El Consejo de la Magistratura resolvió la sanción a los jueces Anzoátegui y Rizzi con una multa del 50% de su salario
El Consejo de la Magistratura aprobó el miércoles 04 de octurbe, con el voto mayoritario de los consejeros, un dictamen de la comisión de disciplina que disponía la aplicación, por única vez, a los jueces Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, Integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 8, de una multa del 50% de sus haberes. Los jueces fueron sancionados por un fallo misógino contra la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña que había sido violada.
En septiembre de 2020, los magistrados fallaron en un caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra de 13 años. A raíz de las violaciones, la niña quedó embarazada y pidió interrumpir su embarazo, derecho que se le garantizó. En su fallos, los magistrados atacaron a los médicos que realizaron la ILE calificándolos de “sicarios” y “asesinos a sueldo”. Incluso avanzaron en formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta. Organizaciones como ELA, MujeresXMujeres, Abofem, Proyecto Generar y Amnistía Internacional acompañamos y empujamos el proceso para sancionar a estos jueces.
El miembro informante del expediente, el Consejero Eduardo Vischi, aseguró que le pareció “de magnitud la falta, es importante la responsabilidad que asumió este cuerpo para tratar rápidamente. La comisión de disciplina por unanimidad optó por la sanción”. Por su lado, el Consejero Héctor Recalde aseguró que “estos dos jueces deshonran a todo el poder judicial, actitudes como estas que no pueden ser toleradas de ninguna manera”.
Las normas internacionales a las que refiere nuestro país y que fueron replicadas por la normativa interna obligan a los operadores de justicia a tratar a las víctimas de forma respetuosa, humana, no re victimizándolas ni generandoles molestias innecesarias. Los jueces deben procurar que el paso de las víctimas en el proceso se reduzca a lo mínimo indispensable. Que se reparen sus derechos y no se profundicen sus padecimientos. Lamentablemente estas garantías no fueron verificadas por los jueces quienes además no consideraron el especial grado de vulnerabilidad de la víctima por ser adolescente y mujer, lo cual la hacía pasible de una protección reforzada.
“La multa será destinada para reparar a la adolescente, revictimizada por estos jueces”, explicó Vanesa Siley, la consejera impulsora de la causa. Si bien la multa es simbólica se destaca el cambio de paradigma que esta medida representa, que coloca a la víctima como sujeto de derecho, merecedor de respeto y protección.
La sanción propuesta deviene como nueva evidencia de que ningún magistrado y magistrada de la nación contará con el aval de este Consejo de la Magistratura en la medida que administren los procesos penales generando daños innecesarios a las personas que acuden a sus estrados buscando amparo y esperando reparación.
Además de la multa económica, se estableció que los jueces tienen la obligación de hacer los cursos establecidos por la Ley Micaela -de formación para el funcionariado del Estado en perspectiva de género y violencias- cada dos años.
Destacamos que el Dr. Horacio Rosatti (presidente del CSJN) votó a favor de la sanción y la única consejera que votó por la negativa de sanción a ambos jueces fue Jimena De La Torre.