A las senadoras y los senadores de la Nación,
Hoy, jueves 3 de abril, tienen el futuro de la Justicia en sus manos. Les toca pronunciarse sobre la integración de nuestro Máximo Tribunal, una de las definiciones más trascendentales para nuestra República y nuestro Estado de Derecho. Lo que decidan en esta sesión indudablemente quedará en la historia. Y puede quedar allí por buenas o por malas razones.
Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla han sido designados como jueces de la Corte Suprema por decreto, mientras el tratamiento de sus pliegos estaba en sus manos. En circunstancias claramente no excepcionales, el Presidente recurrió a la herramienta del artículo 99, inciso 19 de nuestra Constitución para eludir la falta de consenso parlamentario sobre los candidatos propuestos. Luego de eso, ambos aceptaron la designación: uno de ellos solicitó una licencia excepcional a su cargo como juez federal para asumir ese rol, y el otro tomó juramento y se encuentra actualmente firmando las sentencias del tribunal, a pesar de haberle dicho a la ciudadanía que no asumiría el cargo de esa manera.
Rechazar estas candidaturas es la única herramienta que tiene el Senado para repudiar y revertir estos nombramientos inconstitucionales. Cualquier otra decisión implicaría un aval al decreto presidencial, habilitando que este tipo de designaciones se repitan en el futuro. En un país que pretende tener una Justicia independiente del Poder Ejecutivo, resulta por demás evidente que este no puede designar jueces por su sola voluntad. La Constitución Nacional establece que los magistrados y las magistradas de la Corte, quienes decidirán sobre nuestros derechos y tendrán la última palabra sobre la legalidad de los actos estatales, deben ser designados con su acuerdo, a fin de que cargos de semejante trascendencia sean ocupados por personas que debido a sus méritos profesionales logren un consenso amplio y transversal.
No existe razón alguna que justifique el accionar del Poder Ejecutivo: no hubo una situación imprevisible que pusiera en jaque el funcionamiento del Poder Judicial (durante el mes de febrero, con solo tres jueces, la Corte dictó 802 fallos) y el Congreso no estaba imposibilitado de sesionar. De hecho, cuando se realizó la designación, hacía cinco días que habían finalizado las sesiones extraordinarias y faltaban tres para que iniciaran las ordinarias. De admitirse que una herramienta excepcional sea utilizada en circunstancias no excepcionales, ya no existirá un procedimiento ordinario y otro de excepción, sino dos igualmente válidos entre los que podrá elegir el Presidente de turno.
El rechazo también constituye un imperativo toda vez que la aprobación de los pliegos conduciría a tener una Corte integrada exclusivamente por varones, lo que viola los compromisos asumidos por nuestro país en materia de género y lo convierte en el único de la región con un máximo tribunal sin mujeres, vulnerando el derecho de aquellas que están en condiciones de acceder a ese lugar a efectivamente hacerlo y el del resto a verse representadas allí.
Por otro lado, desde que los candidatos fueron propuestos, la ciudadanía ha expresado amplia y reiteradamente serias objeciones a su idoneidad, independencia y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, lo que no hace más que sumar razones de fondo al rechazo de las postulaciones por atentar contra la legitimidad de la Corte.
En ese contexto, no cabe duda de que la decisión correcta es solo una. ¿Qué Justicia nos dejan si permiten que personas que aceptaron ser designadas por un mecanismo inconstitucional finalmente lleguen y permanezcan en el Máximo Tribunal? ¿Qué Justicia nos dejan si hoy avalan un mecanismo que cualquier Presidente podrá utilizar en el futuro para designar jueces sin aval del Senado? ¿Qué Justicia nos dejan si permiten que personas ampliamente impugnadas debido a sospechas de corrupción y visiones restrictivas en materia de derechos humanos decidan sobre nuestra vida, nuestra libertad y nuestros derechos?
Hoy es uno de esos días en los que pueden defender su misión constitucional o dejarla en el olvido. Esperamos que estén a la altura de la función para la cual han sido elegidos y elegidas y demuestren a la ciudadanía que sus decisiones están guiadas por las buenas razones, por esas que pueden hacerse públicas y comunicarse a viva voz.
A la espera de que con su voto defiendan nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de justicia, los/as saludamos atentamente.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Amnistía Internacional
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Poder Ciudadano