Hace pocos días visitó nuestro país una misión de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, la Convención Americana contra la Violencia hacia las mujeres. Fueron invitadas por las autoridades del país ante la preocupación por una cantidad de situaciones de diversa naturaleza pero que parecen encaminadas a cuestionar una parte importante del consenso democrático: las mujeres deben ser protagonistas en condiciones de igualdad del debate público y de las instituciones de la democracia.
El episodio más grave que motivó la visita fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre de 2022. En ese momento, de forma inmediata más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de distintos sectores nos unimos para expresar nuestro más enérgico repudio a un hecho que identificamos como un atentado contra la democracia. En un comunicado hicimos un llamado a toda la dirigencia y a la sociedad en su conjunto para frenar el avance de la violencia política y los discursos de odio que atentan contra la convivencia pacífica que logramos construir a lo largo de 40 años de democracia.
En un marco democrático toda disputa política debe fundarse en el intercambio de argumentos, no de ataques. Cuando además la violencia se encuentra enraizada en estereotipos de género, cuando se busca descalificar en base a prejuicios sin responder de manera reflexiva a las ideas, entonces el efecto de esa violencia es la limitación del debate público en particular para las mujeres y quienes defienden la agenda de igualdad de género. Se trata de ataques que promueven una mirada dañina y prejuiciosa sobre la participación de las mujeres en la democracia y que, en definitiva, busca alejarlas de esa arena.
Las expertas del MESECVI mantuvieron reuniones con distintas autoridades, referentes, organizaciones, académicas y periodistas feministas que dieron cuenta de sus experiencias en un clima que se percibe de manera creciente marcado por la intolerancia, los ataques, el hostigamiento frente al disenso real o construido en base a prejuicios, que están marcando un clima hostil en el debate público. Muchos de estos hechos se dan en las redes sociales, en ocasiones amparados por el anonimato, pero siempre potenciados por un clima hostil que parece imperar desde distintos ámbitos políticos y formadores de opinión frente a las conquistas que lograron los feminismos en los últimos años y las reivindicaciones actuales.
Más allá del punto de inflexión que implicó el atentado contra la vida de la vicepresidenta, hay muchas otras expresiones de violencia, intolerancia, menoscabo de la participación de las mujeres en la democracia que merecen nuestra atención como comunidad. Lejos de los grandes titulares de los medios nacionales conocemos casos de mujeres legisladoras a quienes se les impide acceder a sus cargos; ejercer sus funciones; se les niega el acceso a los recursos necesarios para desarrollar sus responsabilidades; a quienes se las suspende en procedimientos irregulares y sin fundamentos. En distintas investigaciones hemos documentado las formas que asume la violencia política por hacia las mujeres en la política: violencia psicológica, económica, simbólica y en ocasiones física y hasta sexual. No son hechos aislados. Son situaciones que relatan 8 de cada 10 mujeres que desempeñan cargos legislativos en los espacios de representación política y que muchas mujeres identifican como una verdadera carrera de obstáculos en las contiendas electorales.
En 2023 celebramos 40 años desde la recuperación de las instituciones democráticas. Ese aniversario merece tomarnos la participación libre de violencias en serio fortaleciendo el consenso sobre la importancia del debate plural, respetuoso, basado en el intercambio de ideas, construyendo respuestas institucionales efectivas que involucren a partidos políticos, medios de comunicación y justicia electoral para que la violencia no sea “el costo que hay que pagar” para tener un rol en la democracia.
Fuente: Telam