La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de ser la garante última de la Constitución Nacional, la democracia y el estado de derecho. Dada la trascendencia de esa misión, es esencial que respete el equilibrio de género en su conformación y esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad, independencia, imparcialidad, pluralidad y diversidad de procedencias y de saberes; así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.
Los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo no cumplen estos requisitos. Por eso impugnamos sus candidaturas y exigimos que se postulen candidatas mujeres con perspectiva de género y probado compromiso con los derechos humanos.