Con 39 votos a favor y 8 en contra, la Legislatura de Tucumán aprobó esta tarde la adhesión a la ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación en materia de género para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado.
Tucumán era hasta ahora la única provincia que no había adherido a la ley nacional que entró en vigencias en 2018 y que lleva el nombre de Micaela García, la joven de 21 años que fue asesinada en abril de 2016 en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes por violación.
Diferentes organizaciones feministas de todo el país habían manifestado su preocupación por una serie de proyectos presentados en la Legislatura tucumana que proponían algunas modificaciones como la posibilidad de la objeción de conciencia para realizar las capacitaciones. Algunos legisladores incluso cuestionaron la normativa por su “ideología feminista”. ELA, junto a las otras organizaciones que participan del proyecto Cerrando Brechas, envío una nota dirigida a la Legislatura provincial además de adherir al pedido de Ni Una Menos Tucumán para que la ley se aprobara sin modificaciones, tal como finalmente sucedió.