La violencia política contra las mujeres e integrantes del colectivo LGBT+ es un tema todavía poco explorado en Argentina, pero que de a poco ha ido cobrando notoriedad, e incluso fue incorporada recientemente a la Ley de Protección integral de violencia. Y las redes sociales son uno de los espacios identificados donde estas agresiones pueden tener lugar. Los desafios entonces radican no sólo en visibilizar esta violencia, sino en pensar una respuesta feminista para lograr su erradicación.
Para debatir sobre la conceptualización de la violencia política y pensar estrategias conjuntas, ELA (en el marco del proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad) junto al Observatorio Julieta Lanteri y el Observatorio Electoral de la COPPPAL, organizó dos conversatorios en el que participaron mujeres y disidencias de distintos puntos del país y con diferentes trayectorias en el ámbito público y de la política. Ximena Cardoso Ramirez, de ELA, e Irene Ascoldi, de COPPPAL, fueron las responsables de la moderación de los encuentros virtuales que se realizaron los días 6 y 13 de julio.
En la fecha inaugural las organizaciones convocantes presentaron los resultados del monitoreo que realizaron junto a la ANAP durante las elecciones de 2019 para estudiar este tipo de manifestaciones de violencia en Facebook, Twitter e Instagram. Elisa Ichaso, del Observatorio Electoral de COPPPAL, presentó los resultados cuantitativos de la investigación, para que el que se analizaron posteos de Twitter. De todas las agresiones que se registraron hacia las candidatas monitoreadas, 5% campañas de desprestigio, 16% amenazas, 25% acosos y el 54% contenian expresiones discriminatorias. Entre estas últimas el 39% referían a roles y mandatos de género, el 34% a menosprecio de capacidades el 27% alusiones al cuerpo y la sexualidad.
Agustina Gradin, del Observatorio Julieta Lanteri de FUNDECO, presentó luego las principales conclusiones a partir del estudio cualitativo, en base a los comentarios que las candidatas seleccionadas recibieron en Facebook e Instagram. Entre las expresiones discriminatorias la mayoría de los comentarios se refirieron a los roles y mandatos de género: se vinculó a las candidatas con el espacio privado y hubo también comentarios apelando a la maternidad como atributo positivo. En cuanto al menosprecio de capacidades fueron habituales los comentarios cuestionando las habilidades o la idoneidad de las candidatas para hacer política. A diferencia del análisis cuantitativo, en el cualitativo las campañas de desprestigio aparecieron con mayor intensidad. Por último, Gradin se refirió a dos temas para problematizar: el hecho de que las candidatas más jóvenes recibieran un mayor volumen de agresiones y las posturas a favor del proyecto de legalización del aborto también motivaran el comportamiento violento.
Luego fueron tomando la palabra algunas de las candidatas monitoreadas durante la investigación. Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos (FDT) destacó que la violencia política no distingue pertenencia partidarias: “Podemos pensar distinto en un montón de temas sin que cambie en absoluto la matriz de esa violencia porque de lo que se trata es precisamente de inhabilitarnos políticamente como interlocutoras válidas, cualquiera sea la idea, posición, proyecto que llevemos adelante” y agregó: “Nos quieren sacar de la vida política a nosotras pero quieren además achicar el valor de las ideas, que en definitiva a mí al menos siempre fue lo que más me importó y lo que me llevó a ese lugar”. Victoria Donda, titular del INADI, se refirió a los espacios en donde la violencia política puede tener lugar: “Las redes sociales son una manifestación de un fenómeno más complejo que sufrimos las mujeres que hacemos política y que la sufrimos en todos lados: en las calles, los medios de comunicación y también al interior de nuestras organizaciones políticas”. Sobre este último tema se expresó también Paula Arraigada, activista trans y referente del Frente de Todos: “En el caso del colectivo trans como en el de otros colectivos que son invisibilizados hay que dividir en dos a la violencia política: una es la que puede haber en las redes o en cualquier medio de comunicación y otra es la que ejerce dentro de los aparatos partidarios”. Para Arraigada, “hay mucha violencia explícita e implícita que no siempre tiene que ser física, que a veces es verbal, por el menosprecio, por la falta de interés sobre las necesidades de ese colectivo o por el menosprecio a las capacidades que las compañeras pueden llegar a tener”. Silvia Lospennato, Diputada Nacional de Cambiemos, señaló que “frente a un proceso de disciplinamiento y escarmiento” se requiere trabajar en dos sentidos: por un lado “Impulsar con las compañeras políticas estas redes de sostenimiento, que el feminismo tiene transversalmente para todas” y, por el otro, “en la respuesta feminista, que tiene que ser el acompañamiento a quien sea que la esté sufriendo”.
Florencia Goldsman, comunicadora, periodista, ciberactivista y ciberfeminista y Agustina Del Campo, directora del CELE de la Universidad de Palermo, sumaron a continuación otros puntos de vista a la discusión. “En medio de una internet cada vez mas violenta y misógina internet feminista es una propuesta politica, porque internet es un territorio a disputar”, afirmó Goldsman quien destacó la necesidad de conocer los principios de responsabilidad, transparencia y derechos, especialmente de personas LGBTIQ, migrantes y racializadas, asi como alcanzar una mejor comprensión de las dimensiones de privacidad, vigilancia y tecnología. “Lo constatamos con los ataques en Zoom durante la pandemia: no soportan ver a las mujeres y personas LGBTIQ organizadas y ocupando espacios”, expresó Goldsman. Mientras tanto, Del Campo comenzó su exposición destacando que hay conceptos “que desde lo social sirven para impulsar un tema en el debate público” para visibilizar ciertas problemáticas, “pero lo elementos que hacen a ese fenómeno deben abordarse de manera muy distinta” y ejemplificó: “No es lo mismo cómo abordamos una amenaza a cómo abordamos un comentario misógino en la red”, ejemplificó. Para Del Campo, ante la prueba de que las leyes de tipo reactivas no solucionan el problema que buscan erradicar, es necesario pensar proactivamente. Y en este sentido señaló algunas consideraciones a tener en cuenta: “Tenemos que pensar qué rol querríamos que el Estado cumpla en la regulación de estos discursos, qué nos gustaria ver de ese tipo de regulación y cuál es el costo que estamos dispuestas a pagar por esa regulación”.
En el segundo encuentro el tema propuesto para el intercambio fue pensar los próximos desafíos a partir de la reforma y la integración de la violencia política dentro de la ley integral de violencia. En esta oportunidad del ámbito político participaron Lucila De Ponti, diputada provincial, y Lucía Campora, legisladora de la Ciudad de Buenos. De Ponti recordó cuando en 2017 hackearon su celular y se difundieron en redes sociales fotos de su intimidad, hecho por el cual dicidió recurrir a la justicia. “El fiscal y el juez me acompañaron promoviendo ellos la posibilidad de enmarcar estos hechos como delitos vinculados a la violencia política hacia una mujer. Porque estaban orientados a limitar mi participación en el ámbito político”.
Por su parte, Cámpora señaló las diferencias que puede haber entre las propias mujeres, aquellas que ya tienen cierta trayectoria pueden estar fortalecidas y contar con apoyos, pero quizás las más jóvenes no cuentan con las mismas herramientas: “Lo más complejo está ahí en aquellas que recién están empezando, quieren hacerlo o ni siquiera se animan a pensarlo porque el sistema les impone que no es para ellas y que no es para nosotras la política”. Y destacó la relevancia de trabajar en los espacios donde comienzan se inician las trayectorias políticas: “Creo que son muy importantes las herramientas apuntadas a construir mayor participación de las mujeres en los ámbitos de base y ahí el trabajo con las organizaciones estudiantiles, con los sindicatos, con los partidos políticos es fundamental”.
A modo de cierre Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA hizo un repaso sobre los temas que aparecieron que plantean propuestas sobre el trabajo a continuar, como la exacerbación de la violencia contra las políticas más jóvenes y cómo abordar el tema en los diferentes espacios donde estas agresiones pueden tener lugar. Pero en particular, queda como agenda futura la reparación frente a las distintas manifestaciones de la violencia. “La herramienta penal puede ser una reparación útil para ciertas formas de la violencia, pero no para todas y todas merecen ser abordadas institucionalmentes y reparadas de diferentes maneras”, explicó y afirmó: “Y acá otra vez las voces de las protagonistas, de quienes reciben estos ataques disciplinadores, son importantes para construir una forma más compleja de mirar la reparación”.
Sobre el proyecto Cerrando Brechas
El proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea e involucra a organizaciones referentes de la sociedad civil con una amplia trayectoria de trabajo en relación con la igualdad de género: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI), y la Fundación Siglo 21.