En Argentina, solo el 19% de niños y niñas de 0 a 3 años acceden a un sistema de cuidados o educación, según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020. Actualmente, además, la mitad de los y las trabajadores del país no cuenta con licencias parentales por no encontrarse en relación laboral de dependencia, como es el caso de los y las monotributistas, trabajadores autónomos o informales.
Entre quienes cuentan con licencia por maternidad paga, la legislación no contempla maternidad por adopción, nacimientos múltiples, de pretérmino o de hijos e hijas con discapacidad. Y en el caso de los padres, sólo cuentan con una licencia de dos días corridos que tampoco prevé los casos mencionados anteriormente.
Como parte de la campaña, ELA y UNICEF publicaron un documento que establece los principales puntos a tener en cuenta para incorporar un sistema integral de cuidados y reformar el esquema de licencias, tales como contemplar la diversidad de las familias, la financiación necesaria para alcanzar una distribución equitativa de los cuidados y los casos de niños y niñas que, por distintas razones, requieren mayores cuidados en los primeros meses de vida, entre otros puntos.
A su vez, las tareas de cuidados recaen mayormente sobre las mujeres. A nivel nacional, antes de la pandemia, las mujeres realizaban en promedio el doble de horas diarias que los varones en estas tareas. Durante la pandemia esta situación se intensificó aún más, siendo las mujeres quienes asumieron mayormente las tareas de cocina (79%), limpieza (77%) y apoyo escolar de chicos y chicas (78%) en los hogares, según las encuestas rápidas 2020-2021 realizadas por UNICEF en hogares con niños, niñas y adolescentes.
“En Argentina tenemos lo que desde ELA denominamos el mosaico regulatorio, dado que el acceso, la extensión y el alcance de los tiempos de cuidado están determinados por el tipo de inserción laboral, la composición familiar y el lugar de residencia. No se tienen los mismos derechos si se tiene un empleo formal, informal o autónomo, si hablamos de familias heterosexuales o del mismo sexo, si se gesta o se adopta a un hijo, por solo nombrar algunos ejemplos”, afirma Delfina Schenone Sienra, Responsable del Área Política de ELA. “Lo que se evidencia es que la normativa actual es insuficiente para asegurar el derecho al cuidado de forma equitativa y que tenemos una deuda enorme de generar las condiciones para una mayor corresponsabilidad entre los géneros, para desfeminizar el cuidado pero también de dejar de sobrecargar a las familias y otorgar mejores condiciones para atender a las responsabilidades familiares, personales y laborales desde las políticas públicas y la normativa desde un enfoque de derechos y de equidad”, concluye Schenone Sienra.
A lo largo de las últimas décadas, la reforma en el esquema de licencias de cuidado fue abordada o tratada por integrantes de distintos partidos políticos. Sin embargo, aún no se ha logrado avanzar en definiciones y normativas concretas. Por tanto, las tareas de cuidado siguen recayendo como responsabilidad de las familias y dentro de ellas, de las mujeres, lo cual tiene efectos en términos de equidad de género, de derechos y también económicos.
En este sentido, la pandemia tuvo un fuerte impacto sobre la actividad laboral, especialmente de las mujeres. De acuerdo con las encuestas rápidas de UNICEF, el 38% de las personas que viven en hogares con niños, niñas y adolescentes atravesaron situaciones de inestabilidad laboral durante 2020, siendo las mujeres las más afectadas (44% frente al 33% de los varones).
“En esta misma línea, en todo el período bajo análisis las personas que residen en hogares con jefatura femenina muestran tasas de pobreza mayores que las de aquellas cuyo jefe es varón. La diferencia entre ambas tasas pasó de 4 puntos en la primera mitad de 2018 a rondar los 5 puntos en el segundo semestre de ese año. En el momento de la crisis desatada por la pandemia, esa diferencia se amplió y llegó a 8,2 puntos, mostrando un mayor impacto de la pérdida de ingresos entre hogares con jefatura femenina”, afirmó Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina.
En este marco, la campaña busca que las políticas públicas contemplen la desigual distribución del trabajo de cuidados para brindar herramientas de inclusión en el empleo remunerado de calidad, poder reducir las brechas de género y socioeconómicas, y asegurar el derecho a un cuidado de calidad de niñas, niños y adolescentes.