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Cuando comprende la violencia, la justicia avanza

En la semana del 8 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba da un paso adelante en la lucha contra la violencia al revocar parcialmente la sentencia que había brindado una limitada y lamentable interpretación del agravante por “ violencia de género” en los casos de femicidio. El caso del asesinato de Paola Acosta fue paradigmático. Ahora, la condena a Lizarralde contribuye a aclarar los tantos: hay violencia de género cuando hay una relación desigual de poder, expresada en cualquier forma de violencia hacia la mujer.

(Buenos Aires, 10 de marzo de 2017) –  La sentencia de la Cámara 11 del Crimen de Sala Colegiada en la provincia de Córdoba, integrada por jurados populares, había resuelto el caso por el femicidio de Paola Acosta en octubre de 2015. La joven había sido asesinada por una ex pareja que también intentó matar a la hija de ambos de un año y medio, cuando se encontraron para que él pagara la cuota alimentaria. A pesar de la condena a prisión perpetua, los fundamentos negaron que se hubiera tratado de un femicidio en una lamentable y peligrosa interpretación del artículo 80 del Código Penal.

La causa llegó al tribunal bajo las figuras de homicidio calificado por la relación de ex pareja con la víctima, por mediar violencia de género contra una mujer por el hecho de serlo y por alevosía en contra de Paola Acosta; y en relación con la niña, la carátula de homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género contra una niña por el hecho de ser mujer y por alevosía, en grado de tentativa.

En una alarmante y peligrosa interpretación, el tribunal consideró que no se trataba de un homicidio agravado por el vínculo ya que la relación entre Acosta y Lizarralde había sido ocasional. Más aún, consideró que no había mediado el agravante de “violenca de género” (artículo 80 inciso 11) ya que “…surge evidente ni bien se repasan las características de la personalidad de Paola Acosta puestas de manifiesto en la propia acusación: se trataba de una mujer que “no fue dócil” a la postura que asumió Lizarralde (sobre su paternidad), “sino que decidió empoderarse en defensa de sus derechos y los de su hija”. Para el tribunal, esto descalificaba a Paola Acosta como “buena víctima”, vulnerable y siempre sumisa. Por el contrario, esta mujer que no se resigna a la situación de vulnerabilidad, que reconoce y lucha por la exigiblidad de sus derechos, en definitiva, una mujer que toma la decisión de vencer los obstáculos para el acceso a la justicia, parece perder por ese motivo el derecho a la protección para la situación paradigmática que atraviesa.

La sentencia fue apelada al Tribunal Superior de Justicia. En una decisión del 9 de marzo de 2017, que no modifica la pena de prisión perpetua impuesta (por aplicación del agravante de alevosía), sin embargo revisa la aplicación del agravante por “violencia de género”, dictaminando que resulta aplicable el artículo 80 inciso 11 del Código Penal.

Es interesante destacar que el Tribunal comprende que sus pronunciamientos emiten “un mensaje a los ciudadanos sobre el camino emprendido en contra de esta clase de discriminación, adquiriendo el Poder Judicial un rol activo en la prevención y reparación que tales afectaciones acarrean”.  En su sentencia, se reconoce que “un paso adelante en este camino será lograr prevenir comportamientos que atenten contra la igualdad de género a partir de la aplicación de reglas claras sustentadas en la idea de una sociedad libre y democrática de modo que todos sus integrantes logren proyectar su plan de vida y ejecutarlo”.

Es más, el Tribunal sostiene que en la búsqueda de esa objetivo institucional “los órganos judiciales deben construir el análisis de los casos desde una adecuada perspectiva de género para así reconocer fielmente los derechos de las víctimas mujeres y evitarles una nueva victimización en la esfera institucional”.

A partir de este firme posicionamiento, el Tribunal Superior de Justicia recurre a los instrumentos internacionales de derechos humanos de protección de las mujeres, a leyes nacionales que promueven la igualdad de género y a la doctrina elaborada por organizaciones y académicas feministas, para brindar una interpretación constitucional y convencional del agravante de “violencia de género” prevista en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. 

Reconoce por lo tanto que la figura prevista en el Código remite a valoraciones jurídicas pero también a valoraciones culturales, que han sido la base de la desjerarquización de la mujer, ancladas en patrones estereotipados de conducta que deben analizarse en el contexto de las diversas violencias que contempla el marco normativo.

En particular, el Tribunal Superior cuestiona “la caracterización de la víctima de este delito como una mujer vulnerable, asimilable a una persona débil de carácter que es rebajada a la calidad de objeto”. Por el contrario, sostiene, “todas las mujeres independientemente de sus propiedades personales, sociales o culturales” están alcanzadas por la protección que ofrece la normativa nacional e internacional, ya que la existencia del fenómeno de la violencia “se asienta en prácticas sociales y estereotipos que no toman como parámetro otra realidad que la de ser mujer, sin más”.

El concepto de “violencia de género” requerido para la aplicación del agravante en los casos de femicidio, “no requiere necesariamente que exista un tiempo previo en el que se manifieste este tipo de violencia, y menos aún ese tiempo debe darse en personas con algún tipo de relación íntima –femicidio íntimo-; tampoco hace falta que la relación de desigualdad se presente a través de formas delictivas sino que deberá ser examinada caso por caso atendiendo al contexto el cual revelará la concurrencia de estereotipos y prácticas sociales que son modos cultural y socialmente aceptados de tolerar la desigualdad entre hombre y mujeres; y por último, las víctimas no deben tener algún rasgo especial en su carácter para adquirir dicho estado”.

Destacamos esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que, aún sin modificar la pena que corresponde a Lizarralde, cumple con su obligación de debida diligencia al encuadrar el lamentable hecho del femicidio de Paola Acosta con un adecuado análisis del contexto, para aplicar el derecho como corresponde. 

Así se va haciendo algo de justicia.

Enlaces

La sentencia completa, adjunto en pdf.

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