ELA presentó un informe que analiza con mirada feminista el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2020 que el Poder Ejecutivo envió hace algunas semanas al Congreso Nacional. El informe fue elaborado por Estefanía Pozzo bajo la coordinación de Lucía Martelotte y Victoria Gallo, en el marco del proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad que ELA lleva adelante junto a las organizaciones CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 21 gracias al apoyo financiero de la Unión Europea. El documento incluye además un análisis de la ejecución del Presupuesto 2019 y algunas recomendaciones para el Estado.
El Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) comprende pensar al Presupuesto Nacional desde una mirada sensible a las desigualdades que afectan a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Identificar y etiquetar aquellas partidas que tienen una incidencia positiva en la disminución de las brechas implica atender no sólo a los programas o políticas destinados específicamente a este colectivo, sino también a aquellos con fuerte impacto sobre ellas (como pueden ser la Asignación Universal por Hijo/a, los espacios destinados a la primera infancia o de atención a la población adulta mayor). También ayuda a detectar decisiones presupuestarias con impactos negativos en la igualdad de género, como por ejemplo los recortes en programas de protección social, educación o cobertura en programas de salud.
El informe señala como uno de los aspectos positivos el hecho de que por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo identificó en la ley de Presupuesto aquellas partidas presupuestarias con una incidencia directa en la disminución de las brechas de género utilizando una etiqueta especial. “Esta tarea es fundamental para que pueda identificarse la magnitud de la inversión del Estado en la lucha contra las desigualdades y para poder realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria”, afirmó Estefanía Pozzo, a cargo de la investigación. Además, se identificó un crecimiento de las partidas identificadas con esta etiqueta, de 24 en 2019 a 29. En 2020, las partidas identificadas por el Ejecutivo con PPG suman un total de $ 227,2 millones de pesos, que representa un 3,64% del presupuesto total para el año. Esto significa un leve avance ya que en 2019 el monto destinado fue 150,6 millones de pesos y equivalía al 3,61% del presupuesto total.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2020 también presenta algunos retrocesos. El principal en el programa Hacemos Futuro Juntas, porque la partida presupuestaria específica del programa pasó a ser parte del programa general (Hacemos Futuro) y ya que no es posible identificar qué porcentaje de ese dinero tiene incidencia directa en mujeres. En 2019, “Hacemos Futuro Juntas” había reemplazado a “Ellas Hacen”, destinado a mujeres en situación de violencia doméstica.
Por otra parte, las partidas que más caen en términos reales y nominales son: “Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia” (-76,37% real), “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral” (-53,6% real) e “Impulso a políticas preventivas, sistemáticas sensibles al género, integradas y no discriminatorias” (-43% real).
Otro fuerte retroceso tiene que ver con la eliminación de la partida especial que tenía el INDEC para la elaboración del Registro único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM) (en 2019 ascendió a $ 2.922.247). La reciente decisión de transferir la responsabilidad del RUCVM al Instituto Nacional de las Mujeres, no fue acompañada de una partida presupuestaria específica que permita la continuidad de este trabajo y tampoco con la infraestructura necesaria para llevar adelante la tarea de unificar todos los registros administrativos que relevan información sobre casos de distintas manifestaciones de violencias en todo el territorio del país.
“Otro dato preocupante es la disminución de algunas metas físicas, porque esto implica que se reduce el impacto de esos programa o políticas”, señaló Victoria Gallo, responsable del área de políticas de ELA. Y cita como ejemplo la eliminación de los programas de formación laboral para mujeres y personas trans, que en 2019 se habían propuesto llegar a 60 mil titulares del programa “Apoyo al empleo” en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
El documento finaliza con algunas recomendaciones al Estado como por ejemplo lo fundamental de sostener y consolidar el trabajo de identificación de partidas presupuestarias en los proyectos de presupuesto; avanzar para que más dependencias estatales incorporen la etiqueta de PPG y la creación de programas específicos y se destine presupuesto a programas que den respuestas a las necesidades y derechos de la población travesti, trans y no binarie.
En un contexto de crisis y retracción económica en el marco de un cambio de la administración del Poder Ejecutivo nacional, el presupuesto que será debatido por el Congreso en las próximas semanas permitirá vislumbrar las prioridades que marcarán la agenda de la nueva gestión de gobierno. Los derechos de las mujeres y la igualdad de género debe ser un prioridad en un proyecto de país que busca el crecimiento y la inclusión.