En 2018, al menos 146 niñas menores de 15 años cursaron un embarazo y parto en Corrientes, una de las provincias que presentan mayor tasa de embarazos en niñas de esa edad. Además, es la provincia en donde se registra el menor uso de métodos anticonceptivos a nivel nacional, según se desprende de información recabada en el Plan ENIA. Por otra parte, la provincia se ha declarado “territorio pro-vida” por decreto en 2011, aunque ello en absoluto restringe su obligación de garantizar el acceso a los abortos legales.
A esta situación, se sumó el conocimiento del caso de una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su madre y debió llevar adelante un embarazo forzado.
Corrientes es una de las pocas provincias que no cuenta con un protocolo de atención de abortos cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o el embarazo fue producto de una violación, a pesar de que ya pasaron ocho años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a todas las jurisdicciones a adoptarlos. Las organizaciones locales y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) vienen reclamando la implementación de los abortos legales mediante campañas, recolección de firmas y presentación de proyectos desde el año 2012. La inexistencia de un protocolo nunca puede constituir un obstáculo para garantizar el derecho a un aborto legal.
En el pedido de acceso a la información pública dirigido al gobernador provincial, Gustavo Valdés y al ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, las organizaciones de alcance local, nacional e internacional indagaron sobre: cuál es el protocolo que se utiliza ante solicitudes de ILE, cuáles son los efectores que garantizan la práctica, la cantidad de consultas recibidas, la ruta de atención a niñas, la cantidad de niñas que han dado a luz, y la normativa en materia de objeción de conciencia.
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