Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la pérdida de autonomía financiera de la Oficina de Presupuesto del Congreso
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) enviaron una nota al Congreso advirtiendo sobre una serie de decisiones recientes que debilitan la independencia técnica, operativa y financiera de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo creado a partir de las recomendaciones de la OCDE para analizar el presupuesto nacional y el impacto fiscal de las leyes (Ley 27.343).
El principal punto de alerta es la Resolución 11/2026 de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria (CSP), que le quitó a la OPC el sistema de administración financiera propio que tenía desde 2021 y que había sido reconocido en las sucesivas leyes de presupuesto. Ello implica que el presupuesto de la OPC será administrado por las presidencias de las Cámaras y que pierde autonomía para tomar y ejecutar sus propias decisiones presupuestarias. Para las organizaciones, modificar ese esquema previsto por ley, mediante una resolución de comisión es un retroceso institucional, en contradicción con los estándares de la OCDE, que considera a la autonomía financiera una condición indispensable para que estos organismos ejerzan un control imparcial y no queden expuestos a presiones políticas.
Las organizaciones señalan que a ello se suma la Resolución 3/2026 de la CSP de junio de este año, que obliga a la OPC a contar con aval previo de la CSP para producir cualquier informe no incluido en su Plan Anual de Trabajo, generando un poder de veto sobre su agenda técnica y afectando su capacidad para reaccionar ante coyunturas imprevistas.
Esta medida se enmarca dentro de un escenario inédito: durante 2026, por primera vez desde la creación de la OPC, no se solicitó ningún informe de estimación fiscal sobre proyectos de ley. Ello implica que las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras no aprovechan ni utilizan los recursos técnicos que la ley prevé para estimar el costo fiscal de proyectos y promover políticas públicas basadas en datos, con mayor información.
Recientemente, la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC dio por concluida una Auditoría que señaló procesos que deben optimizarse para asegurar una mayor transparencia interna. Dichas observaciones deberían usarse para fortalecer sus controles y transparencia, no para restringir su autonomía. Por eso pidieron a los legisladores que revean estas modificaciones y hagan un uso activo de las herramientas que la Oficina pone a su disposición.