Perspectiva de género en la Justicia
Con más de 40 jueces y juezas nacionales y provinciales, el 2 de noviembre se llevó a cabo una reunión para compartir “Estándares de debida diligencia y violencia doméstica”. Esta actividad fue organizado por ELA en el marco del proyecto Cerrando Brechas II de manera conjunta con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El encuentro se realizó en la Sala de Audiencias de la CSJN e inició con unas palabras de apertura a cargo de la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Dra. Maria Isabel Benavente y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el Dr. Julio Marcelo Lucini.
A continuación, las integrantes de la Oficina de la Mujer de la CSJN presentaron el documento elaborado como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad internacional por el Estado Argentino ante las Naciones Unidas por el caso de Olga Diaz. El documento titulado “Principios Generales de Actuación en Casos de Violencia Doméstica contra las mujeres para la Adecuada Implementación de la Ley 26485” presenta los lineamientos para guiar el actuar del Poder Judicial a la hora de abordar casos de violencia doméstica. Entre otras cosas, este documento menciona expresamente que el requisito de debida diligencia no se limita a la forma en que se lleva a cabo la investigación sino también al derecho de las víctimas a acceder a la información sobre el estado de la causa.
Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA, y Zoe Verón, responsable del Área Jurídica de ELA, estuvieron a cargo de la actividad diseñada para compartir estrategias de abordaje para avanzar en la garantía de acceso a la justicia con las juezas y los jueces presentes, con competencia en temas civiles, de familia y también en asuntos penales.
Para el cierre de la jornada, la Sra. Olga del Rosario Díaz compartió unas emotivas palabras junto con la Dra. Raquel Asensio, representante de la Defensoría General de la Nación que representó el caso de la Sra. Díaz ante el Comité de la CEDAW en Naciones Unidas. La Sra. Olga Díaz fue víctima de violencia por parte de su pareja durante 15 años. En ese tiempo realizó diversas denuncias ante la justicia civil y penal que, sin embargo, no lograron garantizar su protección ni la sanción de los hechos de violencia. En 2017, es víctima de un intento de femicidio debido a las fallas de la justicia para lograr su protección. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional No. 21 de la Capital Federal condenó al agresor a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Díaz aseguró que su motivación de llevar adelante su caso ante la CEDAW fue que ninguna otra mujer pasara nuevamente por lo que pasó ella, enfrentando el desinterés de la justicia y la falta de coordinación en su trabajo. Por eso, entre los compromisos asumidos por el Estado no sólo está la reparación integral de la Sra. Olga Díaz, sino también el compromiso de dar pasos concretos para que la situación no vuelva a repetirse. Los Principios Generales de Actuación elaborados por la OM y la reunión con jueces y juezas nacionales es parte de ese compromiso.
Estrategias para garantizar el acceso a la justicia: modelos para armar
En los últimos años se han ensayado distintas formas de organizar el sistema de administración de justicia para dar respuesta a las violencias por razones de género. Ante la ausencia de estudios sistemáticos que evalúen los resultados, en una reunión celebrada durante la tarde en la Sala Gorostiaga del Palacio de Justicia se procuró generar un intercambio de opiniones en diálogo con organizaciones de la sociedad civil sobre modelos de atención para abordar casos de violencia de género.
El encuentro estuvo coordinado por María Delia Castañares (Oficina de la Mujer) y Natalia Gherardi (ELA), y contó con las intervenciones de las juezas Dra. Mariana Wallace, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la 4ta. Nominación de la provincia de Córdoba; y la Dra. Mónica Cruz Martínez, titular del Juzgado de Violencia de Género de San Salvador de Jujuy. Además, participarón la Dra. Analía Monferrer, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 del Poder Judicial de la Nación y Emilia Sesin, secretaria letrada a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.
El marco de este encuentro fue brindarnos la oportunidad de repensar y aprender de diferentes modelos de abordaje de casos de violencia de género. Ante los desafíos que se enfrentan en las distintas jurisdicciones, parece importante reflexionar sobre las experiencias que se vienen implementando.
La Dra. Mariana Wallace explicó con detenimiento cómo funciona la jurisdicción unificada en la ciudad de Córdoba y cómo se gestionan los casos. La magistrada hizo principal hincapié en la necesidad de la digitalización de la información y la inmediatez con la que se dictan las medidas cautelares y su correspondiente notificación. Por su parte, la Dra. Mónica Cruz Martinez explicó el abordaje desde la unificación de los fueros penales y civiles en casos de violencia de género en la provincia de Jujuy y la necesidad de un abordaje colaborativo con las fuerzas policiales por parte de los juzgados. En el ámbito de la justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires el modelo de atención es distinto. La Dra. Emilia Sesin, de la Oficina de Violencia de Género, y la Dra. Monferrer, integrante de un Tribunal Oral, analizaron el impacto de la OVD en la organización de los recursos disponibles para abordar las violencias en el ámbito de la ciudad, así como los desafíos de coordinación que identifican.
Los intercambios posteriores con invitadas de las organizaciones sociales y funcionarias de distintos organismos permitieron reflexionar sobre la gestión de recursos de apoyo para mujeres con discapacidad para el acceso a los dispositivos de violencia de género, y la posibilidad de los juzgados de realizar derivaciones de las mujeres a programas nacionales de apoyo del ministerio de mujeres como puede ser el programa Acompañar.
No hay evidencia concluyente que lleve a pensar que un modelo de atención resulta más beneficioso que otro pero, en todo caso, está claro que la construcción de evidencia es indispensable para poder tomar decisiones de política pública basada en las necesidades concretas de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.