Entre 2017 y octubre de 2022 hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de las cuales el 77,6% son mujeres. Estos datos provienen del programa Las Víctimas contra las Violencias el Ministerio de Justicia de la Nación, programa creado en 2006 que brinda atención a las víctimas de abuso o malos tratos, así como a víctimas de explotación y prostitución infantil, y demuestra que entre 2017 y 2021 hubo un incremento fue del 126%.
En las últimas semanas en Argentina, a raíz de varios casos muy mediatizados se generó un ida y vuelta de dichos con respecto al abuso sexual infantil. Una de las preguntas que más se realizó es con respecto a la prescripción de estos. Cuando se comete un delito, el Estado tiene la obligación de investigarlo y establecer una sanción. Pasado el plazo que establece la ley, ya no se puede investigar ese delito y no se puede aplicar una sanción penal. Esto es lo que se conoce como un caso que prescribe.
Para analizar este punto, debemos marcar dos grandes hitos jurídicos en nuestro país: la aprobación de la Ley Piazza en el 2011, que modificó el Código Penal estableciendo que la prescripción para los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad comienza a correr desde la media noche del día que cumplieran la mayoría de edad, y la Ley de Respeto al tiempo de las víctimas en 2015, plantea que el plazo debe comenzar a transcurrir desde el momento en que la víctima decide realizar la denuncia.
Previo a 2011 el Código Penal no diferenciaba respecto al tiempo de la prescripción de acuerdo a si la víctima era menor de edad o mayor. Por lo que la misma empezaba a correr el mismo día en que el delito se había cometido, y el plazo podía llegar al máximo de 12 años, dependiendo del delito. Con la sanción de la Ley Piazza (Ley 26.705), se estableció que para aquellas situaciones en que la víctima sea menor de edad la prescripción comenzaba a correr recién desde la medianoche del día que cumplieran la mayoría de edad, o sea a partir de los 18 años.
En 2015 la Ley Piazza fue reemplazada por la Ley de Respeto al tiempo de las víctima (Ley 27.206), se estableció que el plazo de prescripción empieza a correr recién cuando la persona, ya siendo mayor de edad, se acerca a la justicia para formular la denuncia o ratificarse en aquellos casos en los que fue formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
Con la sanción de estas leyes Argentina dió cumplimiento a sus compromisos asumidos internacionalmente al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Belém Do Pará. Sin embargo, según un estudio realizado por el medio británico The Economist en el que analizaron la capacidad de 60 países de afrontar estos delitos, Argentina está en el puesto 50, siendo a su vez el más bajo de Latinoamérica. El índice Out of the Shadows 2023 (Fuera de las sombras, en español) tomó en cuenta distintos factores para evaluar a los países: su legislación para proteger a niñas y niños de la violencia sexual, las políticas y programas de prevención, el compromiso del gobierno y cómo se llevan a cabo los procesos judiciales, entre otros puntos.
¿Qué nos dicen los datos sobre abuso sexual en las infancias?
Según el programa Las Víctimas contra las Violencias, los abusos aumentan a medida que crecen las niñas y niños: el 50,5% tienen entre 12 y 17 años de edad, contra un 16,9% en niñas y niños de entre 0 y 5 y un 32,6% cuando tienen entre 6 y 11. Por otro lado, también se ve que a medida que las edades de las víctimas van en aumento, también aumentan las víctimas mujeres: de 0 a 5 años son el 63% de las víctimas, entre los 6 y los 11 el 73,6% y entre 12 y 17 el 85%.
En el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima o un familiar, en general el padre. Los tocamientos sexuales son la modalidad más frecuente de abuso (41,7%) y casi la mitad de las agresiones (46,5%) ocurren en la vivienda de la víctima o su agresor.
Muchos llegan a reconocer y luego denunciar los delitos gracias a las clases de Educación Sexual Integral (ESI), lo que nos demuestra que la educación sigue siendo uno de los ejes fundamentales para brindarle herramientas a niñas, niños y adolescentes para reconocer las violencias. Por otro lado, tanto docentes, personal de salud o incluso vecinas o vecinos tienen la posibilidad de alertar a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual a través de la línea 102.
Lectura recomendada: El dolor no prescribe. La deuda en la Argentina con las víctimas de abuso sexual infantil, por María Piqué