En la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento del proyecto de ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado por el Poder Ejecutivo. El proyecto busca “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia”.
Desde ELA celebramos que el pasado 17 de noviembre el Poder Ejecutivo haya presentado ante el Congreso de la Nación el proyecto conocido como “Plan de los 1000 días”: En ese sentido, consideramos que supone una oportunidad para impulsar un debate serio sobre las políticas públicas existentes vinculadas a la atención y cuidado integral de las personas embarazadas y de la primera infancia desde un enfoque de derechos humanos y feminista.
El proyecto presentado refiere a diversos tratados internacionales y leyes nacionales que buscan garantizar los derechos a una vida libre de violencias, a la salud, a la seguridad social, a la autonomía reproductiva, a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad y a recibir información y asesoramiento adecuado.
El artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución Nacional dispone la promoción de medidas de acción positivas para garantizar la igualdad. En ese mismo artículo, se identifica al Congreso de la Nación como el poder encargado de crear un régimen de seguridad social integral de protección de las personas embarazadas y de la primera infancia. La presentación de este proyecto supone un avance en el cumplimiento de estas obligaciones.
Desde ELA nos parece importante destacar los siguientes puntos:
El Estado debe garantizar las condiciones sanitarias, económicas y sociales y los apoyos necesarios para que las mujeres, personas gestantes y niñas y niños tengan un goce pleno de sus derechos y este proyecto avanza en ese sentido. Sin embargo, el proyecto también presenta algunos desafíos en cuanto a su implementación.
Uno de los desafíos que se presenta es el federalismo argentino y las tensiones en la articulación con servicios provinciales de salud y desarrollo social. Otro punto para tener en cuenta refiere a compatibilizar algunas de las disposiciones de la norma con estándares internacionales y nacionales vinculados al respeto de los tiempos de las mujeres víctimas de violencias y su autonomía para avanzar en procesos judiciales. También, creemos que resultaría un desafío para la implementación garantizar el acceso a las políticas públicas dispuestas en el proyecto sin por ello menoscabar el deber de confidencialidad o violar el secreto médico que rige la relación de las mujeres con las/os profesionales de la salud.
Por último y en vistas a la reciente aprobación del presupuesto 2021, consideramos que será necesario dar seguimiento a la ejecución los fondos dado que, con la información disponible hasta el momento, este plan supone un incremento en los gastos de seguridad social de los que estaban contemplados. Esto se suma al desfasaje que identificaron algunas organizaciones como ACIJ entre el aumento de metas físicas que propone (cantidad de beneficiarias/os) y la estimación de una caída real del 7% con relación a septiembre de este año, así como también al anuncio de la ANSES en octubre de la inclusión de cerca un millón de niñas, niños y adolescentes al sistema de protección social.
Desde ELA, consideramos que la aprobación del proyecto será una contribución importante para el avance de los derechos de las mujeres, personas gestantes, niñas y niños y para visibilizar el entramado que supone garantizar el derecho al cuidado a todas las personas.