El derecho a trabajar en un espacio libre de violencias

Cuando las mujeres denuncian violencia, la solución no siempre es inmediata. En 2020 siete docentes de la Universidad Nacional del Sur realizaron una denuncia en el marco de esta institución contra un colega, Martín Aveiro, por violencia psicológica en el ámbito laboral. Las autoridades de la Universidad pusieron en práctica el protocolo de actuación en situaciones de discriminación y/o violencia de género y en marzo del 2021 el Rector de la Universidad resolvió iniciar un sumario administrativo en contra del docente. 

Tras más de 80 testimonios se estableció que Aveiro cometió una falta administrativa que debía ser sancionada  al haberse demostrado que el acusado ejerció violencia psicológica en el ámbito laboral. En junio de 2022, el Consejo Superior Universitario decidió por unanimidad aplicar una cesantía, que no pudo hacerse efectiva debido a la tutela sindical que protege al acusado en virtud de sus actividades gremiales  pese a las acusaciones en su contra.

Desde que llevaron sus reclamos a las autoridades de la Universidad, las situaciones de violencia de género por parte del acusado no sólo no cesaron, sino que aumentaron progresivamente. A pesar de que Aveiro está de licencia con goce de haberes, las denunciantes siguen siendo víctimas de violencia de género, algunas de ellas continúan viendo vulnerados sus derechos en el ámbito laboral y el estado indefinido del caso las pone en una situación de revictimización. 

“Cuestionaba mi capacidad docente con respecto a la toma de decisiones sobre el dictado de la asignatura. Me chicaneaba, confrontaba, me hablaba mal de mis compañeras, incluso de una docente que él sabía que era amiga mía”, aseguró una de las denunciantes que prefiere mantenerse anónima. “Debido al clima laboral hostil generado por él, padecí una alopecia anular (pérdida de cabello en una sola parte de su cuero cabelludo) causada por estrés, lo que me llevó a un largo tratamiento dermatológico, así como psicoterapia personal. La pasé muy feo, era un ambiente de trabajo tóxico, por el abuso de autoridad que ejercía al no reconocer mi labor ni mi experiencia”, aseguró la misma docente. 

Según los testimonios de las denunciantes, era frecuente que Aveiro utilizara sobrenombres denigrantes ante sus compañeras de trabajo, humillandolas y desprestigiando su trabajo. “Estos tratos humillantes se direccionaron siempre hacia las mujeres, desconociendo la trayectoria y el esfuerzo de quienes tanto habían trabajado para que se pudiera abrir la nueva carrera de Ciencias de la Educación en la UNS”, afirmó otra docente, quien también prefiere mantenerse anónima. “Al principio nadie me creía y tuve que exponer mi situación ante las autoridades y el gremio, pero me resultó muy difícil probar lo que sucedía en ese momento. Aun cuando ya no tenga contacto con él, me genera cosas que todavía me cuesta tramitar, si bien estar en tratamiento psicológico me ha ayudado. Por eso es de gran valía que nuestra universidad tenga un Protocolo en donde exponer estas cuestiones desde una perspectiva de género”, concluyó una de las denunciantes. 

A fines de marzo, junto con el Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata (CeGRI-IRI, UNLP) desde ELA presentamos una nota a la Comisión Directiva de FEDUN para manifestar nuestra preocupación sobre el caso. En esa carta manifestamos nuestro deseo de una urgente “resolución del caso en razón de la importancia que tiene avanzar en los mecanismos disponibles para garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia y promover el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en materia de violencias por razones de género”. Al día de la fecha no hemos recibido respuesta por parte del sindicato. 

Cuando dos derechos chocan

A pesar de la decisión y acompañamiento que las autoridades de la Universidad ofrecieron a las denunciantes, el caso no tuvo una solución rápida y satisfactoria. Esto es debido a que el acusado tiene un cargo en FEDUN (Federación de Docentes de Universidades) por lo cual tiene una protección gremial. 

Acá vemos la tensión entre dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho de las mujeres a vivir y trabajar en un espacio libre de violencia. Por otro lado, el derecho a la libertad sindical que acarrea una  tutela  que sólo puede ser removida mediante una sentencia judicial. La tutela sindical es un derecho fundamental, pero cuando se trata de un caso de violencia basada en género en el cual se ponen en tensión dos derechos, la prioridad debe estar en garantizar un espacio de trabajo libre de violencias. 

Es por eso, que a mediados de marzo, ELA presentó un amicus curiae en apoyo a la Universidad en su reclamo hacia la Justicia para que la tutela sindical sea levantada y de esa forma se pueda activar la sanción que corresponde. El 24 de mayo, el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca resolvió aceptar esta presentación . En esta decisión, el juzgado explicó que el caso reviste un interés que trasciende al de las partes y se proyecta sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella. Por lo tanto, presentaciones como la de ELA tienen por objeto procurar un debate conforme a las exigencias del sistema republicano democrático, de cara a cumplir con el objetivo de afianzar la justicia conforme lo dispuesto por el preambulo de nuestra Constitucion Nacional y los principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres -tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará).

“Vemos cómo desde la institución se tomó la decisión de proteger los derechos de las mujeres a desarrollar su vida laboral en un ambiente libre de violencia. Ahora, la Justicia tiene la oportunidad de fallar y apoyar con su decisión a las mujeres removiendo la tutela sindical. Esto permitirá la aplicación de la decisión de cesantía sobre el docente acusado y evitará la impunidad”, afirma Agustina Correa, abogada del área jurídica de ELA. 

Perspectiva de género en el ámbito sindical

Los sindicatos, cómo espacios de negociación colectiva, son fundamentales para la promoción y el pleno respeto por los derechos de las mujeres, consideradas en toda su diversidad. La perspectiva de género dentro del ámbito sindical potencia la facultad de ampliar derechos laborales que además permitan reducir asimetrías, las brechas de género, y las distintas formas de discriminación y violencias por razón de género existentes en los espacios laborales. 

Gracias al trabajo que hemos realizado desde ELA sabemos que las organizaciones sindicales que promueven una participación igualitaria de varones y mujeres en sus estructuras de representación, generan políticas de cuidado igualitarias, medidas para combatir la violencia laboral que sufren las mujeres, y constituyen verdaderos espacios de transformación social y cultural. 

En Argentina, 3 de cada 10 personas sufren violencia o acoso laboral, y esto afecta sobre todo mujeres y diversidades. Según la OIT el acoso psicológico puede expresarse a través de insultos, agravios personales, denigraciones, cambios arbitrarios en las condiciones laborales, cuando no se dan objetivos de trabajo, o cuando se distribuyen imágenes o comentarios maliciosos a través de medios virtuales, entre otros.

En febrero de 2022, entró en vigencia en Argentina el Convenio 190 (C190) de la OIT que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Tomando en cuenta los compromisos asumidos con el C190 también con la Recomendación 206 (R206) asigna la responsabilidad y el deber de cuidar la salud y seguridad de las personas representadas, cooperar con los empleadores con la observancia y aplicación efectiva de las políticas en el lugar de trabajo frente a la violencia y el acoso. 

Es fundamental que se garantice el acceso a justicia a las víctimas y se proceda a la remoción del cargo del Sr. Aveiro dentro de FEDUN a los efectos de que se pueda dar cumplimiento a la decisión de cesantía.