El inicio del ciclo lectivo 2021 significó el regreso de los chicos, chicas y adolescentes a las escuelas, pero también plantea un desafío para la participación económica de las mujeres. En las distintas provincias del país se está implementando un sistema bimodal que combina de distintas maneras la presencialidad con la virtualidad. Si bien el regreso a las aulas es deseable y necesario, no parece tener una prioridad en la agenda el impacto que este esquema tiene en la conciliación familia-trabajo y especialmente en los efectos negativos que tiene para quiénes están encarnando esa conciliación, que presenta mayores desafíos aún que en la etapa pre pandemia e inclusive que el propio 2020. Para revertir este impacto negativo es necesario el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género que actúen para revertir y evitar que se profundicen las brechas de género.
Las mujeres, que son históricamente las encargadas de esta conciliación familia-trabajo, se encuentran atravesadas por desigualdades estructurales que se explican en buena medida por la persistente división sexual del trabajo. Distintos estudios e informes han dado cuenta del impacto diferencial que ha tenido la pandemia en términos de género y la intensificación que hubo en los trabajos de cuidados, que siguen siendo mayoritariamente realizados por mujeres. Sin una distribución equitativa de estos trabajos, las brechas de género y socioeconómicas han empeorado.
La pandemia trajo aparejado un aumento del trabajo de cuidados que tuvo que resolverse al interior de los hogares. De acuerdo a datos relevados por el INDEC para hogares del AMBA, el 65,5% de los hogares incrementaron el tiempo dedicado a tareas domésticas y de cuidados y esa proporción llega a 72,5% en el caso de hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, donde a las tareas domésticas y de cuidado de personas se suma el tiempo dedicado al apoyo de tareas escolares. Esos trabajos no remunerados se mantuvieron a cargo de las mujeres: el 64,1% de las tareas domésticas fueron realizadas por mujeres así como el 74,2% de las tareas de apoyo escolar y el 70,3% del cuidado de personas. Los varones, en cambio, tienen la responsabilidad principal en el 21,3% de los hogares encuestados y solo se observa una distribución equitativa en el 7% de los hogares.
A un mercado laboral que ya presentaba persistentes brechas de género en materia de inserción y calidad en el empleo femenino, la gestión de la pandemia al interior de los hogares profundizó las desigualdades económicas y laborales para las mujeres. La participación económica femenina cayó 8.3 puntos porcentuales entre el primer y segundo trimestre de 2020 donde se vieron los efectos de las medidas de restricción de actividades producto de la pandemia (y este dato asciende a 11.1 puntos porcentuales para las jóvenes hasta 29 años), mientras que el tercer trimestre del 2020 solo se recuperó 4.2 puntos. Esto implica una salida acentuada del mercado laboral, situación asemejable a la crisis socioeconómica del 2002. La pregunta que surge entonces es si, en el contexto actual, están dadas las condiciones para que se recupere la participación económica de las mujeres y se fortalezca así su autonomía económica y reduzca la pobreza.
El regreso a la presencialidad, tan demandada por las familias y anhelada por niños, niñas y adolescentes, nos invita a pensar y debatir cómo esto impactará en la actual situación de organización familiar-laboral y en las brechas de género. Los protocolos previstos, las jornadas escolares simples y reducidas, inicio escalonado por niveles, articulación de los espacios presenciales y virtuales, esquemas de burbujas y demás cuestiones que han sido pensadas y organizadas por las autoridades sanitarias y educativas para la vuelta a clases complejizan las dificultades ya existentes en materia de conciliación. La ya difícil tarea que supuso para muchos/as el trabajar y cuidar en casa se ve reemplazada por una arquitectura que deben realizar las familias para poder cubrir traslados, horarios de ingreso y egreso de las escuelas, gestión de burbujas, completar una variedad y multiplicidad de formularios y declaraciones juradas; todo ello atentando seriamente con las disponibilidades laborales que puedan tener madres y padres, en un contexto donde la mitad de la población trabajadora ni siquiera cuenta con licencias ni derechos laborales y donde continúan siendo mayormente las mujeres las que sacrifican su tiempo, esfuerzo, recursos y posibilidades de desarrollo para sostener un bien público como es el cuidado.
Si bien las tensiones entre las lógicas sanitarias, educativas y familiares no se pueden eliminar en el contexto actual, se vuelve un imperativo que se desarrollen políticas públicas con perspectiva de género que favorezcan el crecimiento de la participación femenina en el empleo (o, al menos, eviten que siga retrocediendo) y la corresponsabilidad social y de género en los cuidados, para que no sigan siendo las mujeres quienes pagan el alto costo de cuidar en pos del bienestar general.