G.G. fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja de forma reiterada. A esas agresiones se sumó también la violencia institucional que le causó el Estado ya que le fue negado su derecho de acceder a la justicia y de lograr la reparación que buscaba mediante el proceso.
Desde ELA acompañamos la presentación de G.G. ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, solicitando al Estado Argentino de una reparación integral por ser responsable de no garantizar su derecho a una vida libre de violencias. Esta presentación se hizo en el marco del proyecto Cerrando Brechas II, liderado por ELA, FEIM, Caref, Fundación MEI y Siglo 21, con el apoyo financiero de la Unión Europea en Argentina.
A lo largo de cuatro años, G.G. cooperó con la Justicia y estuvo a disposición para impulsar un proceso penal iniciado contra su ex pareja, que la agredió físicamente. G.G. hizo todo lo que estuvo a su alcance para que su causa prospere. Aportó pruebas, testigos e impulsó el proceso presentándose en las distintas dependencias del Poder Judicial cada vez que le fue requerido. Para poder llevar adelante el caso, G.G. tuvo que atravesar sucesivas instancias de revictimización, solicitar en cada ocasión permisos en su lugar de trabajo para llevar adelante todos los trámites de la causa. Todo esto lo hizo con sus propios recursos y sin ningún tipo de contención por parte del sistema judicial.
G.G. solicitó una defensa pública y que le permitieran participar en su propia causa. Esto dio lugar a una cantidad de intercambios entre las distintas dependencias del sistema de administración de justicia: el Poder Judicial decidió dirimir disputas internas en el marco del proceso de G.G., generando demoras que terminaron vulnerando los derechos de acceso a la justicia y de juicio oportuno a G.G. El transcurso del tiempo generado por las dilaciones que se realizaron intencionalmente, terminó llevando a la prescripción de la causa. De esta manera, en razón de las intervenciones de los propios actores judiciales, se eliminó la posibilidad de que continúe el proceso penal, que el agresor sea juzgado y sancionado y que G.G. pudiera obtener una reparación al daño que había sufrido.
El Estado argentino, ya sea representado por magistradas, magistrados, por el Ministerio Público Fiscal o por el Ministerio Público de la Defensa, no puede olvidar sus obligaciones internacionales e incumplir los compromisos asumidos. Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres desde una perspectiva de género es una obligación que recae en todos los actores que intervinieron en el proceso iniciado por G.G. como consecuencia de denunciar un hecho de violencia basada en género.
Por ello, desde ELA acompañamos la solicitud planteada por G.G. al Comité de la CEDAW, solicitando que el Estado Argentino reconozca su responsabilidad por las violaciones de derechos hacia G.G. y repare el daño causado.