen insumos, se fragmenta la implementación y se recortan los recursos necesarios para sostenerlas.
Pese a que el Comité CEDAW solicitó información específica, el Estado no brindó datos sobre la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones ni sobre la situación de las personas LGBTIQ+.
La subrepresentación de mujeres en el sistema de justicia, en el Poder Ejecutivo y en la política exterior contrasta con los estándares internacionales de paridad. Al mismo tiempo, se registran retrocesos normativos y discursivos que afectan de manera directa a las personas trans y no binarias, en un contexto de aumento de la violencia y la discriminación.
Durante la sesión, las comisionadas realizaron extensas preguntas al Estado argentino para conocer en profundidad la situación de todas las políticas y derechos antes mencionados y expresaron su preocupación respecto a los datos que arrojan los informes presentados por la sociedad civil.
Sin embargo, el Estado lejos de contrastar esa información, sostuvo una posición que se aparta de los estándares internacionales en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. La delegación oficial defendió una concepción formal y restrictiva de la igualdad, rechazando las medidas de acción positiva y cuestionando el enfoque de igualdad sustantiva que estructura la Convención, al rechazar explícitamente la “perspectiva de género” y el concepto de “interseccionalidad”, argumentando que la Convención protege a la “mujer” y no al género, y calificando a las categorías interseccionales como marcos teóricos “limitantes” no obligatorios. Frente a las preguntas sobre violencia de género, el Estado priorizó un abordaje punitivista, minimizando la necesidad de políticas integrales, preventivas y con perspectiva interseccional, negó el desmantelamiento institucional, la reducción presupuestaria en la materia y que los cambios estructurados impliquen regresividad, enfatizando las obligaciones provinciales.
A pesar de afirmar cumplimiento, sus respuestas mostraron contradicciones con los estándares del Comité, por ejemplo, al rechazar la interseccionalidad. Admitieron no poder responder sobre temas fuera de su interpretación estricta del tratado (como preguntas sobre cambio climático o memoria histórica) y reconocieron la falta de datos oficiales actualizados en áreas clave como matrimonio infantil.
Asimismo, expresó una postura abiertamente regresiva en derechos sexuales y reproductivos, desconociendo la autonomía de mujeres, niñas y adolescentes y negando la existencia de obligaciones internacionales claras en esta materia. Incluso negaron la evidencia comprobada de la implementación del Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) e insistieron en que el Estado argentino se apartando de estos temas para dejarlos en mano de las familias, “responsables de educar a sus hijos sobre la planificación familiar como quieran y les parezca”.
En conjunto, las respuestas oficiales evidenciaron una interpretación restrictiva de la CEDAW y una falta de adecuación a los estándares desarrollados por el propio Comité, lo que genera serias preocupaciones sobre el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) es el órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. De acuerdo con su artículo 18, los Estados Parte deben presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas y los desafíos persistentes para garantizar la igualdad sustantiva y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.
La evaluación no se basa únicamente en la información que brinda el Estado. El Comité también recibe informes alternativos de organizaciones de la sociedad civil, que permiten contrastar los datos oficiales con evidencia empírica y con la experiencia concreta de quienes trabajan en el territorio.
La evaluación del Comité no es simplemente/meramente un trámite formal: es una oportunidad para exigir que el Estado argentino cumpla con compromisos que tienen jerarquía constitucional y que son condición indispensable para una democracia con igualdad sustantiva.