La demanda se presentó tras el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el anuncio del cierre o reorganización de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), lo cual implicó una profunda afectación de los mecanismos estatales de prevención y atención de la violencia por motivos de género.
¿Qué busca la demanda contra el Estado Nacional?
Su objetivo principal es que el Estado brinde certezas sobre cómo garantizará el cumplimiento de sus obligaciones legales e internacionales para prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género. El reclamo se basa en un conjunto de normativas nacionales e internacionales vigentes:
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha presentado evidencia suficiente que permita demostrar que exista un plan alternativo que asegure el cumplimiento de dichas obligaciones.
¿Qué pasó hasta el momento?
En diciembre de 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.°1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo abstenerse de continuar con despidos y garantizar las funciones esenciales de prevención y atención y de producción de datos. Esa decisión fue apelada por el Gobierno, y la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala II revocó la medida. Frente a ello, las organizaciones impulsoras interpusimos un Recurso Extraordinario Federal, que fue denegado. Actualmente, el caso se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un Recurso de Queja, a la espera de resolución.
¿Por qué este caso sigue siendo urgente?
El vaciamiento institucional de las políticas de género tiene consecuencias directas sobre la vida y la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. La falta de recursos estatales adecuados agrava su exposición al riesgo y limita sus posibilidades de acceso a justicia, protección y acompañamiento. En este contexto, una respuesta clara de la Justicia es urgente, no solo para resolver la situación actual, sino también para evitar que se profundice la vulnerabilidad de miles de personas en todo el país.
Si te interesa acceder al escrito original, el texto de la cautelar o ampliar sobre la estrategia jurídica del caso, dejamos disponible la información jurídica del caso:
Expediente: “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ EN – Ministerio de Justicia s/ proceso de conocimiento”
Juzgado: Contencioso Administrativo Federal N.°1 – Juez Enrique Alonso Regueira
Presentación inicial: 28 de junio de 2024
Estado actual: Recurso de queja en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación