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El reproche ético cuando se obstaculiza el acceso a la interrupción legal del embarazo

En la provincia de Santa Fe sancionaron a una psicóloga por intervenir como profesional para evitar que se lleve a cabo un aborto legal.

(Buenos Aires, 2 de mayo de 2017) – El 31 de marzo de 2017 el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe sancionó a una psicóloga, perteneciente a una organización católica, por haber intervenido en el tratamiento de una niña con un embarazo en curso producto de una violación. Su intervención tuvo por finalidad inducir a la niña a continuar con un embarazo que no quería sostener.

En mayo de 2015, mientras la niña se encontraba internada en un hospital, la psicóloga sancionada ingresó a la habitación y se presentó a la madre como integrante de la asociación Grávida. Seguidamente, se presentó a la niña como una “conocida de su mamá”. Según el testimonio de la profesional, la visitó durante dos días para asistirla en juegos.

El Tribunal sostuvo que la intervención de la profesional sobre la niña y su familia modificó “las decisiones que venían sosteniendo en el contexto del abordaje terapéutico realizado por los profesionales del hospital, induciendo a la menor (…) a continuar con un embarazo que ella no quería sostener y que había sido producido como consecuencia de un abuso sexual por parte de su padrastro”. Asimismo, manifestó que fue demostrado que “el equipo que venía realizando el abordaje terapéutico, brindó toda la información requerida por (…) y su familia en cuanto a la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo en curso” y que la intervención de la profesional sancionada sólo considero la posibilidad de vida del feto “sin tener en cuenta las manifestaciones y la voluntad de la menor, quien expresaba su total rechazo al embarazo y a la posibilidad de continuar con el mismo”.

En el mismo sentido, el Tribunal estableció que la intervención de la profesional y la decisión por ella generada, “revirtió la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo, dando paso a una maternidad forzada, vulnerando la dignidad de la niña y exponiéndola a un padecimiento subjetivo de inconmensurables consecuencias”.

Tal como señala el Tribunal, la profesional sancionada “no tuvo en cuenta que los psicólogos no deben buscar otras gratificaciones de índole personal o afectiva, ni deben hacer uso de la relación profesional para el logro de fines ajenos a la misma, absteniéndose de satisfacer intereses personales. La Licenciada Catalano ha pretendido justificar su intervención a partir de un voluntariado, el cual no puede corresponderse en tanto se trata de una profesional de la Psicología que cuenta con herramientas y formación necesaria para influir sobre una niña. La posición ética que sostiene la conducta que la Licenciada Catalano adopta en su práctica sugiere un posicionamiento ideológico, religioso, espiritual y caritativo en relación a la menor en riesgo”.

Por estas razones, el Tribunal concluyó que “en el caso tratado existió una constante vulneración y revictimización al obligar a una niña en condiciones como las de (…) a llevar a término un embarazo, ser madre y dar a la criatura en adopción” dado que la profesional en cuestión volvió a situarla en “lugar de objeto de una decisión forzada”. Así, entiende que la intervención de la profesional debe ser considerada como tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

 Además, el mencionado Tribunal manifestó que, en sus tareas de voluntariado, la profesional sancionada “desarrolla acciones y procedimientos propios del quehacer profesional del psicólogo, y lo hace en nombre de instituciones cuyos fines resultan contrapuestos a la integridad de las personas y a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente” por lo que este accionar implica una violación a las normas éticas.

El Tribunal resolvió sancionar a la profesional a través de un apercibimiento público y una suspensión de la matrícula por seis meses.

Destacamos esta decisión dado que pone de manifiesto las formas en las que operan los grupos antiderechos para obstaculizar el acceso a abortos legales a la vez que afirma enfáticamente que estas formas de intervención tienen consecuencias para profesionales que vulneran los derechos de las mujeres.


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