El día martes 31 de mayo, CELS y ELA participaron de una reunión en el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. En la reunión estuvieron presentes el Dr. Claudio García, Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia, Laura Ibáñez, Directora Provincial de Determinantes de la Salud, el Dr. Javier Flores, Secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente y Bárbara Weinzettel, Secretaria de Estado de Salud y Políticas Sanitarias.
La reunión fue realizada en el marco de un trabajo seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo llevado adelante por el CELS y ELA luego de haber recibido consultas de personas que vieron impedido su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo en la provincia.
El Ministro asumió diversos compromisos que incluyen la realización de capacitaciones para el personal médico y administrativo de los centros de salud acerca de los derechos y obligaciones que contempla la norma, así como sobre la práctica médica de interrupción del embarazo. Además, se comprometió a la realización de campañas de información sobre los derechos de las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo, así como a implementar una política de fomento a la contratación de profesionales de la salud no objetores que garanticen derechos.
Sumado a esto, el Ministro confirmó la aplicación en la provincia del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y se comprometió a la implementación de la Resolución Ministerial N° 0550 que instruye a los directores hospitalarios de la provincia la creación de consultorios especializados en salud sexual integral con perspectiva de género y diversidad en el ámbito del Sistema Local de Salud , así como a la inclusión de, al menos, un/a referente por cada centro de salud, incluídos centros de atención primaria.
Por último, el Ministerio emitió un pedido de disculpas —que se comprometió a hacer público— para todas aquellas mujeres y personas gestantes que sufrieron barreras y obstáculos para acceder a su derecho en el territorio de la provincia.