La violencia política por motivos de género es una forma de amedrentar y condicionar la participación de las mujeres, trans y travestis en los debates públicos y en los espacios de toma de decisiones. Es un fenómeno ampliamente extendido en nuestro país: según la encuesta realizada por el Observatorio Julieta Lanteri – FUNDECO en el 2018 a 517 mujeres participantes de distintos ámbitos políticos (sindical, partidario, social) 9 de cada 10 percibió/experimentó violencia machista en la política. En el estudio realizado por ELA, también de 2018, 8 de cada 10 mujeres políticas mencionaron haber sufrido algún episodio de violencia por motivos de género a lo largo de sus carreras1. En este estudio, tanto la violencia psicológica como la simbólica fueron las más reportadas. Una importante proporción de las legisladoras entrevistadas para el estudio señaló que, a diferencia de lo que sucede en el caso de los varones en los que la cobertura periodística se basa en su desarrollo profesional, la información que se divulga en los medios sobre las mujeres está basada en su género (53%) y su vida personal (42%), y que en una enorme cantidad de oportunidades se trata de información falsa (fakenews).
Uno de los aspectos más preocupantes del abuso y la violencia por motivos de género en el debate público es su efecto aleccionador. Ello tiene una doble dimensión: por un lado, la violencia retrae la expresión de la voz crítica y, por otro, disciplina a quienes presencian u observan las consecuencias de haber ensayado la crítica en público, inhibiendo así su reproducción. A eso se suma el efecto silenciador: abstenerse de participar en los debates, autocensurarse y hasta abandonar la plataforma por completo.
Sabemos que en las redes sociales, muchas veces escudados en el anonimato que las redes permiten, se producen ataques sexistas y discriminatorios. La investigación Violencia contra las mujeres y disidencias en política a través de redes sociales. Una aproximación a partir del análisis de la campaña electoral en Twitter, Facebook e Instagram durante 2019 que realizó ELA en el marco del proyecto Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres junto a otras organizaciones muestra que el 71% de las agresiones se produjeron a través de internet. Asimismo, de acuerdo a un estudio realizado por Amnistía Internacional en 2019, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en las redes sociales en Argentina3. De estas, un 26% recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual y un 59% manifestó que fue objeto de mensajes sexuales y misóginos.
Esperamos que desde la política y los medios de comunicación se actúe con responsabilidad, sin multiplicar esas expresiones de violencia política que, aunque puedan ser sufridas por todas las personas, atacan con mayor frecuencia y mayor intensidad a las mujeres y las personas travestis y trans. Nuestros representantes y quienes se postulan a competir por cargos electivos deben mostrar con su ejemplo que la democracia se enriquece con un debate público robusto, que promueva y valore la diversidad y sobre todo que respete el disenso.
El lugar de las mujeres, trans y travestis en la política es para aportar a las discusiones sustantivas, a la resolución de los muchos desafíos que enfrentamos como sociedad en particular en la recuperación de la economía en el contexto de pandemia. Permitir, promover y replicar los ataques sexistas y discriminatorios no solo constituyen violencia simbólica y violencia política por razones de género, sino que además buscan corrernos del lugar que nos corresponde en la democracia, que es en el debate sustantivo de los temas que atraviesan a la sociedad.
Apelamos a que la campaña electoral que se inició a nivel nacional y en las provincias se enfoque en el debate de argumentos y en la participación plural e igualitaria, sin agresiones, estigmatización ni violencias. Queremos una campaña electoral que valore el verdadero sentido de la paridad.
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