Más de un año le tomó a Ivana Ferreyra, concejala electa de Icaño (Catamarca) poder asumir su cargo, el cual le correspondía por voto popular desde diciembre de 2021. Miembros de su partido político se lo impidieron y el caso fue llevado a la Corte de Justicia de Catamarca, quién en noviembre de 2022 dictó sentencia en favor de Ferreyra para su incorporación en el Concejo Deliberante. De todas formas, los obstáculos persistieron y recién en marzo de este año la concejala, con la intervención del gobierno provincial, pudo ocupar su puesto.
A pesar de haber logrado asumir los hechos de violencia política por razones de género no cesan y en las últimas semanas se sumaron diferentes obstáculos que perjudican el normal desenvolvimiento de las funciones para las cuales juró desempeñarse.
La violencia política busca sacar a las mujeres y diversidades del debate público y los espacios de decisión. 8 de cada 10 mujeres políticas manifestaron haber vivido violencia política por razones de género y en 6 de cada 10 casos, el agresor es un compañero del mismo partido político.
El Partido Justicialista tanto en la provincia de Catamarca como a nivel nacional tienen el deber y la responsabilidad de tomar acciones concretas para instar a los integrantes del Concejo Deliberante de Icaño para que cesen en los hechos de violencia hacia la Ferreyra. Por ello, desde ELA, CAREF, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación Siglo 21, FunDheg, Fundación Typé, el Observatorio de la Violencia Machista en la Política Julieta Lanteri y CEDEM – Centro de la Mujer San Fernando enviamos una carta a la Sra. Lucía Corpacci, presidenta del Partido Justicialista de la provincia de Catamarca y Vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional expresando nuestra preocupación ante los hechos sufridos por Ferreyra.
Los partidos políticos no deben ser ajenos a las condiciones para el desarrollo de la actividad política que enfrentan muchas mujeres que reciben agresiones y violencias en el ejercicio de sus funciones políticas. Por el contrario, deben brindar protección y garantías a quienes los integran. Por ello, cuando se dan hechos de violencia basada en género al interior de un partido político, sus autoridades deben disponer procedimientos claros dirigidos a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, con el fin de eliminar la impunidad y procurar condiciones de seguridad en la vida partidaria.
Valoramos que el Partido Justicialista de la provincia haya dado especial reconocimiento a la labor de las mujeres políticas que integran el movimiento, en particular a quienes les toca trabajar y militar abriendo puertas a generaciones venideras, tal como se señala en su página web. Es por eso que solicitamos al partido que tome medidas concretas para asistir a la concejala Ivana Ferreyra y que ponga a disposición su apoyo para erradicar cualquier situación de violencia política basada en género al interior del partido.