Los recortes en las compras de métodos anticonceptivos tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas: de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026.
Se estima que esto podría implicar 840 mil mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales (1).
El impacto económico de estos recortes en el financiamiento nacional es enorme. En Argentina, cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión.
El Copenhagen Consensus, iniciativa liderada por premios Nobel de Economía, concluyó que la inversión en anticoncepción es una de las políticas públicas con mayor retorno para el desarrollo. Según sus estimaciones, cada dólar invertido en anticoncepción puede generar hasta 120 dólares en beneficios económicos y sociales. No se trata solamente de salud. Se trata de capital humano y de desarrollo.
Economistas como Gary Becker demostraron que las decisiones reproductivas condicionan las oportunidades educativas, laborales y productivas de las personas y de los países. Más recientemente, la Premio Nobel Claudia Goldin (2) mostró la relevancia del acceso a la anticoncepción en el desarrollo económico de los Estados Unidos. Poder decidir el momento adecuado para la maternidad impulsó la participación de las mujeres en la educación superior y en el mercado laboral, aumentó la productividad y redujo la pobreza y las desigualdades.
La fuerte reducción en la compra pública nacional de anticonceptivos en Argentina no representa austeridad inteligente. Es, en realidad, una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente. Menos acceso a la anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las mujeres, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado.
Los países que hoy lideran el desarrollo entendieron que invertir en salud sexual y reproductiva no es gasto social: es política económica estratégica.
Argentina corre el riesgo de recorrer el camino inverso.
Porque detrás de cada anticonceptivo que deja de proveerse no sólo hay un insumo menos. Hay proyectos de vida truncados, derechos vulnerados, capital humano desperdiciado y años de desarrollo económico y social que el país pierde.
1 ¿Cómo se estiman estos resultados?
Utilizando modelos econométricos específicos para evaluar inversiones en anticoncepción:
2 Susana Martínez-Rodríguez, “Claudia Goldin: la píldora y su influencia en la participación de la mujer en el trabajo,” The Conversation, 2023.