En el contexto actual de pandemia provocada por el COVID 19, las desigualdades de todo tipo se exacerban. En Argentina, el Estado Nacional se enfrenta a una situación excepcional que requiere respuestas urgentes en materia sanitaria, económica y también de políticas públicas para atender las distintas dimensiones de la crisis. Muchas de estas medidas se han adoptado para mitigar el impacto de la crisis en distintos grupos de personas, atendiendo en particular las situaciones de mayor vulnerabilidad. En esa línea, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lideró el diseño de estrategias dirigidas a responder a las violencias por razones de género, promovió un trabajo articulado con la Justicia y con el Ministerio de Desarrollo Social para mejorar las estrategias para la protección de mujeres, travestis y trans. Sin embargo, observamos que sería importante profundizar el enfoque de género en algunas de las respuestas que ha dado el Estado desde otras áreas.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no se ve presente en la mesa de decisiones o en los anuncios de algunas de las medidas más significativas que se han adoptado en estas semanas de aislamiento social, preventivo yi obligatorio (ASPO). Desde ELA hemos sostenido en reiteradas oportunidades que no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, travestis y trans (y ciertamente tampoco de la institucionalidad para la igualdad de género) incorporar esta perspectiva en el quehacer del Estado. Muy por el contrario, se trata de una obligación de todos los organismos y funcionarios/as públicos. Sin embargo, es la diversidad de trayectorias, miradas y formación la que puede aportar muchas veces esa mayor textura y profundidad a las decisiones que se adoptan. Por eso creemos interesante analizar cómo están compuestos los equipos que están tomando las decisiones para atender a la emergencia y qué rol tienen las mujeres en este contexto de crisis ya que al menos en tres oportunidades esa mirada hubiera sido relevante.
En primer lugar, la decisión de suspensión de clases presenciales adoptada por el Gobierno Nacional en los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior a partir del 16 de marzo, fue anunciada en la tarde de un día domingo. Pero no fue sino hasta un día más tarde, que se anunciaron medidas con respecto a las licencias y/o habilitación de trabajo remoto para trabajadores del sector público y privado con hijas e hijos a cargo. Las escuelas y espacios educativos son también una estrategia de cuidado para las famlias y el orden del anuncio de estas medidas mostró una atención limitada del impacto de las tareas de cuidado en los hogaares, las cuales recaen mayoritariamente en las mujeres que habrán tenido que ausentarse del empleo, o desplegar otras estrategias incluyendo la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes queden solos o al cuidado de personas mayores, que es justamente la población de riesgo que más se busca proteger.
En segundo lugar, la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como medida que abarca a monotributistas de las dos categorías más bajas, monotributistas sociales, trabajadores/as informales, beneficiarios/as de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo (AUE) o plan PROGRESAR, mostró la preocupación por ayudar a complementar los ingresos afectados seriamente por el ASPO. Con esta medida se logró alcanzar a las personas vinculadas al sector informal de la economía (altamente feminizados) como monotributistas de bajos recursos y trabajadoras de casas particulares, quienes tendrán una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos durante el período de cuarentena, afectando notablemente al bienestar de sus hogares. Conocer la desagregación por sexo de las personas alcanzadas por el IFE sería muy relevante para analizar también la complementación de ésta política con otras que apuntan a categorias más altas de monotributo y trabajo independiente, para conocer la dimensión de género del impacto de la crisis en esos sectores medios.
En tercer lugar, la persistencia y posiblemente agravamiento de las violencias por razones de género en el pais, incluyendo el femicidio de al menos 30 mujeres desde que inició el ASPO, ocupan una parte importante de la agenda del feminismo. Así como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha desplegados estrategias novedosas para ofrecer más canales de asesoramiento, contención y derivación, sería muy importante que esto fuera abordado en los mensajes emitidos desde las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales.
El liderazo del Ministerio de Salud en esta crisis es indudable y el trabajo de la Secretaria de Salud, Carla Vizzotti, tiene enorme visibilidad y trascendencia. Pero si miramos en otras áreas del Estado, la participación de las mujeres resulta más limitada. Así lo muestra un pequeño relevamiento cuantitativo de las funcionarias mujeres que estuvieron presentes en reuniones del Poder Ejecutivo o Legislativo y en conferencias de prensa públicas que se realizaron desde el inicio del manejo de la epidemia. Del análisis de un total de 82 reuniones y conferencias públicas pudimos observar que hay un predominio del 64% de funcionarios varones frente a un 36% de funcionarias mujeres. Si miramos especialmente las presentaciones que se hicieron desde el Ejecutivo Nacional, el presidente Alberto Fernández en un 92% de las actividades estuvo acompañado de funcionarios varones (ya sea por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobernadores, dirigentes sindicales, el Jefe de Gabinete u otros ministros). Solo en tres ocasiones lo acompañaron funcionarias: la ministra de Seguridad Sabina Frederic en una conferencia en conjunto con la Gendarmería Nacional, la vicepresidenta Cristina Fernández en el anuncio por la renegociación de la deuda pública y recientemente la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti en el último anuncio sobre la extensión del ASPO. Esto resulta indicativo de la conformación de los equipos de gobierno en términos de géneros y demuestra el bajo porcentaje de mujeres en cargos ministeriales. Por esa razón, una participación más activa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en todo el trabajo que acompañe el manejo de la crisis sería recomendable. En los reportes diarios del Ministerio de Salud, el primer involucramiento visible de este Ministerio se dio casi un mes después del inicio del ASPO, el 20 de abril, al anunciar que los servicios para la atención de las mujeres en situación de violencia eran “esenciales” y que estaba habilitada su circulación para dirigirse a hacer una denuncia o buscar ayuda.
Los déficits en materia de género siguen y las desigualdades estructurales se agravan frente en el contexto de una crisis como la actual. Por eso, la incorporación y reconocimiento del trabajo de mujeres, conformando equipos paritarios, con personas que posean perspectivas, trayectorias y miradas distintas, sumarán a la conformación de las respuestas estatales para que sean lo más inclusivas posibles.