1️⃣ Muchos de estos programas, como toda política pública, podían ser revisados, reformulados o incluso cuestionados. Pero nacieron para dar respuesta a un problema concreto y persistente: la violencia hacia las mujeres por razones de género, que requiere una intervención integral del Estado para poder dar una respuesta real y efectiva a las distintas formas en que se expresa.
2️⃣ Para pensar cualquier política pública en este campo, es necesario contemplar:
Las perspectivas punitivistas que plantean “el que las hace, las paga”, la verdad es que no representan una respuesta real para muchísimos de los casos de violencia y, en todo caso, llegan tarde porque el daño ya está hecho y no resuelven el problema.
3️⃣ Cada Gobierno tiene la potestad de revisar la forma en que organiza los organismos del Estado, y de reorganizar o repensar las políticas públicas, en función de lo considere más adecuado. Sin embargo, en este caso, lo que vemos con preocupación es que lo único que hay es desmantelamiento de todas las herramientas que se habían creado sin presentar ninguna otra propuesta.
4️⃣ Si el Gobierno cree que “no era por ahí”, podría ser una mirada válida. ¿Cuál es entonces la propuesta para cumplir con la obligación de prevenir y proteger a las mujeres frente a la violencia de género? Es cierto que la sociedad evolucionó mucho en las últimas décadas y no vivimos de la misma manera que nuestras abuelas o nuestras madres; muchísimas cosas cambiaron en relación a la igualdad de género en nuestro país. Sin embargo, todavía tenemos muchas cosas por mejorar y no podemos desconocer que la violencia hacia las mujeres por razones de género sigue existiendo. Basta con mirar los datos sobre violencia sexual y la violencia en las parejas. Negarla no la elimina. Solo agrava sus consecuencias.
5️⃣ En junio del 2024, organizaciones de la sociedad civil presentamos una acción judicial exigiendo al Ejecutivo certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. El Estado nacional tiene la obligación de generar un Plan Nacional de Acción contra las violencias para explicitar cuáles son las políticas públicas que existen y cómo se coordinan con el trabajo en las provincias. La acción fue acompañada de una medida cautelar, concedida en diciembre de 2024 y revocada posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones. Hoy espera la confirmación de si llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: https://bit.ly/DemandaAlPoderEjecutivo
6️⃣ La preocupación no es solo nuestra. En su informe anual 2024, publicado hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la reestructuración del Estado iniciada en diciembre de 2023 ha debilitado gravemente la institucionalidad en materia de género. También señaló con alarma que altas autoridades niegan públicamente la existencia de la violencia de género, enviando un mensaje deslegitimador que puede habilitar su reproducción.
Fuente: https://bit.ly/InformeCIDH2024
7️⃣ El anuncio de hoy confirma esa tendencia: la negación de una problemática sobre la que el Estado tiene obligaciones claras e indelegables. Mientras el Gobierno insiste en que los datos muestran una baja en los casos, la realidad evidencia otra cosa: no hay plan, no hay estrategia, y no hay respuestas para las mujeres, adolescentes y niñas que lo necesitan.
Fuente: https://bit.ly/QueDicenLosDatos