Los femicidios ocurridos en los últimos días, como el de Úrsula Bahillo en Rojas y el de Guadalupe Curual en Villa La Angostura, reavivaron el debate sobre el rol y en particular el funcionamiento de la Justicia en la erradicación de las violencias por razones de género.
Los femicidios ocurridos durante febrero mostraron una vez más todo lo que falla para prevenir estos crímenes, aún cuando las víctimas pudieron denunciar y pedir ayuda. Sigue habiendo fallas en la articulación entre las instituciones del Estado; la resolución veloz de las denuncias y pedidos de ayuda; y faltan respuestas efectivas que contemplen cada situación y contexto particular. Mientras tanto, la responsabilidad de activar los mecanismos de respuesta de las instituciones públicas continúa recayendo en aquellas que están viviendo esas violencias.
“Cuando la promesa de una vida libre de violencias queda en las letras de las normas pero no alcanza a las vidas de las mujeres, tenemos la obligación moral (y legal) de analizar donde se ha fallado”, opinó Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, y agregó: “La responsabilidad del Estado implica también la obligación de asegurar un aprendizaje institucional para que esas fallas no se cobren vidas”.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio impactó en las vidas de las mujeres víctimas de violencias. El confinamiento al interior de los hogares, algunas veces en convivencia con sus agresores, las expuso a situaciones de tensión que pudieron derivar en episodios de violencia o agravar las violencias ya existentes. Las organizaciones que formamos parte del proyecto Cerrando Brechas, realizamos en aquel momento un llamado a la comunidad y las instituciones de todos los poderes del Estado para recordar la necesidad de afrontar esta crisis con atención a su impacto en los roles sociales de género y ofrecimos un decálogo de propuestas para abordar en particular las violencias por razones de género. Y publicamos también una serie de recomendaciones destinadas al Poder Judicial específicamente, considerando que en todas las provincias debieron adoptar medidas especiales para responder a estas situaciones en el contexto de emergencia.
Las organizaciones de la sociedad civil somos parte del colectivo inmenso que logró llevar el tema de las violencias a un lugar relevante de la agenda pública. La responsabilidad de articular respuestas efectivas, concretas, adecuadas, es del Estado.