Este 28 de junio se cumplieron dos años desde la presentación de la acción judicial contra el Estado Nacional para que explique cómo garantiza hoy la prevención, la atención y el acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, luego del desmantelamiento de áreas y políticas públicas destinadas a esa tarea. Hoy la causa continúa abierta y la pregunta que le dio origen sigue sin respuesta.
Mientras las políticas fueron desmanteladas en pocos meses, el Estado aún no explicó ante la Justicia cómo cumple las obligaciones que continúan vigentes por ley y por los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina asumió para prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género.
La acción judicial fue presentada en 2024 por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundeps, Mujeres x Mujeres, FEIM, Ni Una Menos y ACIJ, luego de la desarticulación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el anuncio del cierre o reorganización de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y el despido del 85% del personal de la Subsecretaría.
Frente a ese escenario de incertidumbre, las organizaciones solicitamos a la Justicia que ordene al Estado aclarar cómo garantizará el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de prevención, asistencia y acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia.
La demanda también busca conocer qué organismo asumió esas funciones, qué programas continúan vigentes y de qué manera el Estado cumple con normas como la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Violencias, la Ley Micaela y los compromisos asumidos mediante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Junto con la demanda solicitamos una medida cautelar para evitar que continuara el desmantelamiento de las políticas públicas mientras se resolvía el fondo de la causa.
En diciembre de 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, hizo lugar a ese pedido y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de continuar reduciendo recursos humanos e infraestructura destinada a estas políticas, además de garantizar funciones esenciales como la atención, la prevención y la producción de información pública. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el Ministerio de Justicia y posteriormente revocada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Frente a ello, las organizaciones presentamos un recurso extraordinario que fue rechazado y luego un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese recurso permanece pendiente de resolución desde mayo de 2025. Antes de decidir, la Corte dio intervención a la Defensoría General de la Nación, que emitió un dictamen favorable al planteo de las organizaciones y recomendó dejar sin efecto la resolución que había revocado la medida cautelar.
Mientras la Corte Suprema debe resolver la situación de la medida cautelar, la demanda principal continúa tramitando ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1.
En esa instancia, el Ministerio de Justicia contestó la demanda y se opuso a la producción de prueba ofrecida por las organizaciones. Sin embargo, hasta el momento no presentó elementos de prueba que permitan demostrar cómo cumple actualmente sus obligaciones de prevención, atención y acceso a la justicia frente a las violencias por motivos de género.
Ahora resta que el juez defina qué prueba se producirá antes de avanzar hacia la sentencia. Esa decisión permanece pendiente desde hace varios meses. Recientemente, además, La Casa del Encuentro se presentó como amicus curiae para aportar argumentos al expediente.
Esta demanda no cuestiona la potestad del Estado para reorganizar su administración, sino que busca una respuesta concreta a una pregunta que sigue vigente: ¿cómo garantiza el Estado derechos que continúan siendo obligaciones legales cuando decide eliminar o modificar las políticas públicas encargadas de hacerlos efectivos?
Dos años después del inicio del litigio, esa respuesta todavía no llegó. Mientras tanto, la incertidumbre que dio origen a la demanda permanece.
Expediente: Equipo Latinoamerica de Justicia y Género Asociación Civil y otros c/EN- Ministerio de Justicia Ley 26485 s/proceso de conocimiento
Presentación de la demanda: 28 de junio de 2024.
Juzgado: Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.