En el día de la fecha, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una ley de adhesión al Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) dejando sin efecto el protocolo existente en la Ciudad desde 2012, que tenía una redacción muy deficiente.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo “F., A. L.” en marzo de 2012, las reacciones de las distintas jurisdicciones del país para garantizar el acceso al aborto legal previsto en el Código Penal fueron variadas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se pusieron en marcha dos procesos distintos y paralelos para responder a la exhortación de la Corte. Por un lado, la Legislatura porteña sancionó la Ley 4.318 que establecía un procedimiento para la atención de abortos legales compatible con los estándares fijados por el Máximo Tribunal. Sin embargo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, que en ese entonces era Mauricio Macri, vetó la ley mediante el Decreto 504/2012. Por otro lado, se inició un proceso de regulación ministerial que finalizó con el dictado de la Resolución 1252/2012.
Esta Resolución no se adecuaba a los estándares de la Corte Suprema y contenía requisitos que funcionaban como barreras de acceso a abortos legales. Frente a esta situación, María Rachid y Andrés Gil Domínguez interpusieron una acción de amparo solicitando se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Resolución. Paralelamente, ELA junto a ADC, CELS y REDI interpusieron una acción de amparo colectivo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los requisitos ilegítimos de la Resolución 1252/12 que obstaculizaban arbitrariamente el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a acceder a abortos legales. Ambas causas fueron acumuladas por la justicia y siguieron su curso de manera conjunta. Uno de los principales logros de la judicialización del protocolo impulsado desde la sociedad civil fue la suspensión de los requisitos que se impugnaban a través del dictado de una medida cautelar que mantendría su vigencia hasta tanto finalice el proceso. Ocho años más tarde, la causa se encuentra todavía a resolver por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante todos estos años, la suspensión judicial permitió a los equipos de salud de la Ciudad de Buenos Aires dar respuesta a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que solicitaban acceder a abortos legales de acuerdo a los estándares fijados por nuestro Máximo Tribunal.
Desde ELA, celebramos la decisión de la Legislatura porteña de avanzar en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Por 50 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones, la legislatura eligió dar mayor seguridad jurídica a los equipos de salud que garantizan abortos legales en la Ciudad. Al adherir al Protocolo nacional, se reconoce también la importancia de que las niñas, adolescentes y mujeres se beneficien de los avances científicos dado que este protocolo contiene actualizaciones vinculadas a evidencia científica en la materia, en condiciones de igualdad. Por último, supone también la adecuación del protocolo sanitario al actual Código Civil y Comercial de la Nación.
Aun cuando los requisitos que obstaculizaban el acceso a abortos legales contenidos en el protocolo de la Ciudad de 2012 se encontraban suspendidos, el hecho de que estuvieran todavía en la letra de la Resolución y que no se haya alcanzado una sentencia definitiva en la causa podía generar una sensación de incerteza para los equipos de salud que garantizan derechos. La decisión de la Legislatura supone eliminar todo tipo de duda en este sentido. Desde ELA, venimos acompañando el proceso y reclamando por la adecuación del protocolo a los estándares de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. Celebramos la decisión de la legislatura que supone continuar avanzando en el reconocimiento de derechos y posicionar a la Ciudad como garante de los derechos reproductivos de las mujeres.